La preocupante complicidad del Gobierno con la dictadura de Ortega

La gestión actual presenta una política exterior que, en vez de tutelar derechos fundamentales, nos convierte en blanqueadores de las dictaduras poniéndonos del lado de los opresores y lejos de la defensa de la libertad.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

La leyenda le atribuye a Franklin Delano Roosevelt, presidente estadounidense, la expresión: “Puede ser que (Anastasio) Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, -aunque ella supuestamente fue pronunciada por Cordell Hull, su secretario de Estado-. Henry Kissinger, padre de la diplomacia estadounidense contemporánea, utilizó la misma frase para referirse al hijo del anterior y también autócrata, Anastasio Tachito Somoza Debayle.

Sin embargo, el tiempo pasa, pero algunas cosas no cambian. El actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, uno de los próceres del Frente Sandinista de Liberación Nacional que supo ser la gran esperanza del marxismo latinoamericano, mutó en tirano despótico y opresor de su pueblo: ahora aparentemente es el pseudoprogresismo del subcontinente el que dice: “Será un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Para conocer lo que ocurre en Nicaragua, alcanza con leer el prólogo de libro La piñata, de Hugo Alconada Mon, donde se describe el modelo de acumulación populista de los años sandinistas: a principios de los ’90, derrotado el FSLN a manos de la Unión Nacional Opositora de Violeta Barrios de Chamorro (primera mujer latinoamericana en ser elegida presidenta en elecciones libres), las huestes de Ortega idearon una estrategia de saqueo y tierra arrasada con la idea de volver muy pronto al poder; acumularon todo tipo de riquezas, medios de comunicación, empresas públicas, propiedades confiscadas y mucho más.

Volvieron en 2007, despojados de cualquier camuflaje ideológico y con ínfulas de ejercer el poder y usufructuar el gobierno como antes: al igual que los Somoza, administrando un feudo personal.

La comunidad internacional se ha proclamado respecto de la situación en Nicaragua y reitera una y otra vez su preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en este país, así como manifiesta su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que lo afecta desde hace más de dos años.

En este tiempo, los nicaragüenses han sido y son víctimas de detenciones arbitrarias y de violaciones de sus derechos humanos de diversas maneras; el trabajo independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos se ha visto desprotegido; no se ha permitido el retorno seguro y permanencia de quienes se vieron obligados a salir de Nicaragua, entre otras perversidades.

Asimismo, el Gobierno de este país hace uso de la legislación para intimidar y/o amenazar a miembros de grupos pro-democráticos y medios de comunicación independientes, como lo reflejan la “ley de agentes extranjeros”, la ley que propone cadenas perpetuas para “delitos motivados por prejuicio” ampliamente definidos, o aquella que castiga la difusión de las llamadas fake news en las redes sociales con hasta cuatro años de prisión. Estas iniciativas de ley, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, socavan el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión, así como el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho de asociación.

¿Qué podemos hacer los demócratas para ayudar al pueblo nicaragüense? La Carta Democrática Interamericana es clara y nos marca un camino posible y necesario:

“Los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla… (Cuando) se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático… El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Es por ello que los países de nuestra región no deben claudicar ante estos intentos de la pareja gobernante Ortega/Murillo de dañar la república y deben seguir instándolos a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales, como así también a que celebren elecciones presidenciales y legislativas nacionales, libres y justas.

Argentina ha claudicado. El pasado 22 de octubre, se abstuvo de votar en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos -OEA- una resolución sobre la situación de Nicaragua.

En ella se pone de manifiesto la necesidad de apoyar negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, y de prestar asistencia técnica para su implementación, a fin de promover elecciones libres y justas; se insta al Gobierno de Nicaragua a que se comprometa con la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, a ser implementados antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en Mayo de 2021, y a que acepte el despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral.

Fueron muchos los esfuerzos durante la gestión del presidente Mauricio Macri participando activamente en los grupos especializados que tendieron su mano para generar espacios de diálogo democrático con el claro objetivo de lograr revertir la negativa del gobierno de Nicaragua a restablecer las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos. El actual gobierno ha tirado todo por la borda con una política exterior que, en vez de tutelar derechos fundamentales, nos convierte en blanqueadores de las dictaduras poniéndonos del lado de los opresores y lejos de la defensa de la libertad.

En mi paso por la OEA como embajadora de Argentina, desde febrero de 2018 a octubre de 2019, la causa de los nicaragüenses me conmovió profundamente y lo sigue haciendo. La tierra de nuestro admirado Rubén Darío es un país que duele por las injusticias que allí ocurren, así como duele el silencio del actual gobierno argentino ante la muerte y la violencia contra nicaragüenses inocentes que no apoyan el proyecto de Ortega-Murillo.

Nicaragua es aún un lugar donde cuesta respirar y lo sé porque continúo hablando con su gente, leo sus periódicos, escucho sus medios y de a poco fui sintiéndome parte de ellos, como quien tiene seres queridos que viven allí. He recibido con gran agrado mi “carnet de Monimboseña”, el que por las redes me envían una y otra vez para recordarme su inmenso cariño. Monimbó, el barrio indígena de Masaya que se levanta con fuerza contra la corrupción nicaragüense, muy pronto será una parada obligada cuando podamos volver a viajar en libertad.

Lejos de una leyenda, los dictadores no son demócratas cuando son nuestros dictadores. Los dictadores son siempre dictadores.


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