¿Quién mató a Roldán?

Lo sufro como docente. Es la pérdida de otro de mis alumnos. Otro más en estos largos años; otro cuyo rostro me es familiar o de quien tengo un vago recuerdo de su paso por las aulas de la Escuela Federal de Policía. Lo sufro como abogado, porque vi en ese video la injusticia de una joven vida perdida en el cumplimiento del deber. Lo sufro como ciudadano, porque como sociedad no sabemos cuidar a los que nos cuidan, y los dejamos enfrentarse al peligro con herramientas inapropiadas.

Con Rodrigo Roza, su agresor, pasó lo que suele pasar. Ya murió. Porque eso es lo que hace una bala de 9 mm como las que disparan los policías argentinos. Ocasionan la muerte ya que son proyectiles diseñados para eso, para perforar y lesionar, y seguir perforando y seguir lesionando. Y eso fue lo que pensó Juan Pablo Roldán al dispararle, o mejor dicho al dudar en hacerlo. Pensó en su compañero, que estaba atrás del agresor en la línea de fuego, pensó en la gente que también se encontraba cercana, pensó en su arma y en el poder de sobrepenetración del proyectil que tiene obligación de portar. Roldán no quería matar a Roza, simplemente quería evitar que siguiera agrediéndolo. Y sin embargo, Roza murió varias horas después de ocasionarle las heridas que terminaron con su joven y prometedora vida.

Efectivamente, la munición que portan nuestros policías es del tipo “encamisado”, es decir, que el proyectil de plomo está recubierto de un material duro, que tiende a mantener su forma a pesar de chocar con algún objeto. Se diferencian de las municiones prefragmentadas o expansivas, vulgarmente conocidas como “punta hueca”, que al entrar en contacto con un cuerpo, se deforman y adquieren la silueta de un hongo o flor, de modo tal de presentar una superficie mayor a la del proyectil original: así la penetración cede y se logra el efecto de “parada” o “stopping power” que permite que el agresor cese en su accionar. Al mismo tiempo, estos proyectiles disminuyen la sobrepenetración típica del calibre 9 mm (diseñado para uso militar y no para las calles de una ciudad), evitando lesionar a quien esté atrás de quien recibe el impacto y disminuyendo la capacidad de rebote en paredes u otras superficies.

Sin embargo, la legislación argentina califica a las municiones prefragmentadas como de uso prohibido para defensa, por lo que nuestros policías no pueden hacer uso de ellas. Bueno, no todos los policías: por resolución ministerial (resolución 1770/08, dictada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en Julio de 2008), se permite utilizarlas a las unidades especiales y al personal de la fuerza que presta servicios de custodia.

Esto significa que las custodias de políticos y personalidades pueden contar con esa herramienta, mientras que aquellos que deben utilizar su arma en una circunstancia extrema como la que le costara la vida al inspector Roldán, no. Y tampoco pueden utilizar una herramienta menos letal, como la pistola Taser o un gas inhabilitante, ya que no es equipamiento de dotación para el policía de a pie. Y en el caso de Roldán, por ser oficial tampoco contaba con tonfa, el bastón que usualmente llevan los policías que recorren nuestras calles.

Más allá de los prejuicios que este tipo de herramientas genera (munición cruel e inhumana para la punta hueca o elemento de tortura para el Taser), invito al lector a investigar a las fuerzas de seguridad del llamado “primer mundo”, y verá que en su mayoría, sus integrantes portan munición prefragmentada en sus armas, como así también herramientas no letales que le permitan al policía no tener que recurrir al arma de fuego en ocasiones que así lo habiliten (como el momento previo al ataque de Roza sobre el inspector Juan Pablo Roldán).

Tasers, gas pimienta, munición punta hueca, chalecos o patrulleros con blindaje integral, son instrumentos destinados a favorecer la función prevencional policial que implementa la conducción de cada fuerza. Algo que el policía utiliza para cumplir su difícil labor de la mejor manera posible. Pero esta concepción falla si olvida al operador del sistema, al trabajador policial. Partir de este concepto y olvidar todo eufemismo que pretenda ocultarla realidad es una deuda que tenemos como sociedad. Me refiero a términos tales como “servidor público”, o “funcionario público”, que solo sirven para tapar la figura del trabajador esencial, como tantos otros que tiene una sociedad moderna.

Recordemos por un momento los levantamientos policiales de diciembre de 2013 (con un saldo de 11 muertos en todo el país) o las recientes protestas de la policía bonaerense (entre otras provinciales), con vehículos de la fuerza rodeando la quinta de Olivos. No pueden los policías argentinos reclamar legítimamente por sus derechos, o por sus sueldos o equipamiento. Si lo hacen, deben recurrir a sus parejas o familiares, o tapar sus rostros, ya que de ser identificados pagaran con sanciones o días de arresto o pesares de todo tipo.

Con la excusa de tacharlos de “funcionarios públicos” se los somete a un régimen de condicionamientos que nada tiene que ver con las exigencias del trabajo policial: ¿son menos eficientes, o cumplen mal su servicio los policías en Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Polonia, Portugal, o en alguno de los 4400 sindicatos oficiales con que cuenta la policía estadounidense? Esa abrumadora mayoría de fuerzas policiales en el mundo permite la sindicalización de sus trabajadores, derecho que nuestra jurisprudencia obcecadamente confunde con el de huelga, que solo es una de sus manifestaciones.

Tal vez en este punto radique el meollo del problema. Nadie puede ya reclamar por Juan Pablo Roldán, que deja una viuda y un hijo de cuatro años; como no pueden hacerlo por los jóvenes que han fallecido en lo que va del año o los que lamentablemente fallecerán en el futuro en el cumplimiento del deber.

Si la sociedad no cuida a quienes la cuidan, si no se ocupa de darle a cada trabajador policial los instrumentos para enfrentar la difícil tarea que cotidianamente enfrenta, si no se les permite reclamar por sus derechos o agremiarse y elegir representantes para que lo hagan, vamos a perpetuar esta afectación a los derechos humanos del trabajador policial que no distingue de gobiernos ni posicionamientos políticos. Si como sociedad no desconectamos nuestra ideología de simples herramientas como una pistola Taser o un proyectil expansivo, seguiremos siendo nosotros los protagonistas de esta historia. Seguiremos siendo nosotros quienes matamos al inspector Roldán.

In memoriam Of. Inspector (PFA) Juan Pablo Roldán. 19 de Julio de 1987 - 28 de Septiembre de 2020

El autor es abogado penalista. Docente universitario y de academias policiales.