El asesinato del oficial de la Policía Federal Juan Pablo Roldán debe conmovernos.
Desde hace mucho tiempo las fuerzas de seguridad temen el disparar sus armas cuando la circunstancia lo amerita.
Y ese temor tiene causa fundada: existe toda una teoría “matapolicia” en los tribunales nacionales y de la provincia de Buenos Aires. No se trata de evaluar la actuación de un policía en cada caso concreto, tarea propia de la Justicia ante un hecho en el que se vea involucrado un funcionario, sino que la teoría no escrita y de amplia aceptación es la de hacer responsable al policía de cualquier modo por todo acto en el que defienda su vida o la de terceros haciendo uso de la fuerza pública.
Esa es la misma justicia que luego trata de “zafar” del encierro a cualquier criminal común u organizado, por convicción o precio.
La incoherencia oficial en ahora decretar el duelo ante el asesinato del policía Juan Pablo Roldán choca con las propias políticas emanadas del Ministerio de Seguridad en manos de la antropóloga Sabina Frederic.
Cuando la gestión anterior protocolizó el uso de la fuerza, mas allá de que solo se tratara de copiar normas de uso corriente en cualquier otra latitud, fue criticada duramente por la fuerza opositora en ese momento. Dicho esto sin reivindicar la gestión anterior en materia de seguridad, puesto que tanto a nivel nacional o bonaerense, sus resultados fueron magros o inexistentes respectivamente.
La nueva gestión no tardó en anular los mencionados protocolos de actuación agregando asimismo la prohibición del uso de armas no letales de shock eléctrico, más conocidas por su marca comercial Taser.
Fue todo un mensaje para las fuerzas de seguridad. Les quitamos las armas no letales, y las letales no pueden usarlas, bajo pena de ataque de fiscales y jueces zaffaronistas, nombrados por supuesto por todo el arco político, oficial y opositor de ayer y hoy, ya que en síntesis, a ningún político le gusta que alguien se entrometa con el delito en serio, no vayan a descubrir sus hábitos que los llevaron a millonarios.
Seguramente el oficial Roldan se habrá representado en tribunales o preso, se habrá acordado del policía Luis Chocobar u otros, juzgados con todo el peso inclinado de la ley, y todo ello lo haya hecho dudar en ejercer su legitimo derecho al uso de la fuerza ante el ataque inminente de un criminal con una arma letal.
Una muerte evitable.
El autor es doctor en Ciencias Penales y ex fiscal
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