¿Tenemos derecho al ahorro?

El hecho de realizar una pregunta tan obvia habla de la ciclotímica relación entre la economía y los derechos patrimoniales de los argentinos.

Los derechos de primera generación, aquellos que fueron creados por las denominadas revoluciones liberales, son la espina dorsal de las repúblicas modernas: la vida, igualdad y propiedad, por citar solo algunos, representan un elemento central en una sociedad abierta y libre de toda opresión. Son el medio por el cual los hombres pueden desarrollar su vida más allá de la tiranía de un monarca, tal y como Jefferson escribe en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”

La “búsqueda de la felicidad” no es un concepto menor en un país que se jacte de ser libre. La frase se refiere a la realización personal de los hombres, a emprender libremente sus sueños, a trabajar, crecer, crear y prosperar.

El preámbulo de nuestra Constitución Nacional expresamente establece: “Promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”, no puede haber bienestar general, ni libertad patrimonial, sin la posibilidad del ahorro.

Ahorrar es una administración mucho más profunda que el simple atesoramiento, significa la libre disposición de nuestro capital y nuestros bienes, sin que ello implique una desvalorización en el proceso. Por eso los argentinos atesoramos en moneda extranjera desde hace décadas, no es una cuestión de patriotismo o falta de solidaridad social. Es la sola voluntad de proteger nuestro patrimonio, además de la esperanza de realizar nuestros sueños: emprender, construir o viajar, tan simple como eso.

Hay por lo menos dos concepciones administrativas que podemos hacer sobre el control que el Estado argentino realiza sobre el dólar:

Una posición establece que el dólar es un bien escaso, además de estratégico para el Estado nacional, por ende, debe ser administrado de una manera rigurosa solo para los fines colectivos de la Nación, priorizando la producción e industria, y negando la compra para el atesoramiento individual.

Otra postura, establece que atesorar en moneda extranjera es una protección de los ciudadanos contra la administración irresponsable de los gobiernos, que, al no garantizar la estabilidad monetaria, ponen en riesgo nuestro patrimonio.

Ninguna salida colectiva puede ser viable negando los derechos individuales. Si una crisis representa un punto de inflexión para cualquier país, ¿qué nos debería representar vivir de manera cíclica en un contexto de crisis permanente?

Una pregunta estructural requiere una respuesta estructural, y eso no será posible hasta que las fuerzas políticas que conducen nuestra Nación (gobierno y oposición) se dispongan a tomar decisiones más grandes que sus propios intereses partidarios.

El autor es abogado. Docente de Derechos Humanos desde la Perspectiva Internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sede San Isidro, extensión áulica Tigre, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.