El plan de seguridad que necesitamos

Resulta auspicioso que el presidente Alberto Fernández haya resuelto involucrarse en la primera causa de preocupación de los argentinos: la inseguridad.

Los gobernantes a veces no comprenden cabalmente los programas que se deben implementar para mejorar la seguridad pública. Echan mano al argumento de la multiplicidad de factores que inciden en el delito, la falta de inclusión social, la desigualdad etc. Así, el tópico deriva en eternas discusiones que no llevan a ninguna solución para el ciudadano común.

En las sociedades que estudian el fenómeno de la seguridad ciudadana con ventaja temporal a la nuestra, las conclusiones –y soluciones– son bastante simples. El gran factor diferencial estriba en la cantidad de delincuentes que cada sociedad tiene en su seno –y en libertad–. Cada sociedad produce su número de acuerdo con múltiples variables, en las que entran en juego múltiples factores biológicos, geográficos y sociales que inciden en el crimen en general (por ejemplo, Japón produce poco crimen y Estados Unidos, mucho).

Las sociedades seguras se caracterizan por dos grandes aspectos.

En primer lugar, previenen el delito con medidas de restricción a la entrada de actores al circuito penal. Entre las medidas de mediano y largo plazo se destaca la apuesta por la educación, la de contenido general y la específica contra las drogas y la violencia doméstica –los dos factores criminógenos por excelencia de esta época– ello desde la escuela primaria. Los chicos tratados con estos programas tienen estadísticamente menos propensión a ingresar al delito.

Mientras la relación entre pobreza y delito nunca ha sido científicamente probada, aunque sea la más mencionada, la de falta de educación y entrada al delito, sobre todo al violento, sí lo ha sido. El fortalecimiento de la familia también es fundamental, junto con la detección y el rescate de menores en riesgo, advirtiéndolos en forma temprana.

En el caso de las medidas de corto plazo, por otro lado, se debe dar respuesta al problema inmediato de la criminalidad. Es la etapa en la que el delincuente ya está en la sociedad criminalizándola. Aquí ya no se logra el ambiente social seguro con medidas ni de mediano ni de largo plazo. Este es un error que cometen los gobernantes.

En esta etapa se debe planear que el medio ambiente tratado (ciudad, estado) sea ideal para la seguridad ciudadana y hostil al delincuente ( mediante medidas de Environmental Design), con presencia policial notoria en la vía pública, con programas de policía comunitaria, con barreras disuasorias tecnológicas, como las cámaras de seguridad, puestos de control rutinarios, detectores de armas de fuego, etc.

Además, remueven de la sociedad a los delincuentes. ¿Cómo sacar de circulación a victimarios?

Primero con voluntad política: estadísticamente la población de delincuentes en una sociedad no llega al 1% de su población general, normalmente menos, por lo que el gobernante deberá, además de garantizar los derechos del imputado de delito, fundamentalmente priorizar la defensa de los intereses del 99% que no es delincuente, que paga sus impuestos que sostienen al gobierno y que merece vivir en paz.

Técnicamente, tres son las vías más importantes para que la sociedad reduzca la cantidad de los delincuentes que la victimizan, y que fueron primordiales en la transformación de la seguridad ciudadana, por ejemplo, en los conocidos casos de Nueva York y Los Angeles.

1. El seguimiento de imputados excarcelados, en probation o en libertad condicional, para comprobar que cumplen con las condiciones que asumieran judicialmente cuando se les otorga la libertad. Esto se logra con la actuación de agentes especializados, quienes, de detectar alguna violación a las condiciones impuestas para la liberación, notifican en tiempo real al órgano judicial correspondiente para la emisión de la correspondiente declaración de rebeldía y detención.

2. La Unidad de Buscados (Warrants Unit). Esta unidad es fundamental. En nuestro país, cuando un imputado viola la libertad caucionada que le estableció la fiscalía o juzgado, se decreta su rebeldía y se comunica. En la práctica –y esto lo sé por experiencia propia de fiscal de Instrucción– esto significa que queda registrada su rebeldía pero que hasta que no es detenido por la comisión de un nuevo ilícito, el rebelde no es buscado. La Unidad de Buscados cambia la ecuación al salir a buscar al imputado rebelde antes de que cometa otro ilícito.

3. Entrecruzamiento de datos. En todos los hechos delictivos en los que sea posible se realizará el debido levantamiento de huellas dactilares y evidencia biológica, especialmente en causas de delitos violentos o sexuales. Para lo primero se utilizarán laboratorios móviles de levantamiento de rastros y un software actualizado de búsqueda automática de coincidencias entre rastros levantados y la base de datos digitalizada. Para lo segundo, ante existencia de rastros biológicos, se impone una base de datos de ADN (huella genética digitalizada), idealmente universal, pero si ello no es posible, al menos una amplia de detenidos y penados. Experiencias en otros países demuestran que el entrecruzamiento de datos inicial no sólo brinda nuevas detenciones de delincuentes que no habían sido imputados, sino también la liberación de condenados por error.

Además de todo ello y por su alta incidencia en la tasa de delitos violentos, se debe disponer de un alto porcentaje de las policías (federal, provinciales y municipales si las hubiera) a prevenir y reprimir el narcotráfico, un tópico que merece un extenso desarrollo ajeno a esta columna.

El autor es doctor en Ciencias Penales. Ex fiscal en lo Criminal de San Isidro. Ex Miembro de la Republican Presidential Task Force (EE.UU)