A 55 años del último e histórico logro de la diplomacia argentina sobre la cuestión Malvinas

Próximo a cumplirse 55 años de la adopción de la Resolución 2065 (XX), ratificada por todas las posteriores de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y del Comité Especial de Descolonización, en las actuales circunstancias vale recordar la génesis de ese –quizás único– logro de la diplomacia de nuestro país sobre la cuestión Malvinas.

Después del mismo, parecería que ese tema no fue prioritario en la agenda de la política exterior argentina, tanto en los gobiernos civiles como en los militares, salvo en aspectos rutinarios y solo en resoluciones formales en distintos foros internacionales. La citada Resolución se basa en el célebre alegato realizado por el entonces representante argentino ante la ONU, embajador José María Ruda, el 9 de septiembre de 1964.

Fue transcendente porque, después de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la creación del máximo organismo internacional en 1945, ocurrió que el tratamiento de la cuestión Malvinas pudo superar la acción opositora del Reino Unido (RU) para lograr dinamizar el proceso de descolonización en el mundo mediante la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, adoptada poco tiempo después, el 14 de diciembre de 1964. En ella se proclamó como objetivo primario “la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”.

Se trató del primer reconocimiento internacional al reclamo argentino sobre la soberanía en las Islas Malvinas. El embajador Ruda expuso entonces los incuestionables derechos históricos, geográficos y jurídicos, probando que la ocupación británica constituye un anacronismo propio de los grandes imperios coloniales mediante el uso de la fuerza. Explicó también que las Islas Malvinas se encontraban (y se encuentran) en una situación particular y diferente respecto de los casos coloniales clásicos, puesto que, luego de la usurpación ocurrida el 3 de enero de 1833, las autoridades y la población argentina fueron suplantadas por una administración colonial y una población de origen británico, que ha discriminado sistemáticamente la radicación de argentinos continentales.

Es por ello que, como sostuvo entonces nuestro embajador, no existe en las islas una población sojuzgada o sometida al colonialismo, siendo ésta una de las razones por las cuales no corresponde a dicha población el derecho a la libre determinación de los pueblos que alega la Parte británica, pues eso pondría el destino del territorio en manos de la misma potencia que se ha instalado allí por la fuerza, desnaturalizando el principio elemental de la descolonización.

En la sesión del 18 de diciembre de 1964, el Subcomité lll aprobó —por unanimidad— medulares conclusiones y recomendaciones, entre otras:

1. Tomó nota de la existencia de una disputa de soberanía entre los gobiernos del RU y la Argentina.

2. Recomendó al Comité Especial que invitara a ambos gobiernos a entablar negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica a este problema teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Resolución 1514 (XV) y los intereses (no los deseos) de la población de las Islas.

3. Instó al citado Comité Especial a que invitara a los dos gobiernos involucrados a informar a la Asamblea General de la ONU de los resultados de las negociaciones. Estas conclusiones fueron recogidas en el texto que fue finalmente adoptado por la Asamblea General de la ONU, como su Resolución 2065 (XX) del 16 de septiembre de 1965. Esa histórica Resolución sobre la Cuestión Malvinas, adoptada por abrumadora mayoría a la cual ni el propio Reino Unido pudo oponer un voto negativo, constituye un éxito diplomático de envergadura no solo para la Argentina sino también para todos aquellos que abogan por una solución pacífica para las controversias y el respeto al derecho internacional. El presidente de entonces era el digno gentilhombre, doctor Arturo U. Illia, que meses después fue depuesto en forma ignominiosa por el quinto golpe de Estado cívico-militar del siglo XX.

Hoy, a 187 años de la usurpación británica, continúa vigente el objetivo permanente e irrenunciable de nuestro país sobre la Cuestión Malvinas, prescripto en la Primera Cláusula Transitoria de la Constitución Nacional (“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas…”). Ese precepto, incluido en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1994, fue aprobado por todos los constituyentes menos uno que, curiosamente, ocupó dos importantes ministerios en el anterior gobierno nacional.

La más urgente política sobre el tema debería dejar de lado objetivos secundarios de alto contenido emocional, ideológico o partidista. El RU ha ignorado e ignora absolutamente todas las resoluciones de la ONU y se muestra coherente e intransigente en ello: los parlamentarios conservadores y los laboristas manifiestan que nada tienen que negociar; apoyan el inadmisible principio de autodeterminación de los isleños, a quienes han incluido arbitrariamente como parte de las negociaciones; profundizan su presencia clave y notoria en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida, y manifiestan que las Falklands (sic) constituyen un “hecho consumado”.

Por otra parte, desde el alegato de Ruda hasta hoy, la incoherencia argentina ha continuado los vaivenes y el vuelo gallináceo —con las excepciones del caso— de la politiquería criolla de los gobiernos civiles y militares. Uno de los tantos ejemplos fueron el Acuerdo de Madrid (1989-90), cuando era canciller Domingo F. Cavallo, cuyo único resultado fue el congelamiento “por tiempo indefinido” de las negociaciones sobre soberanía. Otro fue el Acuerdo Foradori-Duncan (2016), durante el período de la canciller Susana Malcorra —en materia de petróleo, pesca y comunicaciones—, que fue interpretado de manera desigual y opuesta por las partes, y solo favoreció a las pretensiones británicas. En ambos casos, el Poder Legislativo fue un intrascendente actor de reparto.

Aprecio que ambos deberían ser, por lo menos, revisados. No es un hecho menor el destacar también que recientemente un ex gobernador de una importante provincia y actual diputado nacional, enunció —en un afiebrado pensamiento— la posibilidad de separar su provincia del resto de la República. Todo ello es utilizado argumentalmente por la diplomacia británica.

Pero sin duda, el mayor desprecio e irrespeto a la Constitución Nacional, sobre la Cuestión Malvinas, se atribuye al anterior presidente argentino, cuando en 1997 habría manifestado: “La verdad es que los temas de las soberanías en un país tan grande como el que tenemos nunca los entiendo mucho (…) Nosotros no tenemos un problema como los israelíes, que tienen problema de espacio. Acá lo nuestro es casi de amor propio (…) Creo que las Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina (Página 12, Entrevista en Punta del Este, 18 de enero de 1997).

En el 2015, en oportunidad de estar cumpliendo una misión diplomática en el extranjero, escuché algo similar, incluso de fuentes británicas:” Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como éste (…) Las Malvinas serían un déficit adicional para el país”. Eso mismo, casi textualmente, fue ratificado dos años después en un matutino de la ciudad de Buenos Aires (La Nación, 31 de mayo de 2017, pág. 33. Artículo de Caputo D. y Cisneros A.). De confirmarse lo manifestado, se evidencia por parte del señor ex presidente la ausencia de la más mínima visión histórica y geopolítica, y un gesto ingrato para quienes pelearon en un absurdo conflicto por un sentimiento. Hoy, el endémico déficit adicional (fiscal) se mantiene, still in progress, a pesar de que las Malvinas continúan usurpadas.

El alegato del embajador José María Ruda finalizó con las siguientes palabras: “Nuestro propósito es persuadir a la comunidad internacional de que las mencionadas Islas son parte integrante del territorio argentino, y que el deber jurídico y moral de Gran Bretaña es devolverlas a su verdadero dueño, afirmándose así el principio de soberanía y de la integridad territorial de los Estados, base de las relaciones internacionales pacíficas”.

Un respetado embajador, Carlos M. Muñiz, fundador del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), a quien conocí y traté, me comentó en una oportunidad que el trabajo de un diplomático, entre otras cosas, debe ser lograr y mantener la iniciativa en una negociación. Cosa que desde hace tiempo la hemos cedido. Errática y sin resultados ha sido la política de seducción o de agresión a Londres y a los isleños, cuando no la indiferencia, complacencia e incoherencia sobre el sentimiento Malvinas. Debemos privilegiar un diálogo serio, respetuoso y coherente con el Reino Unido, el cual no puede dudar de nuestra vocación de paz. Debemos también desprendernos de las marchas y contramarchas y conformar de una vez una política de Estado consensuada, por lo menos, con las principales fuerzas políticas, que trascienda varios mandatos presidenciales, y tal vez años.

Hoy carecemos de un talentoso José María Ruda, pero estoy seguro de que estadistas jóvenes y hábiles diplomáticos aparecerán en el momento oportuno. Imponer la soberanía como condición previa a las negociaciones podría ser el primer paso para el fracaso, y no hacerlo no debilitaría nuestro legítimo reclamo. Lo condicionante es aglutinar nuestro frente interno, principalmente en la Cuestión Malvinas.

El doctor Ruda ocupó los más altos cargos diplomáticos en nuestro país y en el exterior. Entre 1988 y 1991 presidió la Corte Internacional de Justicia en La Haya (Países Bajos). En 1988 recibió el Premio Konex de platino. Falleció el 7 de julio de 1994. En el 2016 se impuso su nombre a una calle de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego.

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*Ex Jefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en Colombia y Costa Rica.