¿Soberanía alimentaria para una república bananera?

Soberanía alimentaria. Estas son las palabras del presidente Alberto Fernández al anunciar la intervención y la intención de expropiar la empresa Vicentin. La expresión parece haber salido del “Ministerio de la Verdad”, como cuenta George Orwell, en su famoso libro “1984”. Allí, denuncia la manipulación del lenguaje como forma de forma de absolutizar el poder central.

La posición oficial frente a Vicentin debe alarmar, más que sobre la posibilidad del Estado de administrar una empresa privada, en una actividad donde operan múltiples actores (no hay monopolio alguno), sobre los medios utilizados por encima de las instituciones. Porque, así el Estado avanza sobre la propiedad privada y vuelve a sentar un precedente peligroso.

La democracia no resulta tan sólo de una ecuación aritmética apoyada en la legitimidad de las urnas. Es un sistema de vida, donde no entran los abusos de la autoridad, basado en el pleno respeto por las minorías y las instituciones.

El crecimiento económico es la resultante de un marco institucional proclive a aumentos en la productividad que sea capaz de inducir al cumplimiento de los contratos, al establecimiento de los derechos de propiedad y a su estricto respeto.

Los derechos de propiedad conforman la piedra angular del desarrollo económico. Las instituciones formales los protegen. Pero la realidad, es que frente a determinadas circunstancias y bajo la discrecionalidad de la autoridad pública, el Estado se ampara en una suerte de institucionalidad informal que le autoriza a hacer caso omiso de su existencia.

La Constitución es, sin duda, la institución formal más importante. Sin embargo, por décadas se ha ido estableciendo una institución informal que alienta al Poder Ejecutivo a ingresar en otras áreas y dejar a un costado al Congreso y a la Justicia. Hoy, lo vemos con claridad. Por más que la semántica oficial intente mostrar como verdad una falacia.

El avance persistente del hiper presidencialismo y de la discrecionalidad, la vocación por controlar todo y la tenue división de poderes están convirtiendo a las instituciones en una suerte de formalismos burocráticos.

La previsibilidad es el requisito básico para la inversión. Y ésta resulta del comportamiento tanto del gobierno como de las fuerzas vivas de la sociedad que, en el marco de una determinada estructura institucional, permite en mayor o menor grado, conocer por anticipado, en buena parte, lo que va a suceder.

Una sola palabra que ataque el derecho de propiedad puede causar un mal de magnitud incalculable, en un país donde este ha sido violado en reiteradas ocasiones y en medio de un período de incertidumbre extrema.

Es inaudito que, cuando se lleva a cabo la negociación por la deuda soberana, aparezcan decisiones como ésta. La palabra oficial ahora acumula una serie de contradicciones. Por ejemplo, cómo tomar nueva deuda, cuando el país le debe a Dios y a la Santísima Virgen.

Los 44 millones pueden ser alimentados con toda seguridad, así como otros 400 millones de habitantes del mundo, que esperan con ansia nuestros embarques. La demanda mundial conoce la extraordinaria capacidad de la producción y la comercialización de los bienes agropecuarios y los alimentos, tanto en el plano sustentable, en su reducido impacto ambiental y en su alta productividad.