Muertes de primera, muertes de segunda

Hay una regla infame que se cumple casi sin excepciones en los últimos años: cada facción reivindica a los muertos que cree poder usar políticamente. Suena duro decirlo así y sin embargo la indignación ante la muerte es selectiva, según quién sea la víctima o quién el victimario, comprobado o presunto. O según qué político, funcionario o gobierno puede ser eventualmente señalado por algún grado de responsabilidad. El problema con esta regla no es sólo la doble moral que revela, sino que lleva a un callejón sin salida.

El Presidente se mostró en varias ocasiones conmovido ante la situación de los presos: “Tener ahora en las cárceles a personas en riesgo y que el Estado no reaccione es un acto inhumano”. Estaba aludiendo a la polémica que desató el plan para conceder arrestos domiciliarios a fin de descomprimir el hacinamiento carcelario frente al eventual peligro de contagio de los internos.

Instantes antes, había dicho una gran verdad: “El desafío no es mano dura o mano blanda”.

Sin embargo, hace años que vivimos bajo esa dicotomía que ha llevado a la fractura social y a la parálisis institucional. Porque efectivamente es una falsa opción. Un resultado ha sido la impunidad para los funcionarios que por años se refugiaron en la inacción, con la excusa del origen social de la delincuencia. Para el país, esto representó un costo horroroso en vidas humanas. Las cifras de muertos por la violencia delictiva han sido y siguen siendo escalofriantes. Superan, por lejos, las del coronavirus.

De un lado, sólo se reclamaba justicia para los muertos del gatillo fácil, porque confortan la visión de que el accionar policial lleva siempre al abuso y a la violación de los derechos humanos. Del otro lado, solo se veía como solución al problema el endurecimiento de las penas.

Por muchos años, primó una visión angelical hacia la delincuencia, toda ella resultado de la injusticia social, casi una forma de rebeldía anti-sistema; y esto llevó a condenar a la más cruel soledad a las familias castigadas por el flagelo de la violencia delictiva, como si éstas fuesen culpables de la injusticia social que, según esta visión, está en el origen de todo. Como si muchas de esas víctimas no fuesen de un origen tan humilde y de ambientes de tanta pobreza como los que se supone generan el delito. No compadecerse de las víctimas de la delincuencia también es “un acto inhumano”.

Cuatro años en el otro extremo de esta visión se revelaron igual de ineficientes. Declamar que se lucha contras las mafias (esa entelequia) no equivale a hacerlo. Las fuerzas de seguridad no ganaron en eficiencia, más allá del relato. Pasar de la desautorización de la policía y de la estigmatización del concepto mismo de represión -como si todavía estuviésemos en dictadura, a la “mano dura” y la vía libre a fuerzas integradas por efectivos reclutados de apuro, sin la suficiente formación y que por momentos hasta parecen no conocer o haber olvidado los más elementales protocolos de actuación también dejó sin resolver los problemas y no ahorró sufrimiento ni brindó mayor seguridad a la gente.

Ni la preocupación “humana” por el hacinamiento de los presos, ni el discurso securitario alcanzaron para construir cárceles nuevas, limpias, seguras y en número suficiente.

Tres décadas y media de democracia y las fuerzas policiales siguen oscilando entre la inacción -por temor a ser desautorizadas- y la inoperancia -por falta de profesionalismo y, sobre todo, por ausencia de conducción.

Este mal, la indignación selectiva, no atañe sólo a los políticos, también a amplios sectores de la sociedad, al ancho mundo de las ong y a la misma gente en general.

El caso de Santiago Maldonado fue paradigmático por lo revelador de estas actitudes. La desaparición del joven luego de un operativo de la Gendarmería en la provincia de Chubut dio motivo a todo tipo de calificaciones y acusaciones extremas, respondidas no con una desmentida y pruebas irrefutables, sino con una defensa cerrada del accionar oficial. El desenlace -la aparición del cuerpo dos meses y medio después en la misma escena del incidente- sería risible, de no ser por la muerte gratuita de un joven de tan solo 28 años. Se demostró que la investigación posterior no siguió las más mínimas reglas científicas para estos casos. Ni las del sentido común.

Ahora, el brutal y también gratuito asesinato de un peón rural en Tucumán, Luis Espinoza, de 31 años y padre de 6 hijos, por la policía, no encontró el mismo eco indignado en las ong y sectores políticos que hicieron de Maldonado una bandera de lucha. El caso, sin embargo, tiene todos los ingredientes para la denuncia del abuso policial y la arbitrariedad que reina en algunas zonas sin ley y de los que los pobres -tan nombrados, tan olvidados- suelen ser las principales víctimas.

En un caso veían un ariete contra un gobierno que detestaban, en otro, un posible problema para un aliado.

El NiUnaMenos y la impunidad de Axel López

Hace cinco años, nacía el movimiento NiUnaMenos. La primera marcha tuvo lugar el 3 de junio de 2015, y el detonante fue el caso de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, que fue hallada muerta en Rufino, Santa Fe. Estaba embarazada y había sido asesinada por su novio.

En paralelo, se desarrollaba en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra el juez de ejecución Axel López. Este magistrado había recibido un primer apercibimiento por haber concedido salidas transitorias a Pablo Marcelo Díaz, un violador que en uno de esos permisos, en mayo de 2009, había asesinado a Soledad Bargna de 26 puñaladas.

Como no fue juzgado, en 2012 Axel López reincidió. Esta vez le concedió libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro casos de violación. Un dictamen del Cuerpo Médico Forense le había advertido sobre “un serio riesgo de reincidencia”. El juez no lo tuvo en cuenta. Un mes después de su liberación, en Resistencia, Chaco, Cabeza, que había obtenido empleo en una remisería, mató a una pasajera, la joven Tatiana Kolodziez.

Esta vez, hubo juicio político. Sin embargo, cuando los familiares de las víctimas fueron a pedirles a las referentes de NiUnaMenos que marcharan al Consejo de la Magistratura para respaldar el pedido de destitución de Axel López, ellas se negaron.

Aparentemente, no veían contradicción entre su eslogan y el mirar para otro lado en ese caso. El conlogmerado que convocaba esas marchas era heterogéneo, pero evidentemente primó en ese momento el deseo de preservar al gobierno de turno: el defensor de Axel López era el ex juez supremo Eugenio Zaffaroni, que hacía poco había dejado la Corte. López tampoco fue destituido esa vez y se perdió una oportunidad de sentar jurisprudencia y lanzar una advertencia a jueces que parecen pensar que no tienen responsabilidad alguna por sus decisiones.

El kirchnerismo descubrió los femicidios cuando fue asesinada Micaela García, una chica de 21 años, estudiante de educación física. Micaela era militante de La Cámpora y corría el año 2017. Ya no estaban en el gobierno. Pasaron entonces de negar la inseguridad a la sobreactuación: el resultado fue la Ley Micaela que vuelve obligatoria para todos los agentes de la función pública la llamada “capacitación de género”, que no es más que una bajada de línea ideológica. (El tema lo desarrollé en una nota anterior. Ver: Ni la cuarentena pudo con la género-manía).

Existe una corriente que desculpabiliza a los funcionarios políticos, judiciales o policiales por los femicidios y pone todo el acento en el machismo. El resultado es que estos crímenes -a 5 años del NiUnaMenos- no han disminuido porque los que tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres -policías, jueces, autoridades en general- son exculpados por las mismas referentes del movimiento. Ningún dedo acusador se levantó desde allí contra Axel López ni contra el juez que lo protegió.

El kirchnerismo, que frenó la destitución de López en 2015, pidió en cambio el juicio político de Carlos Rossi, el magistrado que liberó al asesino de Micaela García. El paralelo entre los casos López y Rossi es flagrante; tanto como la doble moral de algunos. Y algunas.

Sectarismo o muerte

La ministra de Seguridad de la gestión Macri sacó de quicio a un periodista al negarse una y otra vez a reconocer que la cuarentena decretada tempranamente por Alberto Fernández había tenido buenos resultados, en especial, por las vidas que preservó. Pero sectarismo o muerte es la divisa de algunos, incapaces de reconocer méritos ajenos ni errores propios.

La temprana decisión de Alberto Fernández de disponer el aislamiento preventivo obligatorio salvó vidas; no hay duda. Es de necios desconocerlo.

Ahora bien, la cerrazón a toda crítica o aporte, para ir saliendo de una cuarentena que ha dejado entre paréntesis y quizás agravado otras penurias que atravesamos, con el argumento de evitar muertes, contrasta con la indiferencia ante otras pérdidas de vidas humanas.

Alberto Fernández ha manifestado en varias ocasiones su empatía, su dolor incluso, ante cada muerte por coronavirus. ¿Cómo no querer creerle? Hace tiempo que los argentinos necesitamos un primer mandatario que se sienta Presidente de todos, que se preocupe por la seguridad y el bienestar de todos. Por la vida de todos por igual.

En diciembre de 2004, un gobierno del cual él formaba parte recibió con la más gélida indiferencia la muerte de 194 jóvenes en el incendio de una discoteca. Una tragedia que conmovió al mundo. De Vladimir Putin al papa Juan Pablo II, los gobernantes de casi todas las naciones del mundo enviaron sus condolencias al pueblo argentino por la grave pérdida. Del Presidente de entonces, de la Primera Dama o de su Jefe de Gabinete, nada, ni un abrazo, ni un llamado. Es imposible no pensar que el motivo era que la tragedia afectaba la imagen de un aliado del gobierno, el entonces alcalde porteño, Aníbal Ibarra.

La droga, la violencia delictiva, la desnutrición e incluso el caos del tránsito han matado más argentinos desde la restauración de la democracia hasta acá que el coronavirus. Muchísimos más.

Se repite mucho que la pandemia nos hará distintos. Tal vez. Ojalá les haya hecho comprender a quienes tienen responsabilidades públicas, y herramientas para prevenir desgracias y cuidar a los argentinos, que todos los muertos cuentan; que todas las muertes importan, que la vida es el primer derecho humano y que no hay que rasgarse las vestiduras sólo por los casos de los que se cree poder extraer algún rédito político.

Que se termine la indignación selectiva ante la muerte.

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