Estamos acostumbrados a oír hablar de paritarias entre entidades empresarias y sindicatos para lograr mejoras que se reflejen en los trabajadores pero, hasta ahora, no las había habido entre funcionarios de gobierno y alojados en establecimientos carcelarios. Es que la negociación que mantuvieron el director y jefes del servicio penitenciario con representantes de los presos adquiere esas características dado que las partes se colocaron en posición de iguales, a tal punto que los referentes de los presos no aceptaron la representación gubernamental que se hallaba presente y exigieron la intervención del secretario de justicia, lo que fue prometido para la próxima, porque se llegó a un cuarto intermedio. Ya unos días antes se había prometido una mesa de diálogo, la que quedó conformada en ese acto y que se halla integrada por todos ellos más otras autoridades e, incluso, jueces. A esto se llegó con el fin de impedir que nuevos motines ocurran en las prisiones y con el fin de estudiar el otorgamiento de liberaciones o prisiones domiciliarias ante la supuesta exposición al contagio de los internos.
Causa perplejidad saber de esto porque la razón que motivó los levantamientos carcelarios no fue solamente la aparición de la posibilidad de contraer el coronavirus por parte de los internos, sino el previo otorgamiento de beneficios a diversos presos en forma indiscriminada, tal como la crónica dio a conocer los últimos días. Obviamente, ningún detenido quería quedarse sin recibirlos y comenzaron a alegar que estaban expuestos a contraer la enfermedad. El mal ejemplo cundió rápidamente y exacerbó los ánimos de todos ellos, que reaccionaron de forma violenta, lo que motivó estas reuniones. Más aún, a las decisiones judiciales se sumaron declaraciones públicas de funcionarios, organismos de derechos humanos y hasta del propio Presidente de la república, mostrándose partidarios de las liberaciones, lo que indudablemente debe haber hecho pensar a los alojados en que sus derechos eran legítimos y que correspondía que se los otorgaran rápidamente.
No podemos dejar de señalar que nunca el Estado puede ponerse al mismo nivel de personas que están detenidas por haber cometido delitos y entablar negociaciones a nivel paritario con ellas. No están ni pueden estar al mismo nivel. Y, obviamente, tampoco ningún funcionario debe ejercer presión sobre los jueces para alentar decisiones liberatorias masivas. Algunos audios que se han viralizado en estos días y cuya autenticidad no fuera puesta en duda, dan cuenta de estos conciliábulos. Pero la responsabilidad de los magistrados judiciales es mayor porque han concedido liberaciones o prisiones domiciliarias en forma arbitraria y, en otros casos, abandonando su rol de juzgadores de cada caso en particular, se han pronunciado otorgando beneficios colectivos.
Si ahora esos jueces salen a dar explicaciones que no son creíbles porque se contraponen con lo que hicieron y con lo que se ve de la conducta que empiezan a tener los liberados al participar en nuevos hechos delictuosos apenas salidos de la cárcel, es porque la opinión pública se mostró absolutamente en contra de lo que hacían. Es que la gente se siente amenazada porque sabe que si antes los controles de los que purgaban su condena en domicilio eran complicados, ahora va a ser imposible hacerlo con tantos individuos en esa condición.
Es hora de que todos quienes tienen poder de decisión tomen conciencia de que quienes se hallan alojados en los penales deben cumplir las penas a las que fueran condenados porque una de sus funciones es la de servir de ejemplo para que todos sepamos que quien delinque recibe una sanción. Asimismo, se deben extremar las condiciones de sanidad de esos establecimientos para minimizar los riesgos de contagio y dotar al hospital penitenciario de todo lo necesario para que atiendan las patologías que se presenten. Pero, fundamentalmente, limitar la concesión de libertades o prisiones domiciliarias a quienes estrictamente no puedan ser atendidos en dichos lugares y cuyo estado de salud los haga muy especialmente vulnerables, siempre y cuando no sea grave el delito que hayan cometido y por el que fueran puestos en prisión. Si bien ahora es tarde, es importante que nunca más se llegue al extremo de poner a los presos al nivel de par de los funcionarios.
Las cacerolas que hicieron sonar los vecinos les están indicando a todos ellos que la gente está en contra de este verdadero jolgorio liberatorio. Y que esos magistrados que no pueden tirar más abajo el prestigio de la justicia.
El autor es abogado penalista, ex juez nacional en lo Criminal de Instrucción
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