(@Sedronar)
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En menos de un mes llega a su fin una gestión que bajo la pancarta del “Argentina sin Narcotráfico” determinó que el problema de las drogas se resolvía incautando estupefacientes y montando operativos cinematográficos con el valor periodístico necesario para que la ciudadanía creyera que el problema está en la sustancia y no en la persona y su contexto.

Será por eso que entre tanta invisibilidad y apatía frente al dolor de tantas madres, tantas familias y tantos pibes, se nos fueron cuarenta y ocho meses sin políticas de abordaje territorial, social ni sanitario de las adicciones, sin programas integrales de prevención, sin datos estadísticos, sin articulación de esfuerzos interministeriales ni federales, y sin una voz institucional que milite con cuerpo y corazón esta problemática. En estos cuatro años la política oficial de atención de las adicciones estuvo a cargo de funcionarios que jamás ensuciaron con barro sus zapatos, que hicieron gestión de escritorio y no de territorio, y que si visitaron las barriadas más vulnerables fue simplemente para la foto.

Pero afortunadamente se van.

Se van los que desguazaron a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y rompieron el abordaje equilibrado entre el control de la oferta, la demanda y el lavado de activos. Los que convirtieron a la vieja Sedronar en un organismo tuerto, en un Elefante Blanco, en un engendro estructural con superposición de funciones que, bajo el pomposo nombre de Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, promete mucho pero hace poco.

Se van los que llegaron con la promesa de ser el mejor equipo en los últimos años, pero que en breve saldrán del edificio de Sarmiento 546 inmersos en internas y pases de factura entre los tres bloques de poder que se disputaron el control del organismo, y con el rótulo de haber conformado una de las peores gestiones en la historia del organismo. Así se los recordará.

Se van los que ni bien asumieron discontinuaron programas, recortaron fondos, subejecutaron partidas, achicaron estructura territorial y retrocedieron casilleros en el camino de la restitución de derechos a los eternamente postergados. Como muestra y símbolo, con la cancelación a mediados del 2016 del programa PAIS (Programa de Asistencia e Inserción Socio laboral), cuyo objetivo era la integración social de los jóvenes de barrios carenciados, la reconstrucción de lazos, la formación en oficios, y la recuperación de valores como el esfuerzo, la amistad, la pertenencia, la perseverancia y el compañerismo, le quitaron toda esperanza a quienes perdieron la capacidad de soñar con otra vida posible.

Se van los que dijeron que iban a hacer política pública basada en la evidencia, que llegaban a normalizar las estadísticas y a traer luz a las cifras de prevalencia. En cuatro años sólo hicieron una encuesta. Repito: una única encuesta sobre población general en el año 2017. ¿Cómo fue que pasamos de las políticas empíricas a las políticas a ciegas y a tientas, sin validación ni evaluación? En Argentina, desde el 2014 que no sabemos qué ni cuánto consumen los estudiantes de Nivel Medio.

Se van los que decretaron una emergencia nacional en adicciones para el período 2017-2018, pero que en la asignación presupuestaria del 2019, y fruto del ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, le quitaron un 0,4 por ciento de los fondos al organismo responsable de las políticas de adicciones en Argentina. Si a esto le sumamos la fuertísima devaluación y la inflación proyectada para fin de este año que superará ampliamente el 50 por ciento, el atraso presupuestario de la ex SEDRONAR es realmente significativo. Nada puede extrañarnos de quienes siempre verán en lo social un gasto en lugar de una inversión.

Se van los que proclamaban que el presupuesto del organismo estaba desbalanceado, y que había que volcar más fondos a prevenir las adicciones que al tratamiento (nada que discutir al respecto, pues así debe ser). En 2017, la relación era 80 por ciento asistencia y 20 por ciento prevención. En lo global, uno de cada diez pesos del total presupuestado de la ex SEDRONAR se destinaba a acciones específicas de prevención. En el proyecto de presupuesto para el 2020, la desproporcionalidad se incrementó notablemente: 98 por ciento a asistencia y 2 por ciento a prevención. Medido sobre el total, el ítem prevención impacta apenas en un 0,5 por ciento. Y para el rubro “Prevención en el Ámbito Educativo”, la herramienta más poderosa y multiplicadora para establecer una verdadera cultura preventiva en nuestro país, sólo se destinarán 791.216 pesos.

Se van los que no impulsaron ni una sola ley relacionada con la problemática de las drogas. Los que cuando amagaron con resucitar el proyecto de cero alcohol al volante, y se fueron inmediatamente al maso ante el lobby de la industria. Los que acompañaron el caballo de Troya de la ley de marihuana medicinal sin entender el cómo ni el por qué. Se van los que dejaron cajoneada y durmiendo la reglamentación de la ley 26.934 Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (IACOP), promulgada en mayo del 2014, que brinda sólidos cimientos para sustentar una política pública federal, con fuerte énfasis en atender el problema de las adicciones en los contextos de mayor pobreza y exclusión social. Una ley sin presupuesto y sin órgano de aplicación es una ley sin dientes.

Se van los que dijeron que iban a hacer centros de adicciones en todo el país, pero nunca mandaron los fondos ni para terminar los que ya estaban en marcha durante la gestión anterior. El caso del Centro Preventivo Local para las Adicciones (Cepla) “La Costanera” es quizás el más emblemático. Recién fue inaugurado en junio de este año, después de meses de promesas, pero con fondos del gobierno de la provincia de Tucumán. Peor suerte corrieron las familias del barrio Anacleto Medina de la ciudad de Paraná (Entre Ríos). La estructura del Cepla que iba a funcionar allí se construyó al 50%, pero a partir del 2016 se desfinanció y hoy es la mayor postal del abandono de las políticas públicas sobre adicciones. Así, decenas de casos.

Se van los que entregaron todas las banderas ante las imposiciones de la Organización Panamericana de la Salud, los que aceptaron someter la necesaria especificidad en el abordaje de las adicciones frente al imperio de la ley de salud mental, y pusieron de rodillas a las comunidades terapéuticas con la amenaza de la monovalencia y las exigencia de la adecuación a la 26.657. Son los mismos que mantuvieron planchados durante años los montos de las becas y los subsidios asistenciales, hambreando a las organizaciones que trabajan y bancan día a día todo lo que el Estado no hace.

Se van los que hicieron de la Secretaría un botín. Los que atendieron de ambos lados del mostrador, los que desviaron, cada vez que pudieron, el agua para su molino. Poco tiempo de vida le queda a la sombra de la Fundación Convivir y a sus funcionarios en la estructura del organismo. Pero corrupción no es únicamente robar. También es administrar mal, gestionar mal, beneficiar a unos pocos en perjuicio de muchos, y quitarle oportunidades a los que menos tienen. La eterna perversidad de vulnerar a los más vulnerables, una y otra vez, cíclicamente.

Se van, por fin. Y en este preludio de despedida también hay una invitación para empezar a planificar cómo se arregla lo que ellos destruyeron adrede. A eso volvemos.