El decomiso no puede ser la única estrategia para luchar contra la droga

Que se incaute y que se queme droga en cantidades récord en Argentina no significa nada más que cierta efectividad en la política de reducción de la oferta que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero que haya crecido el decomiso de sustancias ilegales no significa una menor disponibilidad, ni mucho menos que disminuya su consumo.

Por el contrario: según datos oficiales, el uso de marihuana y el de cocaína sigue creciendo. Los indicadores de percepción de disponibilidad o facilidad de acceso a las drogas siguen estables. Y en los barrios, el dealer se ha incorporado como un actor más en la vida social, tanto proveedor como prestamista.

Sucede que, para el gobierno nacional, que hayan aumentado las incautaciones es algo para celebrar como un logro. Esto es así porque la política oficial de drogas se circunscribe al plano estrictamente represivo: menos droga en circulación redundaría en menos personas consumiendo. Esta simplificación sustancio-céntrica, propia de quienes miran el fenómeno desde una única mirilla, deja a un costado toda la complejidad social, contextual y sanitaria que lo antecede, y que debe abordarse desde una perspectiva de reducción de la demanda.

Solo el adecuado balance entre el control de la oferta y las intervenciones de reducción de la demanda generaría, sostenimiento de las políticas públicas mediante, una disminución en las prevalencias de uso de sustancias psicoactivas tanto legales (alcohol y tabaco) como ilícitas. A más de dos años del desguace de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (ex Sedronar), esa integralidad balanceada ya no existe.

Peor aún. Luego del período marcado por la emergencia nacional en adicciones (2017-2018), declaración impulsada por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia que impactó en un importante flujo de fondos hacia el organismo (y luego hacia la Iglesia y sus organizaciones de base), el presupuesto 2019 de la actual Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) refleja claramente que las intervenciones preventivas y asistenciales no son prioridad para la administración Cambiemos.

Aunque parezca increíble, el Gobierno nacional destinará un 0,4% menos de lo que asignó en el 2018 a esta secretaría de Estado: de 1297 millones de pesos se pasó a 1292 millones de pesos. Esto se llama, lisa y llanamente, desfinanciamiento de las políticas públicas de reducción de la demanda, y expresa un claro desinterés político por la problemática. En el año en el que la Argentina ostentará la presidencia de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD-OEA), el mensaje hacia la comunidad internacional es sumamente incoherente. Quizás para los auditores del Fondo Monetario Internacional no lo sea.

Hilando aún más fino, resulta llamativa la composición del gasto previsto para el ejercicio de este año. Para empezar, un 40% del presupuesto de la Sedronar se destinará a pagar el sueldo de los casi setecientos empleados que componen la dotación actual de este organismo tuerto (el doble de la que cumplía funciones durante la gestión de José Ramón Granero y la de Rafael Bielsa, entre el 2004 y el 2012, cuando la secretaría aún se ocupaba de coordinar políticas de oferta y demanda).

Hay otro dato que simboliza dónde está puesto el foco de la gestión. Un tercio del presupuesto de la Sedronar, unos 430 millones de pesos, se destinará a solventar el programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), dispositivos territoriales asistenciales tercerizados, ubicados en zonas de alta vulnerabilidad, y administrados por ONG o centros barriales. Un 50% de estos fondos se remiten de forma directa a la Federación de Hogares de Cristo de la Iglesia Católica. El resto se canaliza a través de organizaciones sociales eclesiásticas y afines, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Evita.

El crecimiento de este programa ha sido exponencial. Lanzado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre del 2014 bajo convenio con Cáritas Argentina, se pasó de unas cuarenta CAAC en 2015 a las más de doscientas que funcionan en la actualidad. No sucede lo mismo con la creación de dispositivos propios estatales, promesa electoral del presidente Mauricio Macri que quedó en la nada misma.

Mientras tanto, la ley Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), promulgada en mayo del 2014, sigue aguardando su reglamentación. Como lo dije en columnas anteriores, poner nuevamente en agenda la ley 26934 implicaría comenzar a pensar en un Estado con presencia efectiva en los barrios de mayor vulnerabilidad. Barrios en donde durante años, justamente por ausencia de esas intervenciones tan necesarias, fueron la Iglesia y algunas organizaciones sociales las que se ocuparon de contener, acompañar y recuperar a tantos chicos sometidos a sufrimiento social.

Repito: más de un 30% del presupuesto 2019 de la Sedronar se destinará a financiar exclusivamente el programa de CAAC de la Iglesia Católica. Ciertamente, el trabajo que llevan adelante las organizaciones antes mencionadas es para destacar, en todo sentido. El Estado debe acompañar, orientar y apuntalar este tipo de intervenciones tan necesarias. El problema es cuando se mezclan los ámbitos de competencia, cuando lo que es del César termina en manos de Dios, y cuando la corrupción se convierte en un "camino resbaladizo y cómodo" (Papa Francisco dixit).

También cabe señalar que la tan mentada intención de desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia estadística fue tan solo una proclama vacía. Iniciado el cuarto año de gestión, la Sedronar solo llevó a cabo un único estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en población general. El último estudio de prevalencias entre estudiantes de enseñanza media data del año 2014. Hace cinco años que no sabemos qué sucede en materia de consumo de drogas entre adolescentes escolarizados. Y este año no habrá presupuesto para realizarlo.

Otra proclama hueca fue la de querer volcar la mayor parte de los recursos del organismo hacia actividades preventivas, tal como lo manifestó en reiteradas oportunidades el secretario Roberto Moro. De cada 100 pesos presupuestados, 85 se destinarán a gastos de estructura y programas de asistencia.

Tampoco habrá dinero para actualizar, a porcentuales inflacionarios, los montos prestacionales a las comunidades terapéuticas bajo convenio, únicas instituciones que hoy están dando respuestas a las necesidades de tratamiento por consumos problemáticos y adicciones. A lo largo del 2018, estas organizaciones no gubernamentales atendieron a más de 25 mil personas, a razón de unos 10 mil pesos per cápita. Bajo el imperio de la ley de salud mental, las comunidades terapéuticas deberán cerrar sus puertas el año que viene.