La riqueza de los países que protegen los derechos de propiedad duplica la del resto

En un reciente episodio, que marca la falta respeto por los derechos de los demás, varios integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entraron por la fuerza a las instalaciones de Artear, para reclamar por la inclusión de dos canales "alternativos" a la grilla de programación de Cablevisión.

Los medios de comunicación informaron con detalle sobre este lamentable hecho, y denunciaron el avasallamiento sobre la libertad de prensa. Pero no destacaron, al menos con suficiente importancia, la gravedad que implica ello sobre los derechos de propiedad privada.

El hecho, más que repudiable, paradójicamente vino a dañar el propósito de esta manifestación. Y debería ser motivo de gran preocupación no solo en sí mismo, sino también por la escasa importancia que la dirigencia vino de darle.

En una economía de libre mercado, los derechos de propiedad aseguran una mejor distribución del ingreso y un mayor desarrollo. Un sistema de propiedad privada otorga el derecho exclusivo a los individuos de usar sus recursos como deseen y de transferirlos a voluntad.

La propia Iglesia Católica está convencida de la importancia de los derechos de propiedad. La Encíclica Rerum Novarum, hace más de 100 años, afirmaba que poseer bienes en privado es derecho natural del hombre. A su vez, en la Mater et Magistra, Juan XXIII declaraba que se trata de un principio enseñado y propugnado firmemente por sus predecesores y decía que el derecho de propiedad privada tiene un valor permanente, ya que es un derecho contenido en la misma naturaleza.

Años después, la Centesimus Annus, en la palabra de Juan Pablo II, remarcaba que "Este derecho, fundamental en toda persona para su autonomía y su desarrollo, ha sido defendido siempre por la Iglesia hasta nuestros días".

La experiencia histórica demuestra cómo la preservación de los derechos de propiedad incrementa el crecimiento de los países y sus perspectivas de desarrollo. El crecimiento económico es la resultante de un marco institucional, proclive a aumentos de productividad, que asegure el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad. Es decir, que favorezca la multiplicidad de transacciones y la reducción de los costos de transacción.

Hace pocos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que Chile se convertirá en el primer país de América del Sur que llegue a 30 mil dólares de PBI per cápita, en el año 2022.

El informe de 2018 del Instituto Fraser es alarmante. Allí se mide la libertad económica a través de cinco áreas, una de las cuales está referida a la propiedad privada. ¿Qué nos dice éste? En tanto que Chile es la economía más pro libre mercado, donde el respeto a los derechos de propiedad es el más firme, de la región, Venezuela no deja de caer en el ranking de naciones del mundo.

Chile se ubica en el puesto 15 del globo y Venezuela en el 162. Recuerde el lector la exclamación de Hugo Chávez: ¡exprópiese!

No hace tantas décadas, Venezuela era el país más rico de Sudamérica con una envidiable democracia y Chile, apenas podía sacar la nariz del agua.

Lo que más duele del informe es la revelación sobre la posición de nuestro país. Argentina se ubica en el número 160 del ranking de libertad económica, luego de años de avasallamiento a los derechos de propiedad, no sólo sobre los bienes físicos sino también sobre los líquidos y los intelectuales.

Una mirada retrospectiva revela que los países con mayor protección a los derechos de propiedad y la libertad económica logran llegar a los mayores estándares de vida. Lee Hoskins y Ana Eiras, en un estudio sobre 150 países efectuado en 2002, llegaron a la conclusión de que los países con derechos de propiedad seguros crearon más riqueza que los países en los cuales los derechos de propiedad son inseguros.

En términos de paridad de poder adquisitivo, en promedio, el Producto Bruto Interno per cápita de los países con mayor protección de la propiedad (USD 23.769) duplicaba al de aquellos que brindan una protección regular (USD 13.027).

Lo que los países menos desarrollados necesitan para lograr mejores estándares de vida es que sus correspondientes Estados protejan los derechos de propiedad. Lo que acaba de suceder en Artear debería encender las más vibrantes alarmas.

El autor es economista. Profesor de la UCEMA.