Nota escrita en coautoría con María Page
En las últimas semanas, como ya es costumbre cada año electoral, vemos cómo los gobernadores se debaten entre la simultaneidad y el desdoblamiento. Esta es una facultad que otorga a los gobernadores una ventaja más en la competencia electoral: la oposición no solo no participa de la decisión, sino que además debe lidiar con la incertidumbre respecto de los plazos y las condiciones políticas en las que deberá construir su oferta electoral.
Despegar o no la elección provincial de la nacional es una decisión que depende, entre otras cosas, del beneficio que puede esperar el gobernador del arrastre de las categorías nacionales sobre las provinciales. Candidatos a presidente populares del mismo signo político del gobernador incrementan las chances de realizar elecciones de forma concurrente con la nación. Por el contrario, gobernadores fuertes querrán evitar la penalidad de ir enganchados a una boleta que reunirá pocos votos.
El año que viene, además de presidente, diputados y senadores nacionales, elegiremos 22 gobernadores, legisladores provinciales y autoridades municipales en todo el país. El calendario de elecciones provinciales, su cronología y las posibles combinaciones con las elecciones nacionales es todavía incierto. Es que, atentos a las encuestas, los mandatarios provinciales aprovechan el margen de discreción que tienen para mejorar sus chances o minimizar riesgos propios y de la elección nacional en octubre. La especulación recién comienza; la ley de simultaneidad no los obliga a definirse hasta 60 días antes de las elecciones nacionales.
Los primeros movimientos ya comenzaron. La Ciudad de Buenos Aires, que por ley no podía elegir jefe de Gobierno en el mismo día que se elige al presidente, tras sancionar su Código Electoral podría por primera vez hacer coincidir sus elecciones con las presidenciales. La de la fecha es una de las dos cláusulas del Código que entran en vigencia en 2019. En Chubut, el gobierno había convocado elecciones para junio, pero en la Legislatura la oposición se unió para derogar la convocatoria. En Córdoba, se anunció que el gobernador enviará un proyecto de ley que suspende por única vez el artículo que fija 180 días de antelación para convocar la elección con la intención de celebrar los comicios el 12 de mayo.
En la provincia de Buenos Aires, aunque la ley electoral dice que las elecciones de todos los cargos provinciales y municipales deben celebrarse el mismo día, se habla de formar una comisión espe1cial de legisladores para evaluar la constitucionalidad de permitir que las elecciones municipales se desdoblen de las provinciales. Según reportan los medios, habría una alternativa: que la provincia celebre sus comicios en fecha distinta que las nacionales. Ninguna de las dos variantes tiene precedentes en ese territorio.
El uso estratégico del calendario electoral no es una novedad para los argentinos, pero sí es una singularidad de nuestro federalismo. Desde 1983, tuvimos solo dos elecciones donde hubo simultaneidad total. Luego, el calendario se fue haciendo cada vez más disperso, hasta que en 2015 la mitad de los distritos provinciales desdobló sus elecciones. En las demás federaciones del continente hay fecha fija para las elecciones estaduales, ya sea porque así lo define la ley nacional (Brasil) o porque las fechas están fijadas por las Constituciones o leyes estaduales (Canadá, Estados Unidos, México).
Un calendario de fecha fija le da previsibilidad al proceso electoral, equipara las condiciones de la competencia para oficialistas y opositores, y facilita la coordinación de los armados nacionales. El gobierno nacional puede proponer un mecanismo para facilitar la coordinación de las fechas. El desafío es que las provincias se autolimiten para tener procesos electorales más previsibles y equitativos.
Carolina Tchintian y María Page son directora e investigadora asociada, respectivamente, del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC.
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