Alcohol cero para menores de 21 años: un proyecto a medio camino

Nunca mejor aplicada la frase del vaso medio lleno o vaso medio vacío en una columna de opinión sobre alcohol. Porque esa es la sensación que queda luego de que el Senado de la provincia de Buenos Aires diera media sanción al proyecto de alcohol cero al volante, presentado por el legislador Federico Susbielles (UC) y acompañado también por el senador Walter Lanaro (Cambiemos).

Lleno, porque por fin se empieza a debatir la necesidad de avanzar hacia una modificación del Código de Tránsito provincial (ley 13927), y en la ley nacional de tránsito 24449, en materia de tolerancia cero a la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. La media sanción establece que tanto los principiantes como los menores de 21 años no podrán manejar si bebieron, no importa la cantidad que sea. Del 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre hasta ahora permitidos, el límite será cero. Y para todas las edades, el proyecto agrava significativamente las multas y las inhabilitaciones por infringir la norma vigente. Si de empezar a instalar un cambio cultural se trata, bienvenido sea este enfoque parcial.

Lleno, porque de forma indirecta se pone el ojo en una franja etaria vulnerable y su problemática relación con la ingesta de alcohol y los riesgos asociados. En tiempos de una epidemia como lo es el uso del alcohol en menores, especialmente en términos de los actuales patrones de ingesta abusiva, cualquier norma que ayude a establecer un freno adicional a este tipo de conductas debe ser celebrada. Proteger a los menores de edad de los efectos nocivos del alcohol debiera ser la madre de todas las batallas.

Lleno, porque si bien podría discutirse la relación entre edad y conducción inexperta, el alcohol (en cualquier cantidad) es claramente un factor que provoca cansancio, potencia la pérdida de reflejos y lleva a situaciones de conducción temeraria. Cualquier consumo, por más mínimo que sea, reduce los reflejos y los tiempos de reacción, y pone en peligro la vida no solo de quien conduce, sino también la de terceros. Y según las estadísticas oficiales, casi uno de cada cuatro siniestros viales involucró a jóvenes de entre 15 y 24 años.

Vacío, porque la fundamentación del proyecto final es endeble y nos deja a medio camino. ¿Por qué 21 años? El corte parece sumamente arbitrario, carece de validación empírica, y roza lo estigmatizante. La irresponsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol es la misma a cualquier edad. Los riesgos y las consecuencias son las mismas. Los daños a terceros son los mismos a cualquier edad. Para salvar vidas no puede haber distinciones de edades. No es lógico que a los mayores de 21 años se les siga permitiendo conducir con hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, y que la potencialidad de un accidente siga igual de latente. No es lógico.

Vacío, porque la norma cae en ligeras incongruencias. Si de inexperiencia se trata, ¿por qué no mejor discutimos si los menores a partir de los 16 años tienen la madurez y la capacidad suficiente como para obtener una licencia de conducir? Si de consecuencias físicas del consumo de alcohol en adolescentes se trata, ¿por qué no debatimos la norma que fija en 18 años el límite permitido para el consumo y la venta de alcohol, elevamos en tres años la edad mínima y fortalecemos los controles para velar por su cumplimiento? Si de ampliación y reivindicación de derechos se trata, ¿no es incongruente que se utilice el argumento de que los menores de edad deberían poder acceder a espacios de nocturnidad en la provincia de Buenos Aires (hoy prohibido por la ley 14050), porque ya pueden manejar un auto y sufragar desde los 16 años, pero al mismo tiempo se les establezca una limitación caprichosa en términos de alcohol y conducción?

Vacío, porque el proyecto original del senador Susbielles contemplaba el alcohol cero para todos los conductores, sin excepciones ni condicionamientos. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), esta medida ya rige en provincias como La Rioja, Salta, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos y algunos municipios cordobeses. Y en Mar del Plata, el intendente Arroyo decretó recientemente la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una presencia de alcohol en sangre superior a cero miligramos, o "bajo el consumo de estupefacientes y/o psicotrópicos y/o cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud de conducir".

La provincia de Buenos Aires habría avanzado en sumarse esta interesante normativa si no hubiera sido por la presión del bloque Cambiemos (a expensas del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich), que condicionó el tratamiento y la aprobación del proyecto a la introducción de modificaciones que, a mi entender, solo protegen los intereses de la industria del alcohol (y otros grupos económicos) y nos dejan a medio camino. Lo mismo sucedió con la fallida e idéntica iniciativa del ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que nunca prosperó. Lo mismo sucedió con el proyecto de la Asignación Universal por Hijo en el Deporte, que se iba a solventar con impuestos al alcohol y a las bebidas azucaradas. Lo mismo sucedió con el último intento de modificación tributaria sobre los gravámenes a las drogas legales. Repudio cualquier traba u objeción lobbista a iniciativas que apuntan, en su espíritu y esencia, a evitar tantas muertes evitables en nuestro país. Porque los vicios son privados pero los daños suelen ser públicos. Muy a menudo, irreparables.

El autor es analista, investigador y consultor en asuntos de políticas sobre drogas. Licenciado en Comunicación Periodística (UCA) y magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social (Flacso).