Quiero anticipar en esta columna los motivos por los cuales voy a votar a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que encabezo con mi firma.

En primer lugar, sentimos que en esta sesión tendremos una oportunidad histórica para poder avanzar en el derecho que tienen las mujeres a la autonomía sobre sus propios cuerpos. Logramos llegar a esta instancia luego de la lucha incesante que desde el regreso de la democracia venimos realizando con el movimiento de mujeres.

Debatir sobre aborto legal implica discutir políticas públicas de sanidad. Implica que el Estado asuma que ya hay un debate instalado en la sociedad y que debe ser atendido con la seriedad que se merece por quienes asumimos un compromiso de representación legislativa. Implica entender que discutimos sobre aborto legal o aborto clandestino.

En esta discusión, debemos derribar mitos, como, por ejemplo, que la legalización del aborto implicaría que más cantidad de mujeres aborten solo por el hecho de que sea legal. Existe una larga historia que contradice esa creencia. En los países donde el aborto se encuentra legalizado no han crecido las cifras de mujeres que abortaron, solo se ha reducido la muerte de esas mujeres que decidieron hacerlo.

Por otro lado, ninguno de los movimientos que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsamos que las mujeres aborten. En efecto, el lema de la campaña justamente reza: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". La legalización del aborto es el reconocimiento de que las mujeres abortan aunque esté prohibido y que la inseguridad que deviene de la clandestinidad de la práctica hace que las mujeres, principalmente las más vulneradas socioeconómicamente, mueran en el intento.

El Estado, a su vez, debe acusar recibo de que la ley de educación sexual integral no se aplica en forma universal y eficiente en las escuelas. Conclusión que surge de los datos estadísticos elaborados por el Movimiento de Mujeres MuMaLá y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI). Según estos trabajos, el 99% de los jóvenes opina que deben recibir educación sexual integral en las escuelas; el 70% desconoce la ley de educación sexual integral (ESI); y los jóvenes recibieron menos de dos horas cátedra al año de educación sexual integral durante su secundario.

Tampoco se cumple en su totalidad la ley de nacional de salud sexual y procreación responsable, la información sobre los distintos métodos anticonceptivos no siempre es brindada en forma libre, como así tampoco el derecho de las mujeres de elegir el método de cuidado para poder gozar plenamente de su sexualidad.

Por ello, el Estado no puede estar solo presente al momento de prohibir y criminalizar a la mujer que ha llegado al extremo de tener que recurrir a un aborto porque las instancias anteriores han fallado de alguna manera.

Por eso decimos que el debate acerca de la interrupción voluntaria del embarazo constituye la principal deuda de la democracia argentina. Esa deuda debe ser asumida por el Congreso de la Nación, que es quien tiene en sus manos la llave para otorgar un derecho a todas las mujeres y que reclama la sociedad en su conjunto. Depende de todos los legisladores estar a la altura de los reclamos de quienes representamos.

La autora es diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires (Libres del Sur).