La jueza María Romilda Servini asestó un nuevo golpe al alicaído peronismo con una orden de intervención.
El fallo curiosamente justifica la medida por la "crisis institucional" que le produjo al PJ las derrotas electorales de 2015 y 2017.
Si esa fuera la verdadera razón todos los partidos deberían haber sido intervenidos desde el crepúsculo de la última dictadura militar hasta la fecha.
En el escrito, la jueza federal con competencia electoral sostiene que esas derrotas profundizaron las divisiones internas, cristalizadas en la competencia que algunos peronistas entablaron en las urnas contra los candidatos del propio PJ.
Se trata de una extraña disquisición de Servini sobre un fenómeno que de nuevo no tiene nada. Ya en las presidenciales del 2003 el peronismo se presentó dividido en tres fórmulas, encabezadas por Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá.
Es más, a diferencia de entonces, ahora existe un ordenador al que se puede echar mano, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Los que deciden disputar poder dentro del partido tienen esa herramienta de democracia participativa, que revitaliza el voto soberano, aunque, hay que decirlo, las conducciones suelen optar por el dedazo para consagrar candidaturas. En tanto, los que buscan sacar ventajas electorales utilizando otros sellos son susceptibles de sanciones, de acuerdo a lo que establece el estatuto del PJ.
Sea deliberada, o producto de la falta de timing, la intervención se produce justo en un período donde la mayoría de las corrientes internas muestra vocación por llegar a la unidad. De hecho, hubo reuniones públicas en pos de un acuerdo en la Capital, San Luis, y Catamarca, por nombrar algunas de ellas.
La jueza no solo sorprende con argumentos que exceden su competencia –en el escrito recurre a las Veinte Verdades de Perón, como si se tratara de un manifiesto político– sino también al entronar a Luis Barrionuevo como flamante interventor del partido.
En ningún párrafo explica el porqué de semejante decisión, tan abrupta como discrecional. El único enlace es que uno de los promotores de la cautelar es Carlos Acuña, el triunviro de la CGT que responde al líder gastronómico.
En tal caso, la magistrada comete un pecado infantil al nombrar para el cargo a una persona que es parte interesada en vez de a otra imparcial, como exige la ley. Abusa de sus prerrogativas, zambulléndose en la interna del PJ sin ningún tapujo.
Servini, cuando todavía era Servini de Cubría, echó fama en 1992, gracias al cantito "la jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay" que entonaban celebridades del momento.
El coro se reunió ad hoc para repudiar un acto de censura previa de la magistrada, que no dejó emitir un segmento del programa de Tato Bores donde la nombraban.
Fue el primer episodio de censura, de esta característica, desde el retorno de la democracia.
Servini dictaminó otras medidas resonantes en su extensa carrera judicial . Pero volvió a ser noticia el año pasado por declarar que estaba siendo presionada por el gobierno. Por eso muchos peronistas tradujeron la intervención del partido como una manera de comprar tranquilidad.
En los mentideros políticos se especula que detrás del fallo estuvo la mano de Mauricio Macri (¿a través de su brazo ejecutor, Daniel Angelici?), producto del oscilante vínculo del presidente con "Luisito". A esa especulación le dio tono de denuncia pública José Luis Gioja.
Es difícil comprobar lo que por estas horas agita el desplazado presidente del PJ, tan difícil como aquello que azuza Máximo Kirchner, quien asocia el fallo judicial a la reunión del peronismo anti-K en Gualeguaychú, encabezada por Miguel Ángel Pichetto y seguida de cerca por Eduardo Duhalde.
Nada de esto, de todos modos, impide observar las incongruencias del escrito de Servini.
Nombrar a Barrionuevo para dar organicidad al PJ es como poner a la verborrágica Natacha Jaitt al frente de un convento de clausura.
El gastronómico es un inorgánico por naturaleza. No acata los mandatos de la CGT ni del PJ, y desautoriza a sus conducciones cada vez que se lo propone.
Se acomoda al calor del poder, como todo ubicuo. Y se mueve en las sombras, como demostró al congeniar con Enrique"Coti" Nosiglia aquel Pacto de Olivos que firmaron Carlos Menem con Raúl Alfonsín.
La jueza lo pone de interventor para dar mayor institucionalidad, estabilidad y transparencia al PJ. Lo hace con una medida cautelar, no de fondo pero sí de cumplimiento inmediato.
¿Puede dar institucionalidad una persona que quemó urnas en Catamarca cuando fue inhabilitado para competir como gobernador?
¿Puede asegurar estabilidad un dirigente que vaticinó que el gobierno no terminaría su mandato si éste atacaba a los sindicatos?
¿Puede dar transparencia quien dijo que "hay que dejar de robar por dos años"?
Porque, vale recordarlo, Barrionuevo nunca pidió cambiar la cultura del choreo. En aquella oportunidad solo bregó por una pequeña pausa, un respiro, un changüí.
Pero al margen de sus dislates, ¿cumple el sindicalista con los requisitos legales para ser interventor? ¿Integra la lista de auxiliares de la justicia del Colegio Público de Abogados? La respuesta es no.
A Barrionuevo poco le interesa. Su única preocupación por estas horas es reunir a todos los "compañeros" para que el peronismo vuelva al poder en el 2019.
Sin embargo, cuando le preguntan si ese llamado incluye al kirchnerismo, su negativa es tajante porque –dice– Cristina armó Unidad Ciudadana.
No parece ser la mejor respuesta si se tiene en cuenta que Sergio Massa también creó un partido por fuera del PJ, que es el Frente Renovador, y que el líder gastronómico ya dijo que lo espera con los brazos abiertos.
Claro, en el massismo está su mujer Graciela Camaño, quien también se ufana de tener "sangre peronista", aunque se muestra más sensata que el sindicalista sobre la aventura de la intervención.
Porque para él, se viene un "PJ unido".
Pero para ella, lo que se viene es un "lindo kilombo".
Y el kilombo en el justicialismo ¿a quién le es funcional?
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