La situación política y económica en Venezuela es cada día más intolerable y la erosión del orden democrático, más que evidente; además de sufrir un dramático deterioro de los derechos sociales y económicos. Las libertades individuales y de expresión también están comprometidas. Las detenciones arbitrarias van en aumento. Hay hoy más presos políticos que cuando comenzó la mesa del diálogo político propiciado por la Santa Sede. Las denuncias públicas advierten 110 casos, aunque el número es difícil de precisar porque muchos otros fueron detenidos por simplemente protestar en una cola de alimentos. Más de dos mil personas se encuentran en libertad condicional o vigilada. La mayoría de los detenidos no han gozado del debido proceso y fueron encarcelados por participar en manifestaciones públicas de la oposición o por ser disidentes contra la errática política económica y social o por el grave debilitamiento democrático del país.
La organización no gubernamental The World Justice Project, que analiza el sistema judicial en 97 países, evalúa a la Justicia venezolana como "la peor del mundo", incluso por debajo de Zimbabue o Irán. Amnistía Internacional, por su parte, ha denunciado una cacería de brujas en Venezuela a través de un patrón sistemático de abusos contra quienes se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Al Hussein, también ha destado la preocupación de la ONU por el "alto grado de represión a la oposición y a grupos de la sociedad civil, arrestos arbitrarios y excesivo uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos".
Venezuela ha negado la petición de visita de expertos en derechos fundamentales, en particular del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o el relator sobre la cuestión de la tortura del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU desde que Leopoldo López fue encarcelado. Venezuela comparte con Siria, Bielorrusia e Irán el condenable rechazo a la cooperación internacional en materia de derechos humanos.
La crisis de los derechos humanos en Venezuela requiere de mayor acción internacional para que el gobierno garantice la independencia del Poder Judicial conforme a estándares internacionales. También que cumpla con las obligaciones asumidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es parte. Asimismo, se le debería exigir a Caracas el regreso a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La gravedad de la situación en Venezuela no permite más demora. La liberación de los presos de conciencia debe ser una prioridad como es el caso, entre otros, de Leopoldo López. Es hora de que Venezuela restaure con urgencia el Estado de derecho y la independencia e imparcialidad de la Justicia, así como garantizar la libertad de expresión y de movimiento de periodistas y opositores.
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