Los niños soldados de las FARC

Los estatutos de Roma por los cuales se rige la Corte Penal Internacional establecen que es un crimen de guerra "reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades". Uno de los muchos crímenes en los que han marcado pautas las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) ha sido el secuestro y el reclutamiento por diferentes medios de niños de ambos sexos.

El alistamiento forzoso o por medio del engaño de estos menores para ser convertidos en soldados o terroristas, también para satisfacer los bajos instintos de muchos de los caudillos de la narcoguerrilla, se remonta a los tiempos en que mandaba Manuel Marulanda, "Tirofijo", quien dijo a un periodista que su agrupación dejaría de reclutar menores cuando terminara la guerra, y a la pregunta de qué iba a pasar con los menores, contestó, con la autoridad que confieren las armas: "¿Cómo que qué va a pasar? Pues van a estar en fila. No ven que hay una norma".

Según la Fiscalía colombiana, 11.556 niños han sido secuestrados por las FARC desde 1975. La captura de estos menores tenía diferentes propósitos. Servían como espías, de cobertura para operaciones y como combatientes. La Fiscalía ha documentado "151 casos de mujeres que fueron sometidas a prácticas como violaciones, esclavitud sexual, abortos y planificación forzada, secuestros y torturas", tal y como hacen los fundamentalistas islámicos.

Un estudio divulgado por la Universidad Sergio Arboleda refiere que el 47% de los actuales integrantes de las FARC ingresaron a esa guerrilla cuando eran menores de edad. No cabe dudas de que el adoctrinamiento impartido por los jefes de la agrupación fue efectivo si se aprecia que casi la mitad de sus integrantes son niños incorporados a la guerrilla violando la ley internacional.

Según el comandante guerrillero Félix Antonio Muñoz Lascarro, "Pastor Alape", los niños que no han sido entregados a las autoridades es por la preocupación que existe entre los insurgentes por el trato que recibirán cuando sean desmovilizados, en una palabra, los mismos que secuestraron a los menores, que entrenaron en el uso de explosivos y enseñaron a matar, están intranquilos por lo que les pueda suceder a los hoy niños soldados que crecieron lejos de sus padres y bajo condiciones de guerra.

El Gobierno y las FARC han trabajado en un programa para la atención de menores de edad, según Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", serán trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja y delegados de organizaciones sociales a lugares temporales de acogida previamente designados, después de que todos los guerrilleros se ubiquen en las zonas veredales transitorias de normalización.

Los menores serán recibidos en lugares de acogida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), con apoyo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y delegados del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), según el humanista "Timochenko", de esta manera los menores podrán iniciar "las fases de restablecimiento de derechos, reparación, reincorporación e inclusión social".

Con independencia de lo que puedan hacer el Gobierno y las FARC, la reincorporación a la sociedad de estos muchachos soldados demandará la colaboración de toda la comunidad colombiana, de instituciones como Unicef y de entidades especializadas de diferentes lugares del mundo.

Es inexplicable que más de cinco mil efectivos de las FARC hayan acudido a las denominadas zonas veredales como paso previo para entregar las armas y no hayan liberado a los jóvenes que sirven en sus filas, aunque han tenido el cuidado de que decenas de mujeres embarazadas y niños pequeños nacidos en las zonas que ocupaban estén ubicados en las franjas de refugio.

Las conversaciones de paz con el ELN acaban de iniciarse; esa agrupación también tiene niños soldados en sus filas, por lo tanto, al igual que las FARC, viola flagrantemente los estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo que es obligado preguntarse por qué un crimen tan repudiado y sancionado no tiene una atención especial del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.