Los manteros y la ocupación ilegal del espacio público

La cuestión de los manteros de plaza Miserere ha sido extensamente comentada en estos días. Sus detalles son conocidos por el público. Estas líneas no pretenden volver sobre un tema al que los medios asignaron una muy amplia cobertura, sino señalarlo como un episodio de un asunto más general, que es, entre otros, el uso del espacio público.

Como una secuela de la crónica dificultad que los argentinos tenemos para cumplir espontáneamente las leyes, muchos creen que el espacio público, como es de todos, puede ser usado por cualquiera de la forma que más le convenga. Es exactamente al revés: como es público y de todos, sólo puede ser usado de la forma en que todos lo decidimos. ¿Cómo lo hacemos? A través de las instituciones; en especial, a través de los órganos representativos surgidos de la voluntad popular.

La reiterada violación de las normas —en este caso, la instalación de puestos comerciales en lugares no admitidos, que no otra cosa son las mantas— no genera derechos adquiridos. Interpretarlo así sería sembrar en el Estado de derecho las semillas de su propia destrucción. Las leyes perderían fuerza obligatoria; no serían más que vagas recomendaciones. Cada sector, a su turno, se vería tentado a desconocerlas, ya que su incumplimiento sería, por lo menos, gratuito, y, con frecuencia, muy redituable.

Hacer cumplir la ley implica, cuando los infractores son recalcitrantes, la posibilidad del uso de la fuerza pública. Es esta atribución, como último recurso, lo que define al Estado, según la célebre caracterización de Max Weber. Hacer cesar la ilegalidad flagrante es un deber de las autoridades, para resguardo de la vigencia de las leyes y en protección de los ciudadanos que se atienen a ellas. De lo contrario, no regiría el principio republicano de igualdad ante la ley. El transgresor sería un privilegiado y el cumplidor, un "kelper" en su propio país.

La indignación de mucha gente ante la resistencia de los manteros a desalojar el espacio ilícitamente ocupado llevó a buscar enemigos donde no los hay. No es la nacionalidad de esos vendedores el problema, sino su desafío al orden jurídico. Sean peruanos o argentinos, deben deponer su actitud y someterse, como todos, al imperio de la ley. Del lado de estos, la invocación del derecho a trabajar no puede ser usada como un talismán para transformar en legal lo que no lo es. Los trabajos, como cualquier otra actividad, deben desarrollarse según las normas establecidas por las autoridades competentes.

Tales son los principios, que no están sujetos a negociación. Su aplicación práctica requiere de los gobernantes prudencia y mesura para evitar males mayores. Por eso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscó una solución que, sin alterar el necesario ejercicio de su imperium en el ámbito del espacio público, tuviera en cuenta las necesidades de quienes desde hace mucho tiempo se ganan la vida mediante esos quehaceres. Y lo hizo apelando al diálogo e incluyendo a la mayor cantidad de actores relevantes, como la cámara que reúne a los comerciantes legales, que son perjudicados por esa competencia desleal.

Firmeza en los principios, flexibilidad en las soluciones. Ejercicio racional, proporcional y disuasivo de la fuerza pública. Diálogo con todos los involucrados. Estos son algunos de los elementos que hemos visto en juego en las últimas horas, en el contexto de una realidad muy compleja, que obliga al empleo del trabajo coordinado y la inteligencia, antes que a la fácil emisión de eslóganes desde la comodidad de los sillones.