Daniel Ortega integra la lista de depredadores de la libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras

Daniel Ortega volvió a figurar entre los responsables señalados por ataques al periodismo independiente: Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo incluyó en su lista de 33 “depredadores de la libertad de prensa” de 2026, publicada el 2 de noviembre, en coincidencia con el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

La clasificación reúne a dirigentes, instituciones, fuerzas de seguridad, grupos criminales y empresas a los que la organización atribuye acciones contra periodistas y medios durante el año. RSF separó a los incluidos en cinco categorías —política, seguridad, judicial, económica y social— según los mecanismos que, a su juicio, utilizan para limitar el acceso a la información.

Ortega aparece entre los nombres recurrentes de la nómina, que la entidad presenta como un registro de actores que han promovido o ejecutado restricciones contra la prensa. La organización sostiene que las herramientas empleadas contra el periodismo abarcan asesinatos, detenciones, propaganda, campañas de desprestigio, presiones judiciales, vigilancia digital y medidas económicas contra medios.

La inclusión se produce después de años de denuncias sobre el cierre de espacios de expresión pública en Nicaragua, donde buena parte de los medios independientes trasladó sus operaciones fuera del país o dejó de funcionar. El Gobierno de Estados Unidos señaló en octubre que desde 2018 fueron cerrados al menos 58 medios de comunicación y se canceló la personería jurídica de más de 5,600 organizaciones no gubernamentales.

Los cuestionamientos internacionales contra el régimen de Ortega y la copresidenta Rosario Murillo exceden el ámbito de la libertad de prensa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió en septiembre sobre un “desmantelamiento casi total” de las instituciones democráticas y del Estado de derecho nicaragüense.

El informe abarcó el período entre junio de 2025 y junio de 2026. Según ese organismo, el poder quedó cada vez más concentrado en el Ejecutivo y el partido gobernante, mientras los controles institucionales perdieron autonomía. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también documentó casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal y confiscaciones de bienes.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2022, afirmó en septiembre que las autoridades utilizaron la desaparición forzada como un instrumento para reprimir la disidencia y controlar a la población. El equipo informó que registró 161 casos desde 2018, de los cuales 29 personas continuaban desaparecidas.

Ese grupo atribuyó al Estado la muerte bajo custodia de ocho personas detenidas por motivos políticos desde el inicio de la crisis. Entre ellas mencionó al ex diputado indígena Brooklyn Rivera y a Humberto Ortega, hermano del presidente. Los expertos pidieron que se informara el paradero de los desaparecidos, que se liberara a los presos políticos y que se investigaran las muertes en detención.

Expertos internacionales atribuyeron responsabilidades a la cúpula del poder

En un informe de junio, el Grupo de Expertos sostuvo que existían motivos razonables para considerar que desde abril de 2018 se cometieron crímenes de lesa humanidad, entre ellos encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, deportación y persecución por razones políticas.

El documento situó a Ortega y Murillo entre los responsables, en forma preliminar, de violaciones graves, sistemáticas y extendidas contra personas identificadas como opositoras o críticas del poder. También señaló que la persecución alcanzó a familiares de las víctimas y a nicaragüenses exiliados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el grupo de expertos de Naciones Unidas exhortaron en octubre a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a impulsar la restauración del Estado de derecho en Nicaragua. Ambos organismos reclamaron la reapertura de medios independientes, universidades, organizaciones civiles e instituciones religiosas que fueron clausuradas o intervenidas.

La presión diplomática también se reflejó en sanciones. El Consejo de la Unión Europea prorrogó el 9 de octubre sus medidas restrictivas vinculadas a Nicaragua hasta el 15 de octubre de 2027. Las medidas alcanzan a 21 personas y tres entidades, con congelamiento de activos y restricciones de viaje dentro del bloque.

Estados Unidos, por su parte, anunció en febrero sanciones contra cinco funcionarios nicaragüenses y en junio amplió las restricciones de visado para más de 100 integrantes del aparato estatal y sus familiares. Washington afirmó que sus medidas buscan responsabilizar a quienes considera implicados en la represión política, la persecución religiosa y el silenciamiento de medios y organizaciones civiles.

La lista de RSF no mide las condiciones generales de cada país, como lo hace su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Su propósito es identificar a personas y estructuras a las que atribuye responsabilidad directa por los ataques contra el derecho a informar y a recibir información.