La mayoría de las personas supervivientes de tortura documentadas por el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura tenía menos de 40 años cuando fue detenida. El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reunió 158 casos registrados durante cinco años de represión.
El grupo más numeroso fue el de personas de entre 19 y 29 años, con 63 casos. Otras 55 víctimas tenían entre 30 y 39 años al momento de ser privadas de libertad.
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La documentación señala que 120 de las 158 personas analizadas no habían cumplido 40 años. El reporte incluye a estudiantes, profesionales, agricultores, docentes, conductores, trabajadores de la construcción, personas defensoras de derechos humanos y jubiladas.
El informe concluye que las torturas denunciadas afectaron principalmente a jóvenes vinculados de distintas formas con las protestas de abril de 2018. La investigación ubicó casos en 31 municipios de 14 departamentos, con métodos físicos, psicológicos y sexuales que, según el Observatorio, respondieron a una práctica sistemática y generalizada contra personas consideradas opositoras.
Del total de víctimas, 130 eran hombres y 28 mujeres, incluida una mujer trans. Dos de los hombres eran menores de edad cuando fueron detenidos.
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Los dos adolescentes permanecieron al menos un mes privados de libertad sin poder ver a sus familiares. De acuerdo con el informe, ninguno fue sometido a un proceso judicial.
Nueve personas adultas mayores denunciaron torturas tras su detención
El Observatorio también documentó nueve casos de personas de entre 60 y 69 años. Las capturas de ese grupo ocurrieron entre 2018 y 2022 en Matagalpa, Masaya, León, Rivas y Managua.
Siete de esas nueve personas tenían enfermedades o padecimientos antes de ser arrestadas. El registro incluye diabetes, hipertensión, problemas renales, hernias discales, afecciones cardíacas, insomnio, trastornos gástricos y antecedentes de cáncer.
En 43 de los 158 casos había condiciones de salud preexistentes. La hipertensión, la diabetes y los problemas renales fueron los padecimientos más frecuentes entre quienes después denunciaron falta de medicamentos o atención médica.
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El documento señala que 39 víctimas tenían título de licenciatura antes de su arresto. Otras 31 estudiaban secundaria o una carrera universitaria, mientras que ocho contaban con formación técnica.
La afectación alcanzó también a los núcleos familiares. Muchas de las personas detenidas sostenían económicamente a sus hogares con empleos formales o informales y sus parientes debieron afrontar gastos de traslado, paquetería y búsqueda de información.
El hostigamiento previo fue denunciado por 123 personas
La participación en las protestas iniciadas en abril de 2018 aparece como un elemento común. De las 158 personas documentadas, 153 habían participado en manifestaciones, plantones, pintas o denuncias en redes sociales.
Antes de ser detenidas, 123 víctimas denunciaron amenazas, vigilancia, asedio u hostigamiento. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más consideró que esos antecedentes reflejan un esquema de seguimiento contra personas identificadas como críticas u opositoras.
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El informe sostiene que la tortura comenzó, en numerosos casos, desde las propias capturas. Un total de 136 personas denunciaron detenciones violentas, equivalentes al 86% de los expedientes examinados.
Los testimonios describieron golpes, empujones, arrastres, amenazas de muerte, insultos e intimidación con armas. En siete casos, las víctimas denunciaron que agentes policiales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños presentes durante los operativos.
La Policía Nacional fue señalada como participante en la mayoría de las detenciones recopiladas. El informe también registró la intervención de agentes paraestatales y, en al menos cuatro casos, de efectivos del Ejército.
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Los testimonios ubicaron actos de tortura en centros policiales y penitenciarios
El Observatorio identificó denuncias en 33 centros policiales de 29 municipios. La investigación también abarcó siete establecimientos penitenciarios, centros clandestinos o irregulares y los edificios conocidos como Chipote Viejo y Chipote Nuevo.
De los 158 casos analizados, 151 fueron clasificados como tortura física, psicológica o ambas. Los otros siete correspondieron a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El informe plantea que la distribución geográfica de las denuncias permite advertir una práctica extendida. Los hechos fueron documentados en 14 departamentos y en dos regiones autónomas del país.
Según la organización, las detenciones y los malos tratos no se limitaron a los primeros meses de las protestas. Los expedientes reunidos abarcan hechos ocurridos entre 2018 y 2023.
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El reporte sostiene que la represión evolucionó con el paso del tiempo. En los primeros años predominó la violencia física, mientras que después aumentaron las prácticas orientadas a afectar la salud mental y emocional de las personas detenidas.
Las golpizas fueron la forma física de tortura más denunciada
El Observatorio identificó más de 40 métodos o formas de tortura en los testimonios. Las golpizas fueron la práctica física más frecuente: 130 personas denunciaron haberlas sufrido durante la captura, los interrogatorios o la reclusión.
Los relatos describieron fracturas de nariz, brazos y costillas, problemas auditivos y pérdida de piezas dentales. Al menos 73 víctimas denunciaron golpes con culatas de fusiles, cachas de armas, hierros, ladrillos, anillos, tonfas u otros objetos.
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Un total de 15 personas denunciaron descargas eléctricas. Las víctimas refirieron que estos choques fueron aplicados, principalmente, en brazos y piernas, aunque el informe también recoge denuncias sobre agresiones en los genitales.
El documento registró 18 casos de quemaduras. Los métodos referidos incluyen cigarrillos, plástico negro derretido, líquidos no especificados y planchas calientes.
Al menos 17 personas denunciaron tortura por suspensión. Los testimonios describieron a víctimas colgadas de manos, pies o ambas extremidades, en ocasiones mientras recibían golpes.
Doce personas reportaron asfixia seca o húmeda. Los métodos señalados fueron la colocación de bolsas plásticas sobre la cabeza y la inmersión de la cabeza en recipientes con agua.
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El informe también registró arrastres, esposas excesivamente ajustadas, baños de agua fría, disparos, desprendimiento de uñas, estrangulamientos y lesiones con cuchillos o agujas.
Las amenazas contra familiares fueron un mecanismo de presión
Las amenazas de muerte fueron denunciadas por 84 personas. En otros 46 casos, las advertencias se dirigieron contra familiares, incluidos hijos, hijas y otros parientes cercanos.
Las víctimas relataron que eran amenazadas con detenciones, torturas, asesinatos o desapariciones de sus familiares. El informe señala que, en algunos interrogatorios, los agentes mostraban fotografías de hijos e hijas para aumentar la presión.
Los tratos verbales degradantes fueron denunciados por 102 personas. Los testimonios incluyen insultos y expresiones que las estigmatizaban como delincuentes, terroristas, golpistas o traidoras.
Nueve víctimas denunciaron simulaciones de ejecución. Según esos relatos, fueron arrodilladas, apuntadas con armas y sometidas a disparos que no impactaron sus cuerpos.
La incomunicación, la falta de visitas y el aislamiento también aparecen como métodos recurrentes. Un total de 66 personas denunciaron aislamiento coactivo y prolongado, incluso en más de un centro de detención.
La privación de alimentos o agua fue reportada en 56 expedientes. Otras 86 personas denunciaron restricciones a medicamentos o atención médica, pese a que varias requerían tratamientos por enfermedades crónicas.
El informe describe, además, condiciones de hacinamiento, calor, humedad, plagas, falta de higiene, agua contaminada y alimentos en mal estado. Para el Observatorio, esos factores profundizaron el sufrimiento físico y emocional de las víctimas.
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