El líder opositor Juan Sebastián Chamorro considera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cumplirá las demandas planteadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para restablecer las libertades y abrir un proceso de diálogo en Nicaragua.
En declaraciones recogidas por Despacho 505, Chamorro advirtió que el incumplimiento dará paso a una nueva etapa de presión internacional contra el régimen nicaragüense.
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La propuesta que será discutida por los cancilleres de la OEA el 2 de octubre establece un plazo de 30 días para que el régimen busque un diálogo y comience a cumplir una lista de demandas relacionadas con la situación política del país. Si no se registran avances, el documento contempla una escalada gradual de acciones en los ámbitos diplomático, económico, financiero y multilateral.
“El régimen muy probablemente no tomará ninguna de las acciones recomendadas, eso se puede ver venir”, afirmó Chamorro, según consigna Despacho 505. El dirigente opositor sostuvo que, si Ortega y Murillo desoyen las exigencias, Nicaragua y la comunidad internacional ingresarán en “una nueva etapa de relación”, marcada por “acciones concretas y específicas” contra el régimen.
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El opositor señaló que las medidas posteriores todavía no están definidas en la propuesta. Sin embargo, dijo que habría preferido que el documento estableciera desde ahora cuáles serían las acciones que seguirían a un eventual incumplimiento.
Las demandas planteadas al régimen
La primera exigencia presentada formalmente por las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Perú consiste en liberar a todos los presos políticos y revelar el paradero de las personas en condición de desaparición forzada. El documento también plantea restituir la ciudadanía a 452 opositores despojados de su nacionalidad, además de restablecer los registros civiles y los derechos de los nicaragüenses declarados apátridas.
La lista incluye la restitución de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. También exige permitir el regreso de los medios de comunicación y devolver la personalidad jurídica a las organizaciones de la sociedad civil ilegalizadas.
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Entre las demandas figura, además, revertir las reformas constitucionales y devolver las propiedades y otros activos confiscados, incluidos los bienes de medios de comunicación. El borrador plantea retirar de Nicaragua al personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad de países extranjeros cuya presencia, según el documento, representa una amenaza para la seguridad hemisférica.
Chamorro interpretó la propuesta como una advertencia directa al régimen nicaragüense. “Yo diría que se trata de una advertencia que le hace la OEA a los dictadores”, sostuvo el dirigente, quien no espera que Ortega y Murillo rectifiquen su conducta.
“Aunque hubiéramos preferido o querido que la resolución ya incluyera estas acciones de este plan, esta resolución, este borrador, es un paso a favor porque está dejando en evidencia a la OEA que fueron advertidos los dictadores”, agregó.
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Un proceso con plazos definidos
Si la resolución es aprobada durante la reunión de cancilleres del 2 de octubre, el primer paso será crear un “Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua”. El organismo estará integrado por Estados miembros designados por la presidencia de la OEA, con una representación geográfica equitativa y el respaldo de la Secretaría General.
El grupo deberá abrir un canal directo con el régimen y buscar “un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses”. Esa gestión podría incluir una visita a Nicaragua encabezada por ministros de Relaciones Exteriores.
El mecanismo tendrá un plazo limitado. En un máximo de 30 días, el grupo deberá entregar a la presidencia un primer informe con sus recomendaciones, evaluar la respuesta del régimen y proponer los pasos siguientes.
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La resolución también mantiene abierta la posibilidad de convocar la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores dentro de 45 días, o antes si las circunstancias lo justifican. En esa instancia, los países miembros podrían decidir nuevas medidas en los ámbitos diplomático, político, económico, financiero e institucional multilateral.
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