La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Nicaragua que adopte medidas para determinar el paradero de E.J.F.C. y de sus hijas, C.M.F. y M.M.F., luego de concluir que las tres se encuentran en una situación de “gravedad, urgencia e irreparabilidad”.
La resolución, aprobada el 17 de septiembre de 2026, establece que el Estado debe proteger la vida e integridad personal de las beneficiarias, precisar su situación jurídica e informar si están bajo custodia estatal. También exige que se permita el contacto con familiares y representantes legales.
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Según el expediente analizado por la CIDH, organismo interamericano de protección de derechos humanos, la madre y una de las hijas, de 13 años, permanecen desaparecidas desde el 21 de marzo de 2025. La otra niña, de ocho años, se encontraría sometida a vigilancia permanente dentro de su casa, sin posibilidad de salir, asistir a clases ni mantener comunicación con el exterior.
Paradero y condiciones de detención
La Comisión requirió a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para establecer dónde están las tres víctimas. El organismo pidió que, en caso de que se encuentren detenidas, el Estado informe el lugar de reclusión, sus condiciones actuales y las razones de la privación de libertad.
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La resolución también solicita que las autoridades autoricen visitas y contacto regular con familiares y abogados de confianza. Además, ordena concertar las medidas de protección con la beneficiaria y sus representantes, e informar sobre las investigaciones destinadas a esclarecer los hechos y evitar su repetición.
El Estado no respondió a un pedido de información enviado por la CIDH el 25 de agosto de 2026, según consta en el documento. Para la Comisión, esa falta de respuesta impide verificar si los riesgos denunciados disminuyeron o si las tres mujeres continúan expuestas.
Antecedentes de persecución familiar
El caso se inscribe en una historia de persecución contra integrantes de la familia. La solicitante indicó que en 2005 el hermano de E.J.F.C. denunció al presidente Daniel Ortega por violencia sexual contra su hermana. Ocho años después, el hombre se convirtió en uno de los primeros detenidos por razones políticas en Nicaragua, de acuerdo con el expediente.
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La CIDH señaló que el familiar fue torturado durante su encarcelamiento y luego asesinado en 2021. Desde entonces, la familia habría sufrido hostigamientos, vigilancia y amenazas atribuidas a agentes estatales.
La documentación menciona que E.J.F.C. estuvo bajo observación de personas vinculadas a la Secretaría del Gobierno, así como de integrantes del Ejército y la Policía. La vigilancia, según la denuncia, alcanzó sus movimientos cotidianos, las entradas y salidas de su vivienda y la actividad de quienes trabajaban en la casa.
En abril de 2015, agentes de la Policía Nacional habrían interceptado a E.J.F.C. junto con su hija, la golpearon, la amenazaron y le advirtieron que podía ser enviada a prisión o a un hospital psiquiátrico si continuaba con sus reclamos.
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Desaparición tras una operación policial
La resolución recoge que el 21 de marzo de 2025 E.J.F.C. llamó a su madre para advertir que se había incrementado la vigilancia sobre ella y sus hijas. Dijo que el número de vehículos con agentes gubernamentales pasó de tres a seis y que temía por la seguridad de la familia.
Esa misma noche, durante una llamada telefónica, la mujer afirmó que policías y otros agentes estatales habían entrado de forma violenta a su vivienda. La comunicación se interrumpió después de que se escucharan voces masculinas que la insultaban y la acusaban de ser “golpista” y “terrorista”.
Al día siguiente, agentes de seguridad irrumpieron en el negocio de E.J.F.C., llamado “La Floresta”, sin orden judicial, de acuerdo con la denuncia. Se llevaron documentación y advirtieron a los trabajadores que podrían sufrir el mismo destino si hablaban de lo ocurrido. Desde entonces, los familiares no lograron conocer el paradero.
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La Policía Nacional de Managua habría rechazado registrar una denuncia presentada por un familiar, según la información remitida al organismo interamericano. Dos meses más tarde, la misma persona volvió a solicitar datos sobre la investigación y recibió una respuesta burlona de funcionarios policiales, siempre según el expediente.
La hija menor, aislada y bajo vigilancia
La situación de M.M.F., de ocho años, fue uno de los puntos centrales de la resolución. La CIDH recibió información de que la niña quedó bajo custodia y vigilancia de agentes estatales dentro de la casa de su madre, sin acceso a la escuela, actividades recreativas ni contacto con sus familiares.
Extrabajadores de la vivienda indicaron que dos mujeres policías la visitaban todos los días y permanecían allí durante horas. También señalaron que la niña preguntaba constantemente por su madre y su hermana, lloraba y mostraba signos de deterioro emocional.
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La CIDH remarcó que las niñas y adolescentes requieren una protección especial y reforzada. El organismo sostuvo que la situación denunciada no constituye un hecho aislado. La resolución menciona el contexto de represión contra personas percibidas como opositoras al gobierno de Nicaragua, así como la continuidad de detenciones arbitrarias, hostigamientos, pérdida de nacionalidad y restricciones contra voces críticas.
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