El opositor Juan Sebastián Chamorro comparecerá el 30 de septiembre ante el Senado estadounidense por Nicaragua

El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro comparecerá el 30 de septiembre ante un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos para abordar la represión en Nicaragua y el proyecto S.5369, que ampliaría las sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La audiencia se realizará mientras la iniciativa bipartidista avanza en el Congreso, informó EFE.

El proyecto todavía no es ley: fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y deberá superar el trámite legislativo, ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y recibir la promulgación presidencial. La propuesta extendería hasta el 31 de diciembre de 2035 las facultades contempladas en la Nicaragua Investment Conditionality Act de 2018, conocida como NICA Act.

Chamorro anticipó que expondrá ante los senadores el estado de la represión y las consecuencias que, a su juicio, tiene el gobierno nicaragüense para la seguridad nacional estadounidense y hemisférica. “Efectivamente estaré compareciendo el día 30 en el subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del Senado, a propósito de la ley que están promoviendo los senadores Kaine y Cruz”, confirmó a 100% Noticias.

La sesión también contará con la participación de Eddy Acevedo, vicepresidente de la National Endowment for Democracy, y Deborah Ullmer, directora regional de programas para América Latina y el Caribe del National Democratic Institute.

Sanciones dirigidas al oro y al Instituto de Previsión Social Militar

La propuesta S.5369, denominada Restoring Electoral Fairness and Opposition Rights through Mandates for Accountability Act of 2026, fue presentada el 7 de agosto de 2026 por el senador republicano de Texas Ted Cruz, con el demócrata de Virginia Tim Kaine como copatrocinador. Los registros legislativos confirman que ambos enviaron la iniciativa al comité que analizará su contenido.

El texto incorporaría de forma expresa al sector aurífero nicaragüense entre las actividades que podrían dar lugar a sanciones estadounidenses. Operar o haber operado en esa industria se convertiría en una causal para aplicar las medidas previstas por la legislación.

También facultaría al secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro, para identificar otros sectores de la economía nicaragüense que podrían ser objeto de sanciones. La iniciativa amplía además el alcance hacia funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar, vinculado al Ejército de Nicaragua.

Las disposiciones incluirían causales relacionadas con persecución religiosa y procesos contra dirigentes políticos o integrantes independientes de la sociedad civil por acusaciones consideradas políticamente motivadas. El proyecto contempla, asimismo, determinadas operaciones que aporten bienes, servicios o tecnología de importancia para los gobiernos de Rusia o Irán.

La vigencia del marco sancionatorio podría finalizar antes de 2035 si el presidente de Estados Unidos certifica que Nicaragua cumple condiciones políticas y de derechos humanos. Entre ellas figuran la celebración de elecciones competitivas, libres y justas con observación internacional creíble; el cese de la violencia contra civiles atribuida a la Policía Nacional y a grupos armados respaldados por el Gobierno; e investigaciones independientes sobre las muertes de manifestantes.

La presión sobre las fuentes de recursos del gobierno nicaragüense

Chamorro sostendrá que las condenas, resoluciones y señalamientos internacionales han tenido efectos limitados cuando no derivan en medidas concretas. El dirigente opositor afirmó que el gobierno de Ortega y Murillo “no responde a señalamientos ni acusaciones ni a demandas ni a resoluciones, sino a acciones concretas”.

El exaspirante presidencial considera que esas acciones deben afectar “la capacidad de recaudar recursos materiales para continuar con la represión”. Ese será el eje de su intervención durante una audiencia centrada en los alcances de la iniciativa impulsada por Cruz y Kaine.

Al defender el proyecto, Cruz afirmó que se apoya en la NICA Act y busca responder a abusos de derechos humanos, persecución religiosa, represión política y manipulación electoral atribuidos al gobierno nicaragüense. Su oficina señaló que la ampliación de las sanciones alcanzaría a funcionarios, personas vinculadas al Gobierno y otros actores acusados de corrupción o vulneraciones de derechos, con una atención particular sobre las industrias que proporcionan recursos al poder político, incluido el oro.

Kaine planteó que la legislación otorgaría a Estados Unidos mayores facultades para sancionar a funcionarios nicaragüenses responsables de acciones contra los derechos humanos. El senador vinculó también la situación de Nicaragua con la estabilidad de Centroamérica.

La iniciativa obligaría al Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento del Tesoro, a informar al Congreso sobre la aplicación de las sanciones y a evaluar las condiciones necesarias para una eventual transición democrática en Nicaragua.