
Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala, permanece fuera de prisión desde octubre de 2025 pese a sus condenas por 31 años en los casos La Línea y Agua Mágica.
Una investigación de Agencia Ocote, confirmó que la ex vicemandataria se encuentra en su casa gracias a permisos médicos que un juez suplente extendió hasta nuevo aviso.
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La medida comenzó tras una cirugía de columna y mantiene a la exfuncionaria en su vivienda situada en la carretera a El Salvador. La segunda extensión fue concedida a mediados de marzo de 2026, dos meses después de la primera.
En tanto, el Sistema Penitenciario confirmó a Agencia Ocote que una resolución judicial fechada el 19 de marzo de 2026 autorizó a Ingrid Roxana Baldetti Elías a permanecer en su residencia sin un plazo definido.
La entidad indicó que la medida cumple las decisiones de los órganos jurisdiccionales y que cualquier cambio debe ser dispuesto por la autoridad judicial. También precisó que la vivienda se encuentra en el kilómetro 10,5 de la carretera a El Salvador, sin divulgar más detalles.
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Baldetti no recuperó su libertad: su salida de prisión fue autorizada el 23 de octubre de 2025 para una operación que incluyó el reemplazo de dos discos cervicales y uno lumbar. El juez suplente de Mayor Riesgo B, Eduardo Luis Orozco Pineda, concedió ese permiso por razones de salud.

La primera prórroga llegó en enero de 2026, cuando la defensa sostuvo que la intervención dejó a Baldetti con dificultades de movilidad. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó el padecimiento postoperatorio y el Sistema Penitenciario afirmó que no contaba con capacidad para atenderla en esas condiciones.
Con esos antecedentes, Orozco resolvió que siguiera en su casa. La exvicepresidenta fue sentenciada a 15 años de prisión por Agua Mágica y a 16 años por La Línea, aunque desde su captura, en agosto de 2015, solo ha cumplido diez años de condena.
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Una medida médica sin plazo de revisión conocido
La ausencia de una fecha pública para evaluar nuevamente el estado de salud de Baldetti generó cuestionamientos. El exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien dirigió las investigaciones en su contra, sostuvo que la atención médica es un derecho, pero reclamó controles sobre una medida excepcional que se prolonga.
“Por supuesto que Roxana Baldetti, como cualquier persona, tiene derecho a recibir la atención médica que necesite y, si esa atención no puede brindarse dentro del Sistema Penitenciario, el Estado debe garantizarla. Eso no está en discusión”, afirmó Sandoval a la Agencia Ocote.
El exfiscal advirtió que la situación debe revisarse de manera periódica por tratarse de una persona con dos condenas, otros procesos abiertos y una extradición autorizada a Estados Unidos. “Lo que me parece importante es que una medida de este tipo tenga controles estrictos y se revise periódicamente”, señaló.
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El Organismo Judicial y el Ministerio Público fueron consultados sobre si Orozco fijó un plazo para revisar la medida y verificar el estado de salud de Baldetti. Ninguna de las dos instituciones había respondido al momento de la publicación del medio.
La ex vicepresidenta enfrenta además los procesos de Cooptación del Estado y Plazas fantasma en el Registro de Información Catastral. A ello se suma una solicitud de extradición por narcotráfico por parte de Estados Unidos.
El 7 de marzo de 2026 también circuló en redes sociales una versión falsa sobre la muerte de Baldetti en prisión. Usuarios compartieron esquelas con su fotografía, aunque la exfuncionaria ya se encontraba en su residencia bajo autorización judicial.
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Los permisos de salud solicitados desde su captura
Baldetti renunció a la vicepresidencia el 8 de mayo de 2015, durante el escándalo de La Línea, una investigación revelada un mes antes por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue detenida el 21 de agosto de ese año en el hospital Centro Médico, adonde había ingresado tres días antes por quebrantos de salud.
Cinco días después, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez ordenó su prisión preventiva tras un análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Quedó ligada a proceso por asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Con el avance de las investigaciones, surgieron otros casos de corrupción que la vincularon. Desde su detención, Baldetti asistió a varias audiencias en la Torre de Tribunales con un cabestrillo en alguno de sus brazos, una circunstancia que le evitaba ser esposada.
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También solicitó en distintas ocasiones beneficios o permisos de salida por problemas de salud. En marzo de 2023 obtuvo autorización para recibir terapias cuatro días por semana dentro del proceso por Cooptación del Estado.
La jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, dispuso entonces que los tratamientos por problemas de columna se realizaran en su residencia con un médico privado. En octubre de 2024, dentro del caso La Línea, Baldetti consiguió libertad condicional con un dispositivo de geolocalización en el tobillo.
Sus abogados alegaron que padecía neuralgia que afectaba sus vértebras. La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó el beneficio, aunque recordó que la decisión dependía de los demás procesos que enfrentaba.
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En marzo de 2025 pidió arresto domiciliario ante el Tribunal de Mayor Riesgo C por el caso Agua Mágica. Los jueces rechazaron la solicitud al considerar que persistía el riesgo de fuga.
El mismo tribunal volvió a negar el beneficio en mayo de 2026, cuando Baldetti ya llevaba más de siete meses fuera de prisión por la autorización médica. Esa negativa no modificó el permiso que Orozco había concedido en el expediente a su cargo.
Un juzgado sin titular desde la salida de Miguel Ángel Gálvez
El puesto de juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo B quedó vacante tras la salida al exilio de Gálvez en noviembre de 2022. El exjuez fue criminalizado durante la administración de la exfiscal general María Consuelo Porras y por la Fundación contra el Terrorismo.
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Desde entonces, varios jueces ocuparon el cargo de manera temporal. Eduardo Orozco Pineda es juez suplente del juzgado desde mayo de 2025, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo nombrara inicialmente por tres meses.
Más de un año y cuatro meses después de esa designación, la Corte Suprema aún no había nombrado un titular para el juzgado y Orozco continuaba al frente. Rudy Esquivel, vocero del Organismo Judicial, explicó que la Corte puede asignar a un juez suplente de primera instancia donde lo considere necesario, conforme al artículo 80 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial.
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