Familiares de ocho guardabosques indígenas de la etnia mayangna que están detenidos en Nicaragua denunciaron “pésimas condiciones” de reclusión, falta de atención médica y restricciones a sus prácticas culturales dentro del Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, de acuerdo con EFE.
La denuncia fue difundida este viernes por la Fundación del Río, una organización ambientalista nicaragüense que fue ilegalizada por la dictadura y que ahora opera desde Costa Rica. La entidad afirmó que los familiares decidieron trasladar su testimonio a la ONG por temor a sufrir represalias.
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De acuerdo con la organización, los detenidos pertenecen a comunidades del territorio Mayangna Sauni As, ubicado en la reserva de biosfera de Bosawas, en el Caribe norte nicaragüense. Sus familiares sostienen que el estado de salud de los reclusos se deteriora debido a las condiciones dentro del penal.
Los detenidos denuncian falta de medicamentos y problemas respiratorios
Los testimonios recogidos por la Fundación del Río señalan que los guardabosques enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y recibir atención sanitaria. También reportaron problemas respiratorios, que atribuyen a que deben dormir sobre planchas de cemento.
La ONG añadió que el suministro de agua potable se interrumpe a diario y que la alimentación resulta limitada. Los familiares también denunciaron que los custodios impiden a los presos mantener algunas de sus expresiones culturales y religiosas, incluido el uso de la lengua mayangna.
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“Los familiares denuncian las pésimas condiciones de reclusión en que se encuentran los privados de libertad, situación que empeora cada vez la salud de los guardabosques”, afirmó la organización ambientalista.
Entre los indígenas que permanecen detenidos figuran Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Oliver y Evertz Bruno. Según Fundación del Río, fueron arrestados en operativos realizados entre 2021 y 2023.
Diez guardabosques fueron condenados tras una causa iniciada en 2023
En enero de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a 24 personas, identificadas por organizaciones ambientalistas como guardabosques comunitarios, por presunta invasión de territorios indígenas y ataques contra habitantes de la zona del Caribe norte.
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La Fiscalía les imputó los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales. Diez de los detenidos ya recibieron condenas, según los datos divulgados por Fundación del Río.
La ONG sostuvo que los acusados realizaban tareas de monitoreo y denuncia sobre la entrada de “colonos” a territorios indígenas. También documentaban la venta y el arriendo ilegal de tierras, así como actividades extractivas no autorizadas dentro de áreas bajo protección comunitaria.
Fundación del Río considera que las capturas se produjeron como represalia por el trabajo de defensa territorial que desarrollaban los guardabosques frente a invasores y actividades vinculadas con la explotación ilegal de recursos.
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Los familiares también reportaron vigilancia y amenazas sobre sus tierras
Los familiares de los detenidos afirmaron que han sido objeto de vigilancia, interrogatorios y registros en sus viviendas. Además, denunciaron la apropiación de sus tierras y expresaron temor a ser detenidos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha alertado que los pueblos indígenas de Nicaragua enfrentan riesgo de exterminio por la ocupación constante de sus territorios.
Según datos oficiales citados por EFE, los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua habitan 304 comunidades distribuidas en 23 territorios. La mayoría se encuentra en algunas de las zonas más aisladas y con mayores niveles de pobreza del país.
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