La vigilancia o control social ejercido por el Estado es percibido en el 83.2% de los participantes que respondieron la consulta realizada en junio de 2026 por Hagamos Democracia Nic-CR. Este dato central, recogido entre 400 personas de 40 municipios y distritos de Nicaragua, forma parte de un informe que aborda el ambiente social, político y económico del país desde la perspectiva ciudadana.
El documento, retomado por Diario La Prensa, señala que esta percepción de vigilancia coincide con reportes anteriores sobre control digital y presiones en el ámbito laboral. La organización explicó que los resultados fueron sometidos a un proceso de revisión para detectar y corregir posibles contradicciones, así como evitar duplicidades en la información antes de su análisis final.
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En el plano económico, el 58.6% de los encuestados indicó que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos mensuales. Por su parte, el 55.8% manifestó que no logra costear el valor de la canasta básica de referencia, mientras que el 71.5% percibió un aumento en los precios de esa canasta durante los últimos tres meses. Estos datos reflejan una preocupación constante por el costo de la vida y las dificultades económicas de los hogares nicaragüenses.
Percepciones sobre derechos humanos y ambiente político
El informe también documenta que, desde la crisis de 2018 y con mayor intensidad después de las elecciones de 2021, se han reportado detenciones arbitrarias, persecución política, cierre de organizaciones civiles, exilio de periodistas y una reducción del espacio cívico.
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Las reformas constitucionales aprobadas en 2024 y 2025 consolidaron un modelo de copresidencia y reforzaron la concentración de poder en el Ejecutivo, junto con leyes que fortalecieron los mecanismos de vigilancia y control de las comunicaciones.
En el ámbito de los derechos humanos, la consulta —la número quince que realiza la organización desde diciembre de 2022— muestra que el 99.5% de los participantes considera prioritario atender la situación de las personas presas por motivos políticos y cesar la persecución. Además, el 96.1% estima que la presión internacional podría contribuir a una transición democrática, aunque su impacto dependerá del escenario político vigente.
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Esta radiografía ciudadana permite comprender cómo la percepción de vigilancia, los desafíos económicos y las restricciones políticas influyen en la vida cotidiana del país. El informe resalta que expresarse libremente representa un riesgo para muchas personas y que la represión estatal continúa incidiendo en el ambiente social.
Valoraciones ciudadanas sobre elecciones y servicios públicos
En cuanto a las expectativas políticas, solo el 40.1% de los encuestados considera posible que en 2027 se celebren elecciones libres en Nicaragua, y únicamente el 27.2% participa activamente en la vida política o social. Según Jesús Tefel, presidente de Hagamos Democracia, la baja expectativa de cambio se asocia más con la presión internacional que con una posible apertura gubernamental.
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Respecto a los servicios públicos, la percepción negativa es predominante. El 84.5% evaluó desfavorablemente la atención en salud pública, y el 92.9% opinó lo mismo sobre la educación pública. Además, el 91.1% reportó haber observado prácticas de adoctrinamiento político en instituciones educativas, especialmente dirigidas a niños y jóvenes.
La organización aclara que esta consulta no equivale a una encuesta representativa de toda la población, sino que constituye un ejercicio de documentación de percepciones ciudadanas. Según Hagamos Democracia Nic-CR, el contexto de vigilancia y represión limita la expresión libre de opiniones y afecta la disposición de las personas a compartir sus experiencias en Nicaragua.
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