La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de Bayardo Arce, excomandante sandinista y exasesor presidencial, así como para su núcleo familiar.
Esta decisión surge tras constatar un riesgo grave y urgente para la vida, la integridad personal y la salud de Arce, quien permanece encarcelado en Nicaragua desde julio de 2025.
El organismo internacional señala que el exasesor enfrenta condiciones de detención que podrían causar un daño irreparable, según el análisis de la situación en el país.
Las medidas exigidas por la CIDH incluyen la protección integral de los derechos de Arce y la garantía de que el régimen de su privación de libertad sea compatible con estándares internacionales.
La Comisión ordenó una valoración médica inmediata para el exasesor, el suministro adecuado de medicamentos y la autorización para el contacto regular con sus familiares y representantes.
Estas disposiciones buscan responder de forma urgente a la situación de vulnerabilidad en la que, según el organismo, se encuentra el exasesor.
El caso de Bayardo Arce ha generado inquietud en el ámbito internacional y en organizaciones humanitarias. Según informó la agencia EFE, Arce, de 77 años y antiguo asesor de asuntos económicos y financieros en la Presidencia, fue declarado culpable en enero por la Procuraduría nicaragüense de estafar al Estado por cerca de USD 5.000 millones.
Su familia ha alertado sobre el deterioro físico que presenta desde su ingreso en prisión, donde, según la CIDH, permanece bajo régimen de aislamiento y sin acceso a atención médica para enfermedades crónicas.
Contexto de persecución y crisis en Nicaragua
La CIDH ha identificado un patrón de persecución dirigido tanto a Arce como a su entorno familiar. Tras la detención del exasesor, sus allegados habrían sido objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de hostigamiento por parte de agentes estatales.
El Estado de Nicaragua, por su parte, no proporcionó información ni respuesta a las solicitudes de la Comisión, lo que refuerza la preocupación sobre la ausencia de garantías procesales y de derechos en el caso.
El contexto nacional en Nicaragua agrava la situación de Arce. En los últimos años, al menos siete disidentes y críticos del Gobierno sandinista han muerto bajo custodia.
Entre ellos se encuentra Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente Daniel Ortega, quien falleció en septiembre de 2024 mientras cumplía arresto domiciliario en condiciones de incomunicación, tras expresar cuestionamientos sobre la “sucesión dinástica” en el país.
Desde el año 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social que se profundizó tras las elecciones generales de noviembre de 2021. En dichos comicios, el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en medio de acusaciones de represión, irregularidades y persecución a la oposición.
La situación de Bayardo Arce y las medidas cautelares otorgadas por la CIDH se inscriben en esta serie de episodios recientes que, según organizaciones humanitarias, evidencian un patrón de represión estatal contra voces críticas.
La preocupación internacional crece ante la persistencia de detenciones, la falta de transparencia y la ausencia de garantías para los derechos humanos en Nicaragua.
La exigencia de la CIDH al Estado nicaragüense es : garantizar protección, atención médica y respeto a los derechos fundamentales tanto para el exasesor como para su entorno familiar.
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