El gobierno de Nicaragua ha impuesto desde 2024 una prohibición sistemática sobre las procesiones públicas de Semana Santa, una medida que ha resultado en la cancelación de más de dos mil procesiones cada año durante tres años consecutivos.
De acuerdo con lo expuesto por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, entre 2023 y 2026 se han documentado más de 22,000 prohibiciones de actos religiosos vinculados a la Cuaresma y Semana Santa, consolidando un patrón de represión que afecta a la Iglesia Católica en todo el territorio nacional.
El medio Reuters ha confirmado que esta política ha transformado la práctica religiosa en el país y generado preocupación internacional. La ofensiva estatal contra la Iglesia Católica se intensificó tras las protestas sociales de 2018, cuando líderes religiosos ofrecieron refugio a manifestantes perseguidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde entonces, los ataques y restricciones han escalado, registrándose 971 agresiones contra católicos entre 2018 y 2024, con un pico de 275 incidentes en 2023, según AP. La persecución ha incluido profanaciones, atentados y una vigilancia constante sobre las actividades eclesiásticas.
El régimen de Daniel Ortega prohibió las procesiones de Cuaresma y Semana Santa en Nicaragua. Esta medida se produce después de que el presidente acusara a la Iglesia Católica de ser una "mafia" y una institución antidemocrática.
Prohibición de procesiones y vigilancia policial
El veto a las procesiones comenzó en 2023, año en que se documentaron 3,176 eventos religiosos suspendidos. En 2024 y 2025, la tendencia se mantuvo con 4,800 y 3,500 procesiones prohibidas respectivamente.
Para la Cuaresma de este año 2026, la cifra ascendió a 5,726 actos cancelados. Ante este panorama, la Policía Nacional no solo comunica las prohibiciones, sino que también desplegará entre 13,000 y 14,000 agentes alrededor de templos, vigilando el cumplimiento de las restricciones.
Estas prohibiciones afectarán las nueve jurisdicciones eclesiásticas de Nicaragua, incluidas la arquidiócesis de Managua y ocho diócesis. El impacto ha sido especialmente severo en Matagalpa, donde el obispo Rolando Álvarez fue encarcelado y luego exiliado. En esa región, aproximadamente el 70% del clero ha abandonado el país.
Las restricciones alcanzan procesiones emblemáticas como la del Domingo de Ramos, el Vía Crucis penitencial, festividades de Corpus Christi, Cristo Rey y otras devociones populares. También están prohibidas las representaciones teatrales de la Pasión, conocidas como “Judeas”, y procesiones tradicionales como la de San Lázaro en Masaya o el Vía Crucis acuático en las isletas de Granada.
Expulsiones y cierre de instituciones religiosas
Desde 2018, al menos 309 religiosos han sido expulsados o forzados al exilio, entre ellos cuatro obispos, 146 sacerdotes y 99 religiosas. A esto se suma el cierre de más de 1,650 iglesias y entidades religiosas y la cancelación de la personería jurídica de unas 1,500 organizaciones vinculadas a la iglesia.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional catalogó en 2026 las condiciones de Nicaragua como “abismales”. El país figura en la “Lista de Países de Especial Preocupación” del Departamento de Estado de EE.UU. y en el puesto 32 de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas.
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado abusos sistemáticos y expulsiones masivas de religiosos. Ante este panorama, Martha Patricia Molina advierte que los datos disponibles representan solo una fracción de las restricciones reales, ya que muchas parroquias prefieren no denunciar abusos por temor a represalias.
Por lo que, la cifra documentada de 27,034 actos religiosos prohibidos entre 2019 y 2026 podría ser varias veces mayor, ante un contexto de intimidación constante y silencio obligado.
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