Costa Rica presentó esta semana una denuncia pública sobre el robo masivo de oro en su territorio fronterizo norte, señalando la operación de una red criminal que extrae material aurífero y lo traslada hacia Nicaragua donde es acopiado y procesado por empresas mineras chinas.
La exposición se realizó ante diputados durante la presentación del informe Salvemos Crucitas, donde el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, describió el crecimiento de la minería ilegal en esa región.
Zamora sostuvo que el fenómeno dejó de ser aislado y adquirió características de crimen organizado transnacional, con logística, financiamiento y rutas estables para movilizar grandes volúmenes de sedimento aurífero fuera del país.
Según los datos oficiales, la minería ilegal pasó de afectar alrededor de 900 hectáreas a superar tres mil hectáreas en poco tiempo, incorporando nuevas zonas como Cerro Las Conchuditas.
“Este fenómeno afecta no solo la soberanía ecológica de nuestro país, sino la soberanía en términos generales de nuestra nación, ya que el 90% de los coligalleros (mineros artesanales) son ciudadanos extranjeros, esencialmente nicaragüenses que cruzan la frontera para participar en este ilícito”, señaló Zamora.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica detalló que en cada operación decomisaron aproximadamente 3,000 sacos de sedimento, cada uno con un peso de 50 kilogramos.
“Llevamos más de 16 mil sacos decomisados hasta el día de hoy. El peso promedio de estos sacos es de 50 kilogramos. Estamos hablando de que solo en 3,000 sacos hay 150 toneladas métricas (de sedimento)”, señaló.
Agregó que los sacos con sedimento son trasladados a territorio nicaragüense por lo que llamó “el crimen organizado”, y allá son comprados por empresas mineras chinas que no cuestionan el origen del material adquirido.
Según el ministro costarricense, los coligalleros logran sacar entre el 15 y el 20 por ciento del oro contenido en los sedimentos, pero las empresas chinas tienen técnicas extractivas que permiten recuperar hasta el 95 por ciento del oro del sedimento.
En 16 mil sacos de sedimento decomisados, cada uno de 50 kilogramos, Costa Rica habría perdido al menos 800 toneladas de sedimento con contenido aurífero potencialmente aprovechable.
El economista nicaragüense Enrique Sáenz afirma que desde hace varios años Nicaragua reporta exportaciones de oro mayores a las que produce. “Los reportes oficiales entre lo que se reporta como producción y lo que se reporta como exportación no coinciden”, dice.
Para Sáenz, parte de la explicación está en ese material robado a Costa Rica que se exporta como oro nicaragüense. “Es como que tuvieras 6 gallinas que ponen un huevo diario cada día y vos en lugar de vender los 6 huevos, vendas 9. ¿De dónde salen los tres huevos que vendés y que no ponen tus gallinas?”, ejemplifica.
La ambientalista Fundación del Río ha identificado 14 empresas de origen chino que estarían vinculadas al sector minero nicaragüense, a las cuales el régimen de Nicaragua les entregó 67 lotes mineros que cubren más de 966 mil hectáreas, equivalentes al 8.4 % del territorio de Nicaragua.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, señala que varias de estas concesiones fueron otorgadas en las inmediaciones de la frontera sur, entre ellas los lotes El Castillo y La Guinea, que en conjunto abarcan 61.054,3 hectáreas. Ambos fueron adjudicados a la empresa minera china Thomas Metal y están ubicados en el departamento de Río San Juan, en la franja limítrofe con Costa Rica.
La Fundación del Río envió una carta a los embajadores de China en Nicaragua y Costa Rica para consultar sobre presuntos incumplimientos ambientales y comerciales vinculados a concesiones mineras otorgadas a empresas chinas, posibles violaciones a tratados internacionales, afectaciones transfronterizas, inconsistencias en exportaciones y riesgos financieros e impactos en territorios indígenas.
En la misiva, que aún no tiene respuesta, se expone la inconsistencia entre los reportes de exportación. “Según las bases de datos de exportación, existe una brecha de 32.1 millones de dólares entre los 17.1 millones de dólares que Nicaragua reporta haber exportado y los 49.2 millones que China reporta haber importado de minerales (bajo el código SAC 26), lo que podría estar relacionado con una subfacturación intencional y la clasificación arancelaria ambigua y opaca que generan pérdidas millonarias”, indica.
La minería formal de Nicaragua reporta menor producción de oro que la exportación, según datos oficiales. En 2020, la producción oficial fue de 8,5 toneladas y las exportaciones de 11,8 toneladas; en 2021 la producción fue de 10,8 toneladas frente a exportaciones de 16 toneladas; y en 2022, con una producción de 11,5 toneladas, se exportaron 16,4 toneladas.
En 2024 Nicaragua exportó aproximadamente 19,5 toneladas físicas de oro en bruto por un valor de unos 1.353,9 millones de dólares, según datos de comercio exterior basados en informes de la Organización Mundial del Comercio-WITS, a pesar de que el año anterior su producción de oro fue de 12,5 toneladas.
La denuncia del gobierno costarricense busca que los diputados aprueben el proyecto de ley 24.717, que autorizaría la minería de oro a cielo abierto en Crucitas, Cutris de San Carlos, con el argumento de frenar la minería ilegal y la contaminación.
El ministro Zamora explicó que el crimen organizado transnacional evolucionó su modus operandi, pasando de técnicas relativamente artesanales a otras semindustriales que emplean maquinaria, plantas eléctricas y herramientas más avanzadas, lo que provocó un crecimiento de las zonas afectadas y una mayor violencia en el área.
De acuerdo con la exposición del funcionario, Costa Rica no solo pierde grandes cantidades de oro que salen hacia Nicaragua, sino que además destina aproximadamente un millón de dólares mensuales para enfrentar el crimen organizado en esa zona de extracción ilegal.
En el área, según Zamora, se desplegaron 200 miembros de la Fuerza Pública, quienes destruyeron más de 114 túneles de extracción ilegal, realizado la aprehensión de 125 personas en flagrancia y efectuado más de 3.692 detenciones por delitos conexos.
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