La organización Amnistía Internacional solicitó a la comunidad internacional ejercer presión diplomática sobre las autoridades de Irán para detener los procedimientos judiciales y las sentencias de muerte contra al menos 30 personas, incluidos menores de edad, acusadas de participar en las protestas de enero de 2026.
Entre los condenados figuran ocho individuos que recibieron la pena capital pocas semanas después de su detención, en procesos marcados por la ausencia de garantías procesales y el uso de confesiones obtenidas bajo coacción, según denunció la organización.
Entre los sentenciados se encuentra Saleh Mohammadi, de 18 años, arrestado el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom el 8 de ese mes.
Amnistía Internacional revisó la sentencia y verificó que este hombre se retractó en audiencia de sus declaraciones, argumentando que habían sido obtenidas bajo tortura.
A pesar de ello, el tribunal no investigó las denuncias y ratificó la condena. También integran la lista Mohammad Amin Biglari, de 19 años, y otros seis jóvenes sentenciados por “enemistad contra Dios”, tras ser acusados de incendiar una base de la fuerza paramilitar Basij.
Las sentencias se dictaron aproximadamente un mes después de la detención y, según fuentes informadas, Biglari permaneció desaparecido durante varias semanas, fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar y careció de defensa durante la investigación.
Posteriormente, se le asignó un abogado de oficio que no protegió sus intereses, y la familia no pudo designar un abogado independiente para apelar la sentencia.
Destacan otros casos por la rapidez de los juicios y la edad de los acusados. Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los adolescentes Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, enfrentan cargos por su presunta implicación en un incendio en una mezquita de Pakdasht que provocó la muerte de dos miembros de la Basij.
Amnistía Internacional recabó testimonios que indican que los adolescentes fueron arrestados antes del incidente y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.
El juez no reconoció a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los amenazó y nombró un defensor de oficio que tampoco garantizó una defensa efectiva.
Por otro lado, los dos menores de 17 años permanecen en un centro de detención para adolescentes y están procesados pese a la prohibición internacional de aplicar la pena capital a quienes eran menores de 18 años al momento del presunto delito.
La organización advirtió que la cifra de personas en riesgo de ejecución podría ser más alta, ya que las autoridades intimidan a las familias para impedir que informen sobre la situación de los detenidos.
Los procesos judiciales están caracterizados por la incomunicación, tortura y desapariciones forzadas para obtener confesiones, así como por la negativa a reconocer abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
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