Córdoba frente al comercio exterior: controles, costos y decisiones operativas

Al referirse a los desafíos estructurales del sector, Julieta explica que “hay que discutir en serio cómo controlar, dónde controlar y con qué herramientas”. En esta entrevista, comparte su experiencia profesional, los efectos prácticos de la normativa vigente y los puntos críticos que inciden en la operatoria diaria desde el interior del país.

Sos abogada y despachante de aduana. ¿Qué aporta esa combinación?

Primero soy abogada y después despachante. Ese es el orden, porque muchas veces me identifico más con lo jurídico. El provecho es enorme. Cuando estudié Derecho en Córdoba, el derecho aduanero no tenía autonomía propia: era solo una bolilla dentro del derecho tributario. Estudiar despacho me dio independencia de criterio.

La actividad del despachante es absolutamente reglada, aunque no siempre lo parezca. Siempre debería haber una referencia normativa clara. Cuando hay un conflicto entre Aduana, importador y exportador, el despachante queda en el medio. A veces es responsable, a veces no, pero si todo se encuadrara estrictamente en la norma, habría menos conflictos.

¿Cómo influye el dinamismo normativo en tu trabajo, especialmente con regulaciones cambiantes?

Es un desafío constante. Muchas normas, por ejemplo las del Banco Central, cambian tan rápido que no llegan a generar jurisprudencia. En Derecho uno estudia la norma y cómo la interpretan los jueces, pero acá muchas veces no existe esa segunda capa.

Eso obliga a interpretar, asesorar y tomar decisiones en un contexto sin precedentes claros, lo cual es complejo pero también muy interesante desde lo profesional.

¿Qué particularidades tiene operar comercio exterior desde Córdoba?

Desde Córdoba tenemos una aduana transparente, con buenos técnicos y diálogo fluido. Pero también hay desventajas estructurales que seguimos poniendo en agenda desde las cámaras del interior.

Un ejemplo claro es el ingreso de mercadería por puerto con destino en la provincia. Muchas veces, aun siendo tránsito, se generan verificaciones en origen que podrían hacerse perfectamente en destino, con precintos electrónicos y tecnología disponible.

Eso dispara costos imprevisibles: movimientos de contenedor, verificaciones y pérdida de días libres de terminal. Podés tener calculado cuánto te cuesta una mercadería en Córdoba y terminar pagando miles de dólares extra por una diferencia de peso o una imagen dudosa en escáner.

¿Eso influye en la elección de rutas logísticas?

Totalmente. Desde el interior muchas veces resulta más conveniente ingresar por puertos de Chile o Uruguay que por Buenos Aires, aun con desventajas climáticas o mayores distancias. En esos casos, el tránsito está amparado por declaraciones simplificadas y la mercadería llega sin inconvenientes.

En cambio, por Buenos Aires hay más controles, más costos y más incertidumbre. Eso condiciona decisiones logísticas y comerciales.

¿Pasa algo similar en exportación?

Sí. Una mercadería que sale desde el interior, verificada en origen, no debería volver a ser verificada en la terminal portuaria. Sin embargo, eso ocurre y genera dobles controles sin justificación clara.

También existen asimetrías de plazos: por vía marítima hay 90 días de permanencia en depósitos, por vía terrestre o aérea solo 30. Son diferencias que no se justifican y perjudican al interior.

¿Cómo se trabaja desde las cámaras para revertir estas situaciones?

Tenemos un trabajo muy activo de identificación de problemas y presentación de propuestas. Hay cierta apertura al diálogo, pero falta mucho. Creemos que hay que descentralizar trámites y autorizaciones.

La aduana donde opera el contribuyente es la que mejor lo conoce y la que está en mejores condiciones de evaluar riesgos. Sin embargo, muchos regímenes siguen centralizados en Buenos Aires, incluso cuando no es necesario.

Mencionaste regímenes especiales. ¿Podés dar un ejemplo concreto?

Un caso muy claro es el de un parque solar, que compartí públicamente. Se trata de un régimen especial del Código Aduanero que permite declarar un conjunto de partes como una unidad clasificatoria, aunque llegue en múltiples envíos.

En ese caso eran unos 200 contenedores que ingresaban en distintos momentos. Se declara la posición del parque completo, se constituye una garantía por la diferencia tributaria y luego la Aduana verifica que efectivamente se integró la unidad. Es un régimen que funciona bien y se gestiona a nivel regional.

¿Dónde aparecen los problemas más graves en la práctica?

En regímenes como el de envíos con deficiencias. Por ejemplo, cuando un exportador envía un equipo médico y el cliente devuelve una parte por un defecto. El sistema prevé un régimen sin tributos, con garantías, pero el procedimiento es tan lento que no sirve para la operatoria real.

Los exportadores necesitan reemplazar rápido el producto. Frente a esa rigidez, terminan usando alternativas que luego generan incumplimientos cambiarios, bloqueos de devoluciones de IVA y sanciones indirectas mucho más graves que la falta original.

¿Qué rol juegan los bancos en ese proceso?

Un rol crítico. Muchas decisiones quedan sujetas al criterio de bancos privados, que evalúan riesgo, montos y exposición propia. No hay un canal directo con el Banco Central para consultar.

Eso puede generar operaciones que quedan “incumplidas” porque nadie responde, bloqueando devoluciones fiscales y afectando toda la operatoria del exportador.

¿Qué reflexión te gustaría dejar como cierre?

Que el comercio exterior es un sistema. No se puede pensar la exportación sin la importación, ni los incentivos sin los costos ocultos. Muchas normas tienen buena intención, pero una mala técnica legislativa termina generando más problemas de los que resuelve.

Creemos que hay que discutir en serio cómo controlar, dónde controlar y con qué herramientas, aprovechando la tecnología disponible y fortaleciendo a las aduanas del interior. Ahí es donde creemos que todavía hay mucho por mejorar.