
El gobierno argentino oficializó el Decreto 838/2025, una medida que introduce un cambio profundo en el sistema de garantías aduaneras, con impacto directo en la actividad logística y en toda la cadena del comercio exterior.
A partir de ahora, tanto las importaciones como las exportaciones —en sus destinaciones definitivas y suspensivas— podrán utilizar un documento firmado por el operador como garantía suficiente, siempre bajo las condiciones que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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Hasta hoy, esta modalidad solo era válida para las exportaciones definitivas. El resto de los regímenes exigía pólizas de caución, seguros, depósitos de dinero u otros instrumentos financieros que agregaban costos y, en muchos casos, demoraban la circulación de mercaderías. Con la extensión de esta herramienta al universo completo de destinaciones aduaneras, la logística gana un mecanismo más flexible, liviano y accesible para garantizar operaciones, reduciendo la carga financiera y administrativa.
Impacto en la cadena logística y su planificación
La medida se alinea con un planteo que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en X, donde destacó que las garantías tradicionales no solo encarecían el tránsito aduanero, sino que podían quedar sin plazo claro de cancelación, exponiendo a los operadores a costos crecientes y, en algunos casos, a situaciones irregulares. Según explicó, el decreto habilita una alternativa previamente vedada: reemplazar la garantía financiera por una declaración firmada, especialmente en el caso de operadores confiables con buen historial ante la Aduana.
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En este sentido, Sturzenegger señaló que, si un operador cumple sistemáticamente sus obligaciones, no tiene sentido cargarle costos financieros que terminan siendo trasladados a precios y afectan la competitividad de toda la cadena. Desde una perspectiva logística, este es un punto clave: el financiamiento de garantías es uno de los factores más distorsivos para importadores, exportadores y operadores logísticos, especialmente en un ecosistema donde los márgenes operativos dependen de la velocidad y previsibilidad del flujo documental.

La modificación del Decreto 1001/82, vigente desde 1982, implica un paso hacia la homogeneización normativa: ahora todas las destinaciones pueden tramitarse con el mismo instrumento de garantía, salvo en regímenes especiales donde la Aduana mantendrá exigencias específicas. Esto reduce asimetrías entre operaciones y simplifica la planificación logística, sobre todo en sectores que manejan procesos continuos o cadenas altamente integradas.
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El cambio también impacta sobre los tiempos operativos. Las pólizas, seguros y garantías financieras dependen de terceros —aseguradoras, bancos o compañías de caución—, lo que a menudo introduce demoras independientes de la Aduana. Al eliminar ese paso, la liberación de cargas, el tránsito, la admisión temporaria y las operaciones en depósitos fiscales ganan fluidez.
Asimismo, la medida apunta a reducir incentivos a prácticas discrecionales. En su análisis, Sturzenegger remarcó que, en la práctica, la existencia de garantías sin plazo definido abría espacio para gestiones informales o condicionamientos innecesarios. Al simplificar el mecanismo de garantía, se reduce también la exposición a situaciones irregulares y se fortalece la transparencia operativa.
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Facilitación, previsibilidad y transparencia
Desde el punto de vista de la cadena logística, el nuevo esquema permite que empresas con historial sólido y comportamiento fiscal consistente accedan a una modalidad más eficiente, lo que mejora la competitividad sistémica y reduce el costo total de operación. Falta ahora que ARCA defina los criterios de elegibilidad con los que identificará a los operadores habilitados, un punto mencionado por Sturzenegger como paso clave para su implementación.
La norma ya está vigente y se espera que en las próximas semanas se publiquen los actos complementarios que definirán el formato de la declaración firmada, su validación digital y su integración con el Sistema Informático Malvina. Para los actores de la logística internacional, el Decreto 838 representa un cambio concreto: menos burocracia, menos costos y una operatoria más previsible para una economía que depende del comercio exterior para sostener su actividad productiva.
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