El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará el viernes 6 de noviembre de 2026 un convenio de colaboración con cinco instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para evaluar el perfil de riesgo de aspirantes a candidaturas en el Proceso Electoral Concurrente, con el objetivo de impedir la infiltración del crimen organizado en las boletas.
El acuerdo involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), representada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar Hamid García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia, a cargo de Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares.
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El INE remitirá solicitudes a las instituciones, que definirán si existe riesgo razonables
La participación de los partidos políticos y de aspirantes independientes será voluntaria. Podrán presentar al INE los listados de personas que pretendan postular, acompañados del consentimiento informado de cada una de ellas.
A partir de esa información, el Instituto remitirá las solicitudes a las instancias competentes. Cada institución aplicará su propia metodología y criterios para determinar la existencia o inexistencia de un riesgo razonable, sin que el INE intervenga en esa evaluación.
Verificación de integridad para candidaturas partidistas e independientes
El convenio facilitará el intercambio de información entre las instituciones firmantes para desarrollar los procedimientos de verificación de integridad y evaluación de riesgo. El mecanismo aplica tanto a candidaturas partidistas como a las independientes.
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El INE reafirmó su compromiso con la autenticidad de las postulaciones y señaló que la integridad de las candidaturas constituye un estándar de probidad pública y responsabilidad democrática, además de garantizar la protección de los derechos político-electorales de las personas aspirantes.
El acuerdo se suscribirá un día después de que el Instituto emitiera el comunicado de prensa número 481, fechado el 5 de noviembre de 2026.
Un proceso electoral con 19,609 puestos en juego y un filtro que tardó meses en concretarse
El convenio es la concreción de un proceso que arrancó en septiembre de 2026, cuando la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció que el gobierno trabajaba en una “metodología única” coordinada con el INE para identificar vínculos de aspirantes con el crimen organizado.
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Las elecciones se realizarán en junio de 2027 y pondrán en disputa los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales en todo el país, entre ellos las gubernaturas de 17 estados.
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