Posponen audiencia de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, para decidir si la UIF desbloquea sus cuentas

El 19 de noviembre es ahora la fecha en que un juez federal decidirá si Carlos Alberto Torres Torres recupera el acceso a dos cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California pospuso la audiencia que tenía programada para el 29 de octubre por no contar con los acuses de notificación de varias autoridades federales, según reportó el medio ZETA Tijuana.

El exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 29 de septiembre de 2026, el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como sancionado por presuntamente apoyar al Cártel de Sinaloa.

Las cuentas que busca recuperar son una cuenta preferente y una cuenta de inversión de vista preferente, ambas en Banorte. La UIF ordenó su bloqueo a través del acuerdo 471/2026, según consta en el expediente 1161/2026 del juzgado.

El juez ya le negó el primer intento de descongelar sus cuentas

Antes de la audiencia pospuesta, el Juzgado Segundo de Distrito ya le había negado a Torres una suspensión provisional, que era una medida que, de haberse concedido, habría detenido temporalmente el bloqueo mientras continúa el juicio.

La resolución, emitida el 22 de octubre y publicada al día siguiente, estableció que el bloqueo de cuentas responde a disposiciones de orden público orientadas a proteger el sistema financiero y a prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, según documentó Proceso.

El juzgado añadió que el hecho de que Torres dijera desconocer formalmente los motivos de su inclusión en la lista no convierte la actuación de la UIF en arbitraria, porque las determinaciones de la autoridad financiera tienen una presunción de legalidad. También invocó el artículo 129, fracción XIV, de la Ley de Amparo para sustentar la negativa.

Torres argumenta en su amparo que la ley que usó la UIF para bloquearlo tiene un defecto: no dice en ningún lado cuánto tiempo puede alguien quedarse en esa lista ni cómo salir de ella. Su defensa sostiene que eso es inconstitucional porque lo deja sin saber qué tiene que hacer para que le desbloqueen las cuentas, según consignó ZETA.

Solo la CNBV respondió

El diferimiento de su último amparo ocurrió porque el expediente, tanto en su versión física como electrónica, no incorporó los acuses postales que acreditan que las autoridades requeridas recibieron la notificación del juicio.

Entre las instancias que no acusaron recibo figuran la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversas direcciones de la UIF.

La única autoridad que sí respondió fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La CNBV acreditó a sus delegados ante el juzgado y notificó carecer de infraestructura tecnológica para tramitar la causa en la modalidad de juicio en línea.

El Tesoro de Estados Unidos lo señala como operador político de Los Mayos

El origen de todo el proceso se remonta al 29 de septiembre de 2026, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista con casi 50 designados vinculados al Cártel de Sinaloa, entre ellos Torres.

Según el comunicado de la OFAC, Torres utilizó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y protegerlo de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California. El documento lo describe como un operador con alianza directa con Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, líder de la subfacción Los Rusos del Cártel de Sinaloa que domina la plaza de Mexicali.

La OFAC también señaló que Torres habría recibido pagos mensuales del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, para permitir que la organización criminal operara con relativa impunidad en el estado. El Departamento de Estado le había revocado la visa a Torres desde mayo de 2025.

Su hermano Luis Alfonso Torres Torres fue designado en la misma acción. La OFAC lo señaló como responsable de recibir sobornos y lavarlos a través de empresas y campañas políticas. Cinco empresas vinculadas a Luis Torres fueron incluidas en la lista de bloqueados: Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.

Torres ha rechazado públicamente tener vínculos con organizaciones criminales y ha manifestado su intención de defenderse de los señalamientos.