Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de Defensa de la Transformación de Morena en Nuevo León, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra el gobernador de la estatal, Samuel García Sepúlveda, y al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por el presunto uso irregular de recursos públicos, de acuerdo con reportes periodísticos.
A través de su cuenta oficial en ‘X’, Flores Carrales publicó una fotografía frente a las inmediaciones de la FGR, donde se ve acompañada por una comitiva conformada por el senador Alejandro Murat, el diputado Alfro Ramírez Cuellar y otras ocho personas, mostrando la denuncia.
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La coordinadora de Morena afirmó en su publicación que “¡Nuevo León ya tiene quien los defienda!”, señalando que la ciudadanía merece que sus gobernantes sirvan con “honradez, actúen con la verdad, defiendan la justicia y respondan con resultados”.
De acuerdo con la estatutaria de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, no se puede normalizar la corrupción en el estado de Nuevo León “ni normalizar gobiernos ineficientes con pasados injustificados como lo viejo, viejo”.
Clara Luz Flores acusa a Samuel García de usar el poder en beneficio propio
De acuerdo con La Jornada, la denuncia también incluye a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador regiomontano, y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
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Con testimonios retomados del medio nacional, la morenista señaló que los delitos que denuncia incluyen delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia parte de un presunto esquema de triangulación de recursos desde el gobierno de Nuevo León hacia proveedores que, de acuerdo con la acusación, transfirieron dinero a despachos vinculados con la familia del gobernador. Los montos señalados ascienden a 7 mil 212 millones de pesos en el gobierno relacionado con Next Energy en Monterrey.
Flores Carrales pidió también indagar contratos por 110 millones de pesos entre la administración estatal y empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
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