
El Partido Acción Nacional (PAN) exigió la destitución de Daniel Serrano Palacios, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, y pide investigar el operativo que, según el partido, desplegó cerca de 150 elementos armados y 35 patrullas para impedir una actividad cultural infantil en el fraccionamiento San Antonio.
En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN sostiene que promoverá denuncias penales y quejas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y organismos de derechos humanos por las agresiones y detenciones denunciadas durante el operativo. El partido solicita conocer las órdenes, el fundamento legal y la cadena de mando que dieron origen al despliegue.
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La exigencia del PAN se dirige también contra Alejandra Penélope Becerra Flores, comisaria de Seguridad Ciudadana, por su presunta participación en la coordinación del operativo y el uso de la fuerza pública.
El partido incluye a Luis Trejo Hernández por su presunta intervención en las detenciones denunciadas por ciudadanos y colaboradores.
Denuncia el despliegue de 35 patrullas
De acuerdo con el comunicado partidista, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli movilizó aproximadamente 150 elementos armados, 35 patrullas, unidades tácticas y personal de la Guardia Nacional para impedir una representación teatral dirigida a niñas y niños en el fraccionamiento San Antonio.
El PAN afirma que el operativo se realizó contra familias que participaban en la actividad cultural. En su posicionamiento, cuestiona que el gobierno municipal utilizara ese número de elementos de seguridad para intervenir en un acto dirigido a menores de edad y habitantes de la zona.
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“La fuerza pública debe proteger a las familias, no intimidarlas”, sostiene el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en el documento.
El partido considera que no existe una justificación administrativa que permita el uso desproporcionado de la fuerza, las agresiones contra ciudadanos o las detenciones arbitrarias.
La dirigencia panista añade que la revisión de permisos debe realizarse conforme a la ley, pero plantea que ese procedimiento no debe derivar en vulneraciones de derechos.
“Los permisos se revisan conforme a la ley; los derechos de las personas se respetan”, señala el comunicado.
Asistentes denuncian empujones, retiro de mobiliario y detenciones
Según las denuncias recibidas por el PAN, elementos de seguridad ingresaron a espacios de convivencia familiar durante el operativo y los agentes habrían empujado a vecinos y retirado por la fuerza mobiliario y utilería utilizada para la representación teatral.
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El comunicado también señala que colaboradores de la actividad fueron detenidos sin que, de acuerdo con las denuncias, se les informara debidamente el motivo de su detención.
El PAN exige que estos hechos sean investigados por las autoridades competentes y que se determinen las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
La solicitud de investigación incluye las posibles violaciones a los derechos de las niñas, niños y familias que estaban presentes.
El partido plantea que deben hacerse públicas las instrucciones operativas, el número de elementos desplegados, los motivos de las detenciones y la estructura de mando bajo la que actuaron los cuerpos de seguridad.
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El PAN sostiene que Daniel Serrano tiene responsabilidad política y administrativa por la actuación de las instituciones de seguridad que dependen de su gobierno.
Por esa razón, demanda su salida de la presidencia municipal y una investigación que califica como inmediata, independiente y exhaustiva.
Contrasta el operativo con denuncias de inseguridad en el municipio
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN cuestiona que el gobierno municipal concentrara recursos policiacos en una actividad infantil mientras, según el comunicado, habitantes de Cuautitlán Izcalli enfrentan problemas de inseguridad que requieren atención constante.
El partido menciona a las colonias Infonavit Norte, La Quebrada, La Ferrocarrilera y Jardines de la Hacienda.
Sostiene que las familias de esas zonas requieren policías que prevengan delitos, protejan el patrimonio de los habitantes y garanticen condiciones de tranquilidad.
“Un presidente municipal tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, no de permitir que sean tratados como delincuentes por participar en una actividad cultural”, afirma el PAN.
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La organización también reconoce a las vecinas y vecinos del fraccionamiento San Antonio que denunciaron lo ocurrido y exigieron respeto a sus derechos.
El partido anticipa que dará seguimiento a las investigaciones y acompañará las acciones legales que considere necesarias.
En su comunicado, el PAN afirma que “quien abuse del poder debe responder ante la ley” y reitera su exigencia de esclarecer la actuación de las autoridades municipales durante el operativo denunciado.
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