Carga penal en México creció 8.6% en 2025, mientras el presupuesto del Poder Judicial permaneció estancado: INEGI

La carga de trabajo penal en México aumentó durante 2025, al tiempo que el presupuesto ejercido por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los Poderes Judiciales estatales (PJE), medido a precios de 2018, se mantuvo prácticamente sin variación en conjunto.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ingresaron 292 mil 622 causas penales al Sistema Penal Acusatorio y al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cifra 8.6 % superior a la de 2024.

Del total de causas ingresadas en 2025, 22 mil 221 correspondieron al PJF y 270 mil 401 a los PJE.

El incremento de los asuntos penales ocurrió junto con un aumento de 19.0 % en las determinaciones y/o conclusiones registradas: se reportaron 185 mil 617, de las cuales 15 mil 197 fueron del ámbito federal y 170 mil 420 del estatal. Al cierre del año permanecían pendientes de concluir 497 mil 161 asuntos, 1.3 % menos que en 2024; de estos, 63 mil 650 correspondían al PJF y 433 mil 511 a los poderes judiciales de las entidades.

El INEGI precisó que las cifras no representan exactamente la misma unidad de referencia en ambos ámbitos. Para el PJF, los datos se refieren a causas penales concluidas y a causas pendientes de concluir, mientras que en los PJE las determinaciones, conclusiones y pendientes se contabilizan respecto de las personas procesadas, imputadas o sentenciadas dentro de las causas penales.

Aun con esta precisión metodológica, los resultados muestran un mayor número de ingresos y de decisiones judiciales en materia penal durante el año.

En términos nominales, el PJF y los PJE ejercieron en conjunto 138 mil 695 millones 173 mil 968 pesos en 2025. De ese total, 82 mil 299 millones 550 mil 286 pesos, equivalentes a 59.3 %, fueron ejercidos por el PJF, mientras que 56 mil 395 millones 623 mil 682 pesos, 40.7 %, correspondieron a los poderes judiciales estatales. Del gasto del Poder Judicial federal, 89.2 % fue ejercido por el Órgano de Administración Judicial.

Sin embargo, al ajustar los montos a precios de la segunda quincena de julio de 2018, el presupuesto conjunto fue de 98 mil 937.9 millones de pesos, frente a los 98 mil 894.8 millones reportados para 2024.

La diferencia fue mínima. El comportamiento fue distinto entre los dos niveles: el presupuesto real ejercido por el PJF disminuyó 2.6 %, al pasar de 60 mil 264.8 millones a 58 mil 708.2 millones de pesos, mientras que el de los PJE aumentó 1.5 %, de 39 mil 630.0 millones a 40 mil 229.7 millones.

El comunicado señala que, para medir los recursos a precios constantes, se utilizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 2018 como base.

Bajo esa metodología, el incremento nominal del gasto no se tradujo en un crecimiento relevante del presupuesto judicial conjunto en términos reales, mientras las causas penales ingresadas crecieron 8.6 % y los delitos registrados en esas causas aumentaron 10.5 %.

Durante 2025 se registraron 364 mil 546 delitos en las causas penales ingresadas: 42 mil 864, equivalentes a 11.8 %, en el PJF, y 321 mil 682, es decir, 88.2 %, en los PJE.

En el ámbito federal, los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos concentraron 52.7 % de los registros y aumentaron 34.4 % frente a 2024.

En las entidades, los delitos más frecuentes fueron violencia familiar, con 17.8 %; delitos contra la salud relacionados con narcóticos en la modalidad de narcomenudeo, con 15.3 %; y robo, con 13.3 %. La violencia familiar aumentó 7.8 % respecto del año anterior.

El censo también reportó cambios en la participación de las mujeres dentro de los cargos judiciales. Al cierre de 2025 había mil 512 personas magistradas en el PJF y los PJE, de las cuales 46.6 % eran mujeres y 53.4 % hombres.

Entre las 4 mil 982 personas juzgadoras registradas, las mujeres representaron 47.2 % y los hombres 52.8 %.

En comparación con 2024, cuando las mujeres constituían 32.2 % de las personas magistradas y 43.9 % de las personas juzgadoras, las proporciones aumentaron 14.2 y 3.3 puntos porcentuales, respectivamente.