La Central de Abasto necesita seguridad al nivel de una alcaldía: diputada exige frenar extorsiones y delitos del crimen organizado

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe investigar los señalamientos sobre la presunta operación de grupos criminales en la Central de Abasto y, en caso necesario, establecer mecanismos de coordinación con autoridades federales.

Así lo planteó Olivia Garza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, quien, en entrevista con el medio 24 Horas, consideró que el complejo requiere una estrategia de atención con capacidad de respuesta similar a la de una alcaldía.

La propuesta ocurre después de que ese medio publicara una investigación sobre la presunta presencia de organizaciones criminales dentro del complejo, con actividades relacionadas con extorsiones y venta de drogas. El diario señaló que tuvo acceso a un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, elaborado en julio de 2024, sobre detenciones y aseguramientos de integrantes de grupos delictivos en la Ciudad de México.

En entrevista con el medio, Garza sostuvo que las dimensiones de la Central de Abasto y la cantidad de personas que diariamente trabajan, compran y transitan por sus instalaciones obligan a considerar el lugar como una ciudad dentro de la capital. Por ello, dijo, la respuesta de las autoridades no puede limitarse a desplegar policías, sino que debe incluir servicios públicos, infraestructura, movilidad y atención a las necesidades de comerciantes y trabajadores.

“La Central de Abasto es prácticamente una ciudad dentro de la ciudad. Por sus dimensiones y la cantidad de personas que diariamente trabajan, compran y transitan por sus instalaciones, requiere una estrategia de gobierno que no se limite a la vigilancia policial”, señaló la legisladora.

Los señalamientos sobre grupos criminales en la Central de Abasto

La investigación publicada por 24 Horas el 2 de noviembre refiere que, según el informe federal consultado por el diario, tres grupos criminales operarían en el mercado y estarían relacionados con la extorsión a locatarios y la venta de drogas en los pasillos.

El reportaje también recoge denuncias de bodegueros sobre el supuesto uso de tráileres que transportan frutas y legumbres para ocultar y trasladar drogas y armas. De acuerdo con los testimonios citados por el medio, algunos comerciantes habrían recibido presiones para participar en esas actividades mediante sus camiones y bodegas.

A esos señalamientos se suman datos que 24 Horas atribuyó a la Fiscalía capitalina sobre posibles actividades relacionadas con trata de personas dentro de las naves comerciales, así como la operación de una banda de origen colombiano que presuntamente obligaba a comerciantes a comprar boletos de rifas bajo amenazas.

El diario también reportó que, durante los cinco años previos a su publicación, no se habían realizado cateos policiales en las 300 hectáreas que comprende el mercado. La información forma parte de la investigación periodística y de los documentos y testimonios que el medio refiere.

Ante ese escenario, Garza pidió que la Fiscalía investigue las denuncias y determine si existen elementos para actuar contra las personas o grupos señalados. También planteó que las autoridades capitalinas mantengan presencia permanente y cuenten con capacidad para responder a los problemas que se registren en las instalaciones.

“No podemos permitir que un espacio tan importante para la economía de la ciudad se convierta en un lugar donde comerciantes y trabajadores tengan que desarrollar sus actividades bajo amenazas o con miedo”, afirmó.

La legisladora consideró que la seguridad tiene consecuencias directas para la actividad económica y el abastecimiento de alimentos de la capital. Por esa razón, sostuvo que la estrategia debe involucrar a distintas dependencias del gobierno local y no recaer únicamente en las corporaciones policiales.

Más de 4 mil 600 reportes ante el Consejo Ciudadano

La dimensión del reto también se refleja en los registros de atención ciudadana. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que, desde 2020, ha recibido 4 mil 607 reportes procedentes de la Central de Abasto y brindado acompañamiento para iniciar 481 carpetas de investigación.

En un comunicado publicado el 31 de agosto de 2026, el organismo señaló que el robo y la extorsión se encuentran entre las principales actividades delictivas reportadas. También informó que cuenta con un módulo de atención en el centro de distribución para ofrecer orientación y acompañamiento a quienes trabajan o transitan por el lugar.

Los registros corresponden a un periodo que comenzó en 2020 y no exclusivamente a la administración actual de la Central de Abasto. Tampoco equivalen, por sí mismos, a delitos acreditados ni permiten concluir que la incidencia haya aumentado durante una gestión determinada.

Uno de los casos que llegó a las autoridades fue el de un comerciante que denunció presuntas extorsiones bajo el nombre de “La Empresa”. En agosto de 2026, la Fiscalía capitalina obtuvo la vinculación a proceso de Ángel N., señalado por ese delito.

Cámaras, patrullas y recorridos de vigilancia

La Central de Abasto cuenta con infraestructura tecnológica y medidas de vigilancia que las autoridades han presentado como parte de su estrategia de seguridad. En enero de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México informó sobre la puesta en marcha del Centro de Comando y Control C2 de la Central de Abasto, equipado con 636 cámaras, 100 botones de auxilio y 96 altavoces.

En marzo de 2026, El Universal reportó la incorporación de 12 patrullas distribuidas en seis cuadrantes para reforzar la vigilancia dentro del complejo y en sus inmediaciones.

Pese a las medidas reportadas, comerciantes consultados por 24 Horas denunciaron falta de vigilancia a pie en pasillos, estacionamientos y la zona de subasta, principalmente durante la madrugada. Uno de ellos señaló que anteriormente observaba parejas de policías en rondines por las áreas que consideraba conflictivas, pero que ya no veía la misma presencia.

La Administración de la Central sostiene que hay operativos permanentes

La administración de la Central de Abasto también respondió a los señalamientos. En su derecho de réplica publicado el 4 de noviembre, la coordinadora general, Mónica Pacheco Skidmore, afirmó que existe un operativo permanente con participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Metropolitana, las fiscalías capitalina y federal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pacheco Skidmore sostuvo que los registros de la administración no reportan extorsiones consumadas durante los dos años anteriores y que las tentativas reciben atención jurídica, con acompañamiento del Consejo Ciudadano y las autoridades capitalinas. También precisó que los 4 mil 607 reportes y las 481 carpetas corresponden a un acumulado desde 2020, no exclusivamente a su gestión, y que esas cifras no demuestran un aumento delictivo durante su administración.

Una estrategia que incluya servicios e infraestructura

Además de la investigación de los señalamientos sobre delincuencia organizada, Garza planteó que el gobierno capitalino atienda las condiciones cotidianas de quienes trabajan en la Central de Abasto. Entre los rubros que mencionó están la infraestructura, la movilidad, los servicios públicos, la protección de las mujeres y la atención a las infancias.

La legisladora, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local y exconcejala de Iztapalapa, consideró necesario fortalecer la coordinación entre las dependencias capitalinas para establecer acciones concretas, responsabilidades y resultados que puedan evaluarse.

Su planteamiento es que la atención del complejo no se reduzca a operativos aislados: por su dimensión y actividad económica, requiere una presencia institucional capaz de responder tanto a las denuncias de seguridad como a las necesidades de la comunidad que trabaja, compra y transita diariamente por sus instalaciones.