Envejecimiento poblacional en México: por qué urge reforzar la protección de los adultos mayores

El envejecimiento de la población en México plantea nuevos desafíos para garantizar los derechos de las personas adultas mayores, especialmente ante las distintas formas de violencia, abandono y vulnerabilidad que pueden enfrentar.

Aunque el país cuenta con leyes que reconocen las garantías de este sector, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que es necesario fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar que esos derechos se respeten y puedan restituirse cuando sean vulnerados.

La discusión cobra relevancia ante el aumento de la población de 60 años y más, que requiere una respuesta legal acorde con sus necesidades actuales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2023, este grupo representaba el 14.7% de los habitantes del país, frente al 12.3% registrado en 2018. Este crecimiento hace necesario revisar si las disposiciones vigentes y las instituciones encargadas de aplicarlas cuentan con herramientas suficientes para prevenir agresiones, atender denuncias y garantizar la protección de las víctimas.

Actualización de leyes a favor de los adultos mayores

Una de las principales preocupaciones es la violencia que afecta a las personas adultas mayores, la cual no se limita a las agresiones físicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente una de cada seis personas de 60 años o más experimenta alguna forma de maltrato en entornos comunitarios.

Entre las conductas que pueden vulnerar sus derechos se encuentran:

• Violencia física: agresiones que afectan su integridad corporal.
• Maltrato psicológico: acciones que perjudican su bienestar emocional.
• Abuso económico: utilización indebida de sus recursos o patrimonio.
• Violencia sexual: conductas que atentan contra su libertad e integridad.
• Abandono y negligencia: falta de atención y cuidados necesarios.

A estas problemáticas se suman los riesgos en espacios laborales, comunitarios e institucionales, así como en entornos digitales y mediáticos, donde también pueden presentarse afectaciones que requieren atención jurídica.

México cuenta desde 2002 con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya reforma más reciente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2024. Además, el país se adhirió a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo instrumento fue depositado ante la Organización de los Estados Americanos el 28 de marzo de 2023.

Sin embargo, el reconocimiento legal representa solamente el punto de partida, ya que el desafío consiste en adaptar las disposiciones para identificar nuevas modalidades de violencia y atender las circunstancias particulares de cada persona.

Proponen fortalecer al INAPAM y crear mecanismos de restitución

Entre las medidas planteadas para mejorar la protección jurídica destaca incorporar una perspectiva centrada en las personas adultas mayores, que considere sus condiciones particulares, autonomía, voluntad y preferencias al momento de tomar decisiones relacionadas con sus derechos.

También se propone analizar la incorporación del principio de interés superior de este sector, siempre que su aplicación no implique sustituir injustificadamente su capacidad para decidir sobre su propia vida.

Otro aspecto relevante consiste en ampliar las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), con el propósito de que pueda intervenir en procedimientos de protección y restitución de garantías.

Para ello, se plantea retomar, con las adaptaciones necesarias, el modelo utilizado para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante un procedimiento que contemple:

• Identificar los derechos vulnerados.
• Evaluar las circunstancias de cada caso.
• Elaborar un plan para restituir las garantías afectadas.
• Coordinar la intervención de distintas instituciones.
• Dar seguimiento a las medidas hasta garantizar la protección.

Asimismo, se plantea establecer responsabilidades administrativas para las personas servidoras públicas que conozcan una situación de violencia y omitan actuar o informar a las autoridades competentes.