
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos podría abrir un nuevo frente legal en México, ante la posibilidad de que empresas afectadas promuevan amparos por presuntas violaciones constitucionales. Aunque la legislación todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialistas anticipan controversias por las facultades que otorgaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar qué sectores deberán abandonar el efectivo.
El debate se centra en la atribución de la dependencia, encabezada por Édgar Amador Zamora, para definir las actividades económicas en las que únicamente se permitirán transacciones digitales. De acuerdo con lo establecido en la ley, una vez que entre en vigor mediante su publicación oficial, Hacienda tendrá un plazo de 15 días para identificar los llamados sectores clave.
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La discusión también involucra los riesgos de exclusión financiera y las condiciones necesarias para que consumidores y establecimientos puedan adaptarse a este esquema. Mientras abogados advierten que la norma podría llegar a los tribunales, bancos señalaron que su aplicación requerirá infraestructura tecnológica, mayor bancarización e incentivos para impulsar el uso de medios electrónicos.
Amparos contra la Ley de Economía Digital podrían llegar a la SCJN
Un especialista consideró que las controversias por la nueva legislación podrían escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante amparos promovidos por compañías perjudicadas por las restricciones al efectivo.
Sin embargo, también anticipó un escenario complicado para quienes busquen obtener una resolución favorable, debido a la tendencia que, desde su perspectiva, ha mostrado el pleno de la Corte al resolver asuntos en favor del Estado.
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Asimismo, planteó que los ministros podrían considerar que la norma establece modalidades para utilizar la moneda y justificar las limitaciones por tratarse de actividades económicas específicas.

Ley Antilavado: antecedente para definir restricciones al efectivo
Abogados identificaron como uno de los principales puntos de controversia la facultad de Hacienda para seleccionar los sectores que deberán operar exclusivamente con pagos electrónicos, ya que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, ofrece un antecedente sobre cómo establecer estas restricciones.
En ese caso, el Congreso de la Unión enumeró directamente las actividades en las que no se permite liquidar operaciones en efectivo, en lugar de dejar esa determinación a otra autoridad.
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Bancos advierten riesgos de exclusión financiera
En su Reporte Económico del 27 de octubre, Banamex reconoció que la legislación podría modernizar los sistemas de pago, reducir costos y favorecer la inclusión financiera. A pesar de esto, advirtió que restringir el efectivo sin resolver las barreras tecnológicas y bancarias podría dejar fuera a parte de la población.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2024, el 85.2% de los adultos utiliza habitualmente efectivo para compras de hasta 500 pesos, mientras que el 73.5% recurre a este medio en operaciones de mayor monto.
La institución también alertó sobre los posibles costos para los micronegocios y las diferencias de conectividad entre regiones. Por ello, recomendó acompañar la transición con menores comisiones, educación financiera y medidas de ciberseguridad, además de priorizar sectores con infraestructura suficiente para adoptar pagos digitales.
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