Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

El fenómeno de El Niño 2026-2027 plantea un escenario de sequía intensa en México, con posibles afectaciones al suministro de agua, la producción agropecuaria y el sector energético, de acuerdo con el perfil de riesgo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El documento identifica ocho estados entre los territorios más susceptibles a sequías severas, principalmente en el norte, noroeste y centro-norte del país.

La advertencia vincula las condiciones más cálidas y secas que México tiende a experimentar durante estos episodios con un mayor riesgo de estrés hídrico y menor almacenamiento en embalses. Esto puede comprometer tanto el abastecimiento de comunidades urbanas y rurales como las actividades que dependen de la disponibilidad de agua.

Sin embargo, el reporte presenta un escenario de riesgo, no una clasificación definitiva de los estados que tendrán la peor sequía ni un calendario de cortes de agua. Tampoco establece cuánto disminuirán las lluvias en cada entidad. Su principal señalamiento es la susceptibilidad de determinados territorios y los impactos que deben considerarse en la preparación ante el fenómeno.

¿Qué estados de México tienen mayor riesgo de sequía por El Niño?

El perfil del BID señala que amplias zonas del norte, noroeste y centro-norte de México pueden registrar condiciones más cálidas y secas de lo normal durante los episodios de El Niño. Dentro de esas regiones, identifica a las siguientes entidades entre las más susceptibles a sequías severas:

• Sonora
• Chihuahua
• Baja California
• Baja California Sur
• Coahuila
• Durango
• Zacatecas
• San Luis Potosí

La lista no establece un orden de gravedad entre los estados. Por ello, el documento no permite afirmar que una de estas entidades enfrentará necesariamente una situación más crítica que las demás, ni que todos sus municipios tendrán afectaciones de la misma magnitud.

El riesgo descrito combina tres elementos: sequías intensas, presión sobre los recursos hídricos y menor almacenamiento de agua. La coincidencia de estas condiciones puede dificultar el suministro y aumentar la vulnerabilidad de las actividades productivas.

Aunque las ocho entidades concentran el señalamiento sobre sequías severas, el reporte también identifica amenazas de alcance más amplio, como las olas de calor, cuyo impacto esperado tiene una dimensión nacional.

Falta de agua: ¿qué advierte el BID sobre el suministro?

Una de las principales preocupaciones es la disminución de los escurrimientos y del almacenamiento en embalses, con posibles consecuencias para el suministro urbano y rural. El perfil asigna una prioridad muy alta a este impacto en el norte, noroeste y centro-norte.

Esto significa que la atención no debe centrarse únicamente en la lluvia que pueda faltar, sino también en la cantidad de agua disponible para abastecer a la población y sostener las actividades económicas.

El documento no identifica ciudades donde se suspenderá el servicio, porcentajes de reducción del suministro ni fechas de posibles restricciones. En consecuencia, el riesgo de falta de agua no equivale a un anuncio de cortes confirmados para los ocho estados mencionados.

Además, el BID incluye el deterioro de la calidad del agua entre los riesgos sanitarios asociados a las temperaturas extremas. Así, el escenario contempla presiones tanto sobre la disponibilidad del recurso como sobre sus condiciones de uso.

Agricultura, ganadería y energía, entre los sectores expuestos

El reporte advierte que la sequía intensa afectaría principalmente a los sectores agropecuario y energético del país. En agricultura y ganadería, señala posibles pérdidas de cultivos de temporal y daños relacionados con un déficit hídrico prolongado.

Para el norte y centro-norte, el estrés hídrico y agropecuario aparece como un riesgo de prioridad muy alta. La advertencia pone el foco en actividades cuya continuidad depende de contar con agua suficiente durante los ciclos productivos.

En cuanto al sector energético, el documento lo menciona entre los principales ámbitos expuestos, aunque no ofrece estimaciones de pérdidas, instalaciones específicas en riesgo ni proyecciones de interrupciones del servicio eléctrico.

También contempla un incremento de incendios forestales y degradación de ecosistemas vulnerables, particularmente en el norte, centro y zonas forestales. Este riesgo recibe una prioridad alta, al igual que las olas de calor.

El Pacífico podría enfrentar más tormentas y huracanes

El escenario del BID no se limita a la sequía. Mientras el interior y el norte del país pueden enfrentar déficit hídrico, la costa del Pacífico podría registrar una mayor actividad de tormentas y huracanes.

El documento describe esta combinación como un patrón de riesgo dual: falta de agua en unas regiones y eventos hidrometeorológicos extremos en otras. Para el litoral pacífico, advierte posibles inundaciones y daños a infraestructura.

La ficha no proporciona un número esperado de ciclones, categorías de intensidad ni lugares de impacto. Por tanto, esta advertencia debe entenderse como una perspectiva regional de riesgo, sin atribuir trayectorias o afectaciones concretas a fenómenos todavía no identificados en el reporte.

¿Qué daños dejaron otros episodios de El Niño en México?

Como antecedente, el BID señala que El Niño de 1997-1998 dejó pérdidas superiores a 870 millones de dólares, concentradas en el sector agrícola. Entre sus cifras clave también incluye dos millones de hectáreas sembradas afectadas durante ese episodio.

Asimismo, registra 250 millones de dólares en costos asociados a los incendios forestales de 1998. Estas cifras ilustran la dimensión de los daños documentados, pero no representan una estimación de lo que ocurrirá en 2026-2027.

Sobre 2023, un año con El Niño activo, el texto reporta un aumento de daños y pérdidas equivalente al 0.3% del PIB respecto a 2022, identificado como un año neutro.

Finalmente, el BID señala que dispone de una facilidad de ayuda humanitaria y asistencia para evaluación de daños que el Gobierno puede activar tras una declaratoria de emergencia. Su propósito es apoyar la respuesta y las evaluaciones que orienten la recuperación temprana, dentro de las acciones para fortalecer la preparación y la resiliencia ante desastres.