Dejan en prisión a siete policías de Coyuca de Benítez, vinculados a proceso por desaparición forzada en un retén

Un juez de control vinculó a proceso a siete policías municipales de Coyuca de Benítez, Guerrero, por la desaparición forzada de José Ángel López Girón, un hombre de 37 años que fue interceptado en un retén carretero y localizado sin vida días después. La resolución llegó tras la continuación de una audiencia inicial en la que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) presentó los datos de prueba que sustentaron la acusación.

Jesús Manuel “N”, Rigoberto “N”, Librado “N”, José Neftalí “N”, Viridiana “N”, Zenón “N” y Ana Karen “N” quedaron internados en el Centro de Reinserción Social de Acapulco de Juárez, luego de que el juzgador determinó mantener la prisión preventiva oficiosa en su contra.

Un filtro carretero terminó con la detención de la víctima

La causa penal se originó el 11 de septiembre, cuando los ahora procesados montaron un punto de revisión sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Ese día, alrededor de las 16:00 horas, José Ángel López Girón viajaba con familiares por la zona cuando los agentes lo bajaron del vehículo durante el filtro instalado en el bulevar de Coyuca de Benítez.

La familia de López Girón, oriunda de la comunidad serrana de La Laguna, en el municipio de Tecpan de Galeana, se encontraba de tránsito por la costa cuando ocurrió la intercepción. El grupo se dirigía hacia la zona costera del municipio en el momento en que los uniformados detuvieron el vehículo en el que viajaban junto con la víctima.

Según reportes de medios locales, los policías trasladaron al detenido hacia las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero en ningún momento lo entregaron al Ministerio Público, como marca el protocolo para cualquier persona asegurada por elementos de seguridad. Esa omisión resultó, de acuerdo con las investigaciones, el punto de partida de la desaparición.

A partir de ese momento, los familiares perdieron cualquier rastro del hombre y comenzaron una búsqueda que se prolongó durante tres días. Yannith Cristal, esposa de la víctima, acudió a la comandancia municipal para pedir información sobre el paradero de su esposo. Ahí, un agente le habría exigido retirarse, con amenazas de por medio, de acuerdo con el testimonio familiar que trascendió públicamente.

El hallazgo del cuerpo con signos de tortura desató la denuncia formal

La búsqueda concluyó el domingo 13 de septiembre, cuando el cuerpo de del hombre de 37 años apareció a un costado de la misma carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de la localidad de El Papayo, dentro del propio municipio de Coyuca de Benítez. El tramo donde fue hallado correspondía a la zona que la corporación municipal señalada tenía bajo su vigilancia.

De acuerdo con reportes de medios locales, el cadáver mostraba huellas de tortura y dos heridas de bala en la cabeza, presuntamente producidas por un arma de grueso calibre. Peritos de la FGE acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde la familia lo identificó y reclamó los restos. El proceso de identificación puso fin a tres días de incertidumbre para los parientes de López Girón, que hasta ese momento no habían recibido ninguna confirmación oficial sobre su paradero.

Con la confirmación del fallecimiento, los familiares del hombre asesinado presentaron una denuncia formal ante la FGE en la que señalaron directamente a los elementos que participaron en el retén del 11 de septiembre.

Los familiares sostuvieron que la cadena de mando dentro del ayuntamiento debía rendir cuentas por lo ocurrido en sus propias instalaciones, donde presuntamente permaneció recluido López Girón antes de su muerte. Esa denuncia marcó el inicio formal de la carpeta de investigación que derivaría en la detención de los siete uniformados.

Fueron detenidos en la sede de seguridad municipal de Coyuca de Benítez

La denuncia derivó en una carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada, que culminó el 17 de septiembre con la ejecución de una orden de aprehensión contra los siete policías. La captura se concretó mediante un cateo en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

Durante ese operativo, las autoridades aseguraron dos patrullas oficiales de la corporación, identificadas con los números económicos 05 y 08, que fueron trasladadas sobre plataformas de grúa hasta Acapulco para las diligencias periciales correspondientes. El aseguramiento de las unidades formó parte de las pruebas presentadas posteriormente ante el juez de control.

Los siete elementos quedaron a disposición de la autoridad judicial desde el momento de su detención, a la espera de que se definiera su situación jurídica en la audiencia inicial. La FGE informó en ese momento que perseguiría los delitos cometidos por cualquier persona, sin distinción de cargo o función pública.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los siete detenidos, misma que el Juez de Control otorgó tras valorar los datos de prueba expuestos durante la audiencia. El juzgador fijó además un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, que deberá concluir el 23 de enero de 2027.

Con la vinculación a proceso resuelta, los siete policías permanecerán recluidos en el penal de Acapulco durante los siguientes meses, mientras avanza la etapa de investigación complementaria que definirá si el caso llega a juicio.

La FGE señaló que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades adicionales.