Caen siete policías de Coyuca de Benítez por desaparición forzada: estarían ligados a la muerte de un detenido en retén

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero detuvo a siete policías municipales de Coyuca de Benítez, señalados como presuntos responsables de la desaparición forzada de José Ángel López Girón, un hombre de 37 años que fue interceptado en un retén carretero el pasado 11 de septiembre de 2026 y localizado sin vida tres días después con huellas de tortura y disparos en la cabeza.

La captura se concretó luego de que autoridades estatales ejecutaran un cateo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal. Durante el operativo, los elementos aseguraron dos patrullas oficiales que pertenecían a la corporación municipal señalada.

La familia fue detenida en un retén sobre el bulevar de Coyuca de Benítez

El viernes 11 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, José Ángel López Girón se desplazaba junto con familiares cuando policías municipales instalaron un retén sobre el bulevar de Coyuca de Benítez y lo bajaron del vehículo, según reportes de medios locales. La familia, originaria de la comunidad serrana de La Laguna, en el municipio de Tecpan de Galeana, se encontraba de paso por la zona costera cuando ocurrió la detención.

Según reportes, los agentes trasladaron a López Girón a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero jamás lo pusieron a disposición del Ministerio Público, de acuerdo con la denuncias públicas. Desde ese momento, la familia perdió todo contacto con él y comenzó una búsqueda que se extendería por tres días.

En el lapso de desaparición, Yannith Cristal, esposa de la víctima, se habría presentado en la comandancia para exigir explicaciones sobre la detención. Ahí, presuntamente un agente policía le dijo que se retirara con amenazas de represalias, según un relato familiar difundido..

La familia buscó respuestas primero en el Ministerio Público de Coyuca de Benítez y luego directamente en la FGE. En ambos sitios les negaron que López Girón estuviera detenido.

El cuerpo apareció con disparos en la cabeza cerca de El Papayo

La familia encontró el desenlace la tarde del domingo 13 de septiembre: el cuerpo de López Girón fue localizado a orillas de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en las inmediaciones de la localidad El Papayo, dentro de Coyuca de Benítez.

Medios locales detallaron que el cadáver mostraba huellas de tortura y dos disparos en la cabeza, aparentemente con un arma de grueso calibre. Personal de la FGE acudió a la escena para las diligencias periciales correspondientes, conforme al comunicado oficial de la dependencia, en un tramo carretero que la propia corporación municipal debía vigilar.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde la familia lo identificó y reclamó.

Los familiares pidieron investigar a las propias autoridades tras el crimen

Con la muerte confirmada, los familiares formalizaron una denuncia ante la FGE que dio pie a exigir la investigación de los policías municipales involucrados en la detención y desaparición. La denuncia señaló de manera directa a los elementos que participaron en el retén del 11 de septiembre.

También pidieron indagar la responsabilidad de los mandos de Seguridad Pública municipal, así como del alcalde Víctor Hugo Catalán Díaz, por la actuación de los elementos bajo su gestión. Los familiares sostuvieron que la cadena de mando municipal debía responder por lo ocurrido dentro de sus propias instalaciones.

Esa denuncia derivó en la carpeta de investigación por desaparición forzada y homicidio que culminó, este 17 de septiembre, en la orden de aprehensión ejecutada por la FGE contra los siete elementos. El operativo de detención se realizó en el mismo inmueble donde, según la familia, López Girón fue llevado tras ser detenido en el retén.

Los siete policías detenidos quedaron a disposición del Juez de Control que los requería, para definir su situación jurídica, informó la FGE. La dependencia reiteró su compromiso de perseguir los delitos cometidos por cualquier persona y de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, aunque bajo la legislación vigente los detenidos se presumen inocentes mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

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