La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió a representantes de organizaciones y colectivos que impulsan la discusión sobre la muerte digna en México y el derecho a la eutanasia, con el objetivo de exponer sus propuestas y preocupaciones.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, recibió a Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, y a integrantes de la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, Práctica: Laboratorio para la Democracia y organizaciones aliadas.
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Durante la reunión, Samara Martínez entregó las iniciativas legislativas presentadas en el ámbito federal y local, además de cerca de 190,000 firmas ciudadanas reunidas en plataformas digitales. Los apoyos respaldan la propuesta para regular la eutanasia y ampliar la discusión sobre la autonomía personal al final de la vida.
Las organizaciones solicitaron a la CNDH un posicionamiento institucional sobre la muerte digna y la realización de un foro que permita discutir las implicaciones legales, médicas y sociales de una eventual regulación.
Piedra Ibarra se comprometió a revisar los documentos entregados y las peticiones de los colectivos. La presidenta del organismo sostuvo que el debate requiere espacios de escucha, diálogo y participación para abordar los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación.
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La Ley Trasciende plantea regular la eutanasia para pacientes con padecimientos irreversibles
La Ley Trasciende propone modificar el marco legal mexicano para que las personas con enfermedades graves, crónicas, terminales o irreversibles puedan solicitar la eutanasia de manera voluntaria, bajo condiciones médicas y jurídicas definidas.
La iniciativa busca que la decisión sobre el final de la vida quede en manos de cada paciente cuando enfrente sufrimiento que no pueda aliviarse por medio de tratamientos o cuidados paliativos. El planteamiento incluye mecanismos para garantizar que la solicitud sea libre, informada y sin presiones externas.
Entre los puntos que han impulsado sus promoventes está la creación de protocolos médicos para atender las solicitudes de asistencia para morir. También buscan protección jurídica para el personal de salud que participe en esos procedimientos y salvaguardas que impidan actos de coacción contra pacientes vulnerables.
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El movimiento ha reunido a pacientes, familiares, cuidadores, especialistas y defensores de derechos humanos. Sus integrantes han llevado el tema a espacios públicos y legislativos con testimonios de personas que enfrentan diagnósticos sin posibilidad de cura.
Samara Martínez ha colocado en el centro de la discusión la experiencia de quienes viven con enfermedades degenerativas y requieren tratamientos permanentes. La activista sostiene que el derecho a una vida digna debe incluir la posibilidad de decidir sobre el propio final cuando la medicina ya no ofrece alternativas para evitar el sufrimiento.
La CNDH mantiene seguimiento sobre un debate que enfrenta límites legales
La CNDH señaló que continuará con el seguimiento de la discusión sobre la muerte digna y acompañará, dentro de sus atribuciones, a las personas y organizaciones que han planteado la necesidad de abrir un debate nacional.
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El organismo reconoció que la discusión involucra derechos que deben revisarse desde una perspectiva de derechos humanos. Entre ellos están la autonomía de las personas, el acceso a la salud, la igualdad ante la ley y la protección contra cualquier forma de discriminación.
La petición de los colectivos llega mientras la eutanasia permanece tipificada como delito en México. La ausencia de una regulación específica mantiene sin una respuesta legal a pacientes que buscan decidir sobre su muerte ante padecimientos incurables y dolor persistente.
Los impulsores de la Ley Trasciende sostienen que la propuesta no busca obligar a nadie a recurrir a la eutanasia. Su demanda consiste en reconocer una opción legal para quienes, tras recibir información médica suficiente y cumplir requisitos definidos, decidan solicitar asistencia para morir.
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A la reunión acudieron Aurelien Guilabert y Rubí Toledo, integrantes de la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, así como Emilio Sánchez Burgueño, representante de Change.org. Por parte de la CNDH participaron el secretario ejecutivo Francisco Estrada Correa y el director general de Supervisión de la Progresividad, Alexander Brewster.
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