La 4T no puede regular a la velocidad con la que se expande la IA

Mientras las principales economías aceleran sus estrategias para aprovechar la inteligencia artificial y contener sus riesgos, México enfrenta una paradoja que coloca al gobierno de la Cuarta Transformación ante uno de sus mayores desafíos tecnológicos.

La administración de Claudia Sheinbaum ha convertido la IA en una prioridad de su agenda de transformación digital. Ha anunciado infraestructura de supercómputo, programas de capacitación y proyectos orientados a desarrollar capacidades propias. Sin embargo, el país aún no cuenta con una ley general que establezca obligaciones, mecanismos de supervisión y criterios para gestionar los riesgos asociados con esta tecnología.

Esto no significa que el gobierno permanezca inmóvil, pero sí revela una brecha entre la ambición tecnológica de la 4T y la velocidad con la que construye las reglas para gobernar esa transformación.

El dato más significativo proviene de la propia Presidencia. El 17 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que México todavía no tenía una ley de inteligencia artificial y sostuvo que era necesario avanzar en su regulación. Dos días después volvió a referirse al problema y advirtió sobre la posibilidad de utilizar estas herramientas para generar contenidos falsos o reproducir la voz y la imagen de figuras políticas.

Las declaraciones muestran que el gobierno federal conoce el problema y reconoce la necesidad de establecer reglas. También permiten observar que, casi dos años después del inicio de la actual administración, el marco jurídico general continúa en construcción.

En abril de 2026, la comisión del Senado encargada de analizar el tema informó que, después de casi 16 meses de trabajo, seis conversatorios con 72 especialistas y la elaboración de tres documentos técnicos, estaba en condiciones de presentar una iniciativa de ley. El proceso legislativo no se encontraba detenido, pero tampoco había desembocado en una legislación federal vigente.

El contraste con la Unión Europea resulta inevitable. El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en junio de 2024 el Reglamento de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act. La norma introdujo un sistema de clasificación basado en niveles de riesgo y estableció obligaciones diferenciadas para distintas categorías de sistemas.

Desde el 2 de agosto de 2025 comenzaron a aplicarse disposiciones para los proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general. Los modelos considerados de riesgo sistémico quedaron sujetos a requisitos adicionales de evaluación y mitigación de riesgos, notificación de incidentes y ciberseguridad.

La legislación europea estableció incluso un umbral técnico de referencia de 10²⁵ FLOP de cómputo de entrenamiento para presumir que un modelo de propósito general presenta riesgo sistémico, aunque el criterio puede ser revisado por la Comisión Europea.

La diferencia con México es concreta: mientras la Unión Europea ya dispone de una regulación aprobada, categorías jurídicas definidas y fechas de aplicación, nuestro país todavía discute el alcance de su legislación general.

La comparación no implica que México deba copiar el modelo europeo. Las estructuras constitucionales, económicas y administrativas son distintas, y la propia regulación europea enfrenta dificultades para su implementación. Sin embargo, el contraste sí permite cuestionar la velocidad de respuesta de la 4T.

El gobierno mexicano ha identificado a la inteligencia artificial como un asunto estratégico, pero todavía no traduce esa prioridad en un régimen jurídico integral. En lugar de un marco transversal, la estrategia ha avanzado mediante iniciativas sectoriales, programas administrativos y proyectos de infraestructura, mientras el Congreso continúa trabajando en una legislación general.

En materia laboral, por ejemplo, México ya incorporó disposiciones relacionadas con las nuevas tecnologías. La reforma publicada el 24 de diciembre de 2024 añadió a la Ley Federal del Trabajo un capítulo específico sobre el trabajo en plataformas digitales, mediante los artículos 291-A a 291-U. No obstante, la modificación regula principalmente la relación laboral en dichas plataformas y no constituye una ley general de inteligencia artificial.

Más adelante, el decreto publicado el 14 de mayo de 2026 adicionó el artículo 305 Bis a la misma legislación. La disposición establece que los contratos de las personas trabajadoras, artistas intérpretes o ejecutantes deberán especificar las condiciones y remuneraciones aplicables cuando su imagen o voz sea utilizada mediante sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías.

Se trata de avances importantes en ámbitos concretos, aunque también muestran el carácter fragmentado de buena parte de la respuesta mexicana.

La misma lógica aparece en la estrategia tecnológica del gobierno federal. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha incluido entre sus objetivos hacia 2030 el desarrollo de la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y la soberanía tecnológica.

Entre los proyectos anunciados se encuentran la Fábrica de Inteligencia Artificial y la construcción de infraestructura nacional de supercómputo. El gobierno federal informó que destinará 6 mil millones de pesos a la supercomputadora Coatlicue y planteó un periodo de construcción de 24 meses, a partir de enero de 2026.

La ATDT también ha impulsado programas de formación y fijado metas de capacitación en inteligencia artificial, ciberseguridad, servicios en la nube, programación y análisis de datos.

La inversión en infraestructura y talento es necesaria. Sin embargo, aquí aparece una de las principales debilidades de la estrategia de la 4T: la capacidad de cómputo no equivale, por sí misma, a capacidad de gobernanza.

Construir una supercomputadora puede ampliar las capacidades científicas y tecnológicas del Estado, pero no determina qué sistemas de inteligencia artificial podrán utilizarse, qué evaluaciones de seguridad deberán superar, quién tendrá facultades para auditarlos, qué información deberá hacerse pública ni quién responderá cuando una herramienta automatizada provoque daños.

Esas cuestiones requieren legislación, regulación técnica, instituciones especializadas y mecanismos efectivos de supervisión.

La propia administración federal parece reconocer la necesidad de complementar el desarrollo tecnológico con principios de gobernanza. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la ATDT presentaron una declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de inteligencia artificial en México, basada en principios como el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad humana, la transparencia, la participación ciudadana y la soberanía tecnológica.

El problema es que una declaración de principios no posee el mismo alcance que una ley capaz de imponer obligaciones, sanciones, procedimientos de supervisión y mecanismos de cumplimiento. Para la 4T, esa diferencia debería ocupar un lugar central en la siguiente etapa de su estrategia.

El rezago regulatorio adquiere mayor importancia porque los riesgos asociados con la inteligencia artificial dejaron de ser meramente hipotéticos. Las empresas que desarrollan los modelos más avanzados han incrementado sus evaluaciones de seguridad y los ejercicios de red teaming para identificar vulnerabilidades y comportamientos potencialmente peligrosos.

Las preocupaciones abarcan desde el fraude y los ataques informáticos hasta la generación de contenidos sintéticos y el posible uso indebido de modelos en actividades de alto riesgo. Las estimaciones más extremas sobre una eventual pérdida de control de sistemas superinteligentes continúan sujetas a debate y presentan amplios márgenes de incertidumbre, por lo que no deberían tratarse como hechos consumados.

Para México existen amenazas más inmediatas y verificables: la utilización de IA para producir desinformación, suplantar identidades, ejecutar campañas de ingeniería social y crear contenidos audiovisuales falsificados.

La propia presidenta Sheinbaum ha advertido sobre el riesgo de fabricar información falsa y reproducir las voces o imágenes de políticos. Se trata de una amenaza especialmente relevante en un país con procesos electorales de enorme escala y una ciudadanía cada vez más expuesta a contenidos digitales.

La respuesta institucional no debería limitarse a reaccionar una vez que el material falso comenzó a circular. México necesita determinar con anticipación qué autoridades intervendrán, qué mecanismos técnicos emplearán para verificar los contenidos, cómo se preservará la evidencia digital y de qué manera se comunicará información confiable a la ciudadanía cuando una operación de manipulación alcance dimensiones significativas.

La ciberseguridad es otro elemento que vuelve urgente la discusión. El Programa Institucional de INFOTEC 2026-2030, publicado en abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, identifica el aumento y la sofisticación de las amenazas cibernéticas, así como los riesgos para las instituciones públicas y la infraestructura crítica.

Esta realidad proporciona una base mucho más concreta para discutir los peligros de la IA que las predicciones sobre escenarios apocalípticos. Si México ya enfrenta ataques cibernéticos convencionales, el Estado debe prepararse para un entorno en el que estas herramientas puedan aumentar la velocidad, escala y sofisticación de determinadas operaciones ofensivas y defensivas.

La brecha digital también condiciona cualquier estrategia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024, publicada por el INEGI en mayo de 2025, el 83.1 por ciento de la población mexicana de seis años o más utilizó internet durante 2024, mientras que el 16.9 por ciento permaneció fuera de ese universo.

El avance en conectividad es considerable, pero las cifras también demuestran que millones de personas siguen al margen de los servicios digitales. La adopción de inteligencia artificial en el Estado deberá considerar no sólo la disponibilidad tecnológica, sino también las diferencias de acceso, las habilidades digitales y la capacidad de los ciudadanos para comprender y cuestionar decisiones automatizadas.

La 4T enfrenta, por tanto, una contradicción política que debe examinarse sin exageraciones. Por un lado, el gobierno colocó la soberanía tecnológica entre sus prioridades y anunció proyectos de infraestructura, formación y desarrollo de inteligencia artificial. Por otro, la legislación general que debería establecer las condiciones de seguridad, responsabilidad y supervisión todavía no está vigente.

La crítica no consiste en afirmar que la administración no ha hecho nada. Los documentos oficiales demuestran que existen programas y proyectos concretos. El señalamiento es otro: el componente regulatorio avanza detrás del desarrollo tecnológico y el gobierno aún debe demostrar cómo integrará ambos.

La diferencia es fundamental porque la soberanía tecnológica no puede reducirse a contar con infraestructura nacional o desarrollar software público. También implica disponer de especialistas capaces de evaluar modelos, instituciones con facultades para supervisarlos, reglas para proteger los datos, protocolos de respuesta ante incidentes y mecanismos jurídicos para exigir responsabilidades.

Sin esos componentes, la capacidad tecnológica puede crecer con mayor rapidez que la capacidad del Estado para administrar sus consecuencias.

Este es el punto en el que la 4T debe someterse a escrutinio. Si el gobierno afirma que México quiere convertirse en una potencia científica y tecnológica, tendrá que explicar qué indicadores permitirán evaluar esa transformación.

Si habla de soberanía tecnológica, deberá precisar qué capacidades críticas pretende desarrollar dentro del país y qué dependencias externas mantendrá. Si anuncia inteligencia artificial para los servicios públicos, tendrá que explicar cómo serán auditados los sistemas, qué datos utilizarán y qué mecanismos tendrá un ciudadano para impugnar una decisión automatizada.

Y si reconoce que México necesita una ley de inteligencia artificial, deberá informar cuándo pretende convertir esa intención en una legislación vigente.

El desafío es todavía mayor porque esta tecnología avanza simultáneamente en dos direcciones. Por una parte, puede acelerar la investigación científica, el desarrollo de medicamentos, el análisis de grandes volúmenes de información y la automatización de tareas complejas. Por otra, ofrece nuevas herramientas para el fraude, la desinformación, los ataques informáticos y la manipulación.

Una política responsable no puede responder a esa dualidad con una prohibición general, pero tampoco debe asumir que la innovación resolverá por sí sola los riesgos que genera.

México necesita pasar de una política concentrada en anuncios y proyectos a otra que pueda medirse mediante leyes, obligaciones, presupuestos, auditorías, indicadores y resultados. La administración de Claudia Sheinbaum cuenta con elementos sobre los cuales construir: una nueva agencia tecnológica, programas de formación, proyectos de supercómputo, iniciativas legislativas y una agenda ética para la IA. Falta integrar esos componentes en una arquitectura nacional coherente.

La comparación con Europa vuelve inevitable el cuestionamiento. La Unión Europea aprobó su regulación en 2024 y comenzó a aplicar las primeras obligaciones para modelos de propósito general en 2025. México, en 2026, todavía se encontraba en el proceso legislativo para construir su marco general.

La diferencia no demuestra por sí misma que un modelo sea mejor que otro, pero sí permite establecer un hecho político: México ha avanzado a una velocidad menor que Europa en la construcción de un régimen integral para la inteligencia artificial.

Para un gobierno que convirtió la soberanía tecnológica en parte de su discurso estratégico, no debería tratarse de una diferencia menor.

La 4T tiene la oportunidad de transformar sus proyectos tecnológicos en una política de Estado, pero para lograrlo tendrá que hacer algo más que anunciar infraestructura y capacitación. Deberá construir reglas capaces de acompañar esos proyectos, instituciones facultadas para hacerlas cumplir y mecanismos que protejan a los ciudadanos cuando la tecnología falle o sea utilizada de manera maliciosa.

La inteligencia artificial ya transforma la economía, la ciencia, la administración pública y la comunicación. México no necesita esperar una catástrofe para reaccionar, pero tampoco puede justificar una política de prevención apoyada únicamente en declaraciones generales.

La prueba para la Cuarta Transformación será mucho más concreta: convertir su discurso de soberanía tecnológica en capacidad efectiva de regulación, supervisión y protección.

Porque, en este terreno, el tiempo no se mide únicamente en años de gobierno. Se mide en generaciones de modelos, ciclos de innovación y nuevas capacidades tecnológicas. Mientras Europa ya aplica reglas para determinados sistemas avanzados, México continúa construyendo las suyas.

Esa diferencia coloca a la administración de Claudia Sheinbaum frente a una responsabilidad que ya no puede resolverse sólo con anuncios: demostrar que la transformación digital del Estado mexicano estará acompañada por una transformación igualmente profunda de su capacidad para regularla y proteger a quienes estarán sujetos a ella.

----* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CompTIA Security+ ce Certification | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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