México acumuló casi 3 mil fosas clandestinas en 18 años: mil 764 fueron halladas con AMLO

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador concentró la mayor cantidad de fosas clandestinas localizadas en México desde 2006, con mil 764 hallazgos, una cifra que supera ampliamente los registros de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el informe Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza: análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024), elaborado por la Universidad Iberoamericana, durante la administración de Calderón fueron localizadas 368 fosas, mientras que en el gobierno de Peña Nieto se contabilizaron 712.

El estudio, basado en datos oficiales y reportes de medios de comunicación, documentó que entre enero de 2006 y septiembre de 2024 fueron localizadas alrededor de 2 mil 844 fosas clandestinas, de las cuales se recuperaron 8 mil 341 cuerpos y más de 52 mil restos humanos.

Guerrero, Veracruz y Sonora concentran los hallazgos

El análisis de los reportes periodísticos permitió identificar a Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco como las entidades con mayor número de fosas clandestinas registradas durante el periodo.

Guerrero encabeza la lista con 416 fosas, seguido de Veracruz, con 400; Sonora, con 381; Guanajuato, con 294, y Jalisco, con 263.

Sin embargo, el número de fosas no necesariamente corresponde con la cantidad de cuerpos recuperados. En Jalisco, por ejemplo, de las 263 fosas documentadas fueron exhumados mil 157 cuerpos.

Le siguen Guerrero, con 852 cuerpos; Sonora, con 655; Guanajuato, con 570; Michoacán, con 564; Veracruz, con 514; Chihuahua, con 462; Colima, con 450, y Durango, con 404.

Para las organizaciones de búsqueda, estas cifras reflejan la dimensión de la violencia ejercida por grupos criminales y la crisis que enfrentan las familias de personas desaparecidas.

Impunidad y presunta colusión con autoridades

Uno de los principales hallazgos del informe es la constante referencia a una posible colusión entre grupos de la delincuencia organizada y agentes del Estado, tanto municipales como estatales e incluso federales.

Andrea Horcasitas, investigadora de Derechos Humanos de la Ibero y autora del estudio, señaló que la impunidad representa uno de los principales obstáculos para esclarecer las desapariciones.

De acuerdo con la académica, 99 por ciento de los casos de desaparición no se resuelven, mientras que sólo una mínima parte de las carpetas de investigación recibe atención efectiva.

La situación, advirtió, también envía un mensaje de permisividad a los grupos criminales, particularmente porque prácticamente todas las entidades del país han registrado al menos una fosa clandestina.

Un fenómeno que particularmente indigna a los colectivos son las llamadas “fosas de uso reiterado”, espacios donde, pese a haber sido intervenidos o asegurados, posteriormente vuelven a encontrarse cuerpos o restos humanos.

Olimpia Montoya Juárez, integrante de Proyecto de Búsqueda Guanajuato, cuestionó la actuación de las autoridades y señaló que la permanencia de estos sitios demuestra la incapacidad institucional para frenar las desapariciones.

Ante esta crisis, las familias tuvieron que organizarse para realizar sus propias labores de búsqueda. Actualmente existen más de 100 colectivos de madres buscadoras reconocidos en el país.

Montoya también cuestionó que el tema de las personas desaparecidas sea utilizado políticamente durante las campañas electorales y posteriormente quede relegado.

Por su parte, Horcasitas llamó a partidos y aspirantes a cargos públicos, particularmente de cara a las elecciones de 2027, a evitar la instrumentalización del dolor de las familias buscadoras.

La investigadora pidió que el problema sea abordado con estadísticas, verdad y respeto hacia quienes continúan buscando a sus seres queridos.