La Suprema Corte abre la vía para que el gobierno vaya contra exfuncionarios ligados a García Luna

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió este 20 de agosto la vía para que la SSPC siga litigando por el presunto daño al patrimonio federal en contratos penitenciarios ligados a la gestión de Genaro García Luna, al reconocer por primera vez que una secretaría de Estado puede promover un amparo directo para defender recursos públicos de su propio presupuesto.

Según La Jornada, este fallo de la SCJN se tomó por siete votos contra dos y revocó el criterio de un tribunal colegiado que había cerrado esa ruta legal. El asunto regresó ahora a ese órgano para que resuelva el fondo del amparo con el reconocimiento formal de la legitimación de la dependencia.

El caso proviene de una denuncia presentada en 2020 contra 16 exservidores públicos por su presunta participación en irregularidades en contratos y convenios para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios. Esos actos habrían causado un daño superior a 5 mil millones de pesos.

La resolución del Pleno se apoyó en el artículo 7 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el comunicado de la SCJN, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sí puede acudir a ese juicio en representación de la Federación cuando el acto reclamado pueda afectar el patrimonio federal.

La Corte devolvió el expediente al tribunal para que resuelva el fondo

El proyecto aprobado fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. En la sesión sostuvo que: “En el caso, los recursos comprometidos en las contrataciones investigadas son recursos federales cuya gestión correspondía a la Secretaría en representación de la Federación, de modo que la conducta imputada sí produjo una afectación patrimonial directa que satisface los requisitos del artículo séptimo de la Ley de Amparo”.

La SCJN concluyó que el tribunal colegiado no estudió de forma completa el acto reclamado. Según el Máximo Tribunal, dejó de considerar que el delito investigado consistía en la contratación irregular de servicios con recursos públicos federales, un punto que guarda relación directa con el patrimonio administrado por la SSPC.

Con esa base, el Pleno revocó la sentencia impugnada y ordenó devolver el expediente al tribunal colegiado. Ese órgano deberá dictar una nueva resolución sobre el amparo directo, ya con el reconocimiento de que la Secretaría sí tiene interés jurídico para promoverlo.

El caso penal surgió por contratos celebrados entre 2010 y 2011

Durante la audiencia de imputación, la FGR sostuvo que funcionarios encabezados por Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, habrían acordado entre 2010 y 2011 diseñar un aparente proceso de adjudicación directa para contratar servicios penitenciarios, citó La Jornada.

La acusación penal se centró en 16 exservidores públicos de menor jerarquía. De acuerdo con la publicación, se les señaló por la firma de 76 convenios modificatorios que habrían permitido mantener vigentes las contrataciones originales a lo largo de los años, pese a las irregularidades detectadas.

Por esos hechos fueron imputados por uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. Más tarde, un juez de control rechazó vincularlos a proceso y sobreseyó parcialmente la causa al considerar que los hechos estaban prescritos.

El Ministerio Público Federal impugnó esa resolución, pero un Tribunal de Alzada la confirmó. Después, la SSPC promovió un amparo directo, aunque el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito también sobreseyó el juicio al sostener que la dependencia carecía de legitimación.

Ese tribunal argumentó que el uso indebido de atribuciones y facultades es un delito de naturaleza formal que no requiere un resultado material. A partir de ese criterio concluyó que no existía una afectación patrimonial directa a la Secretaría que le permitiera acudir al amparo.

La SCJN rechazó esa interpretación. En su comunicado sobre el Amparo Directo en Revisión7912/2023, resuelto hoy 20 de agosto, precisó que la eventual extinción de la acción penal sí debe analizarse a la luz de la posible afectación al patrimonio federal cuando los hechos investigados derivan de contrataciones irregulares con recursos públicos.