
Entre los factores que impulsan la pérdida de selvas tropicales en México, la demanda de productos de origen animal y cultivos como la palma de aceite ocupa un lugar central. Un reporte de la Universidad Iberoamericana, consultado por Prensa IBERO, señala que el consumo cotidiano de alimentos contribuye a la desaparición de áreas boscosas, con efectos globales en el clima y la biodiversidad. La responsabilidad se extiende más allá de quienes talan árboles: involucra a empresas, intermediarios, gobiernos y consumidores urbanos.
La investigación, liderada por José Alberto Gallardo del Centrus, documenta que la extracción de recursos en zonas selváticas responde a una combinación de presiones económicas y carencia de alternativas para muchas comunidades rurales. El texto indica que desmontar terrenos puede ser la única vía rápida para obtener ingresos y alimentar a una familia, en regiones donde los servicios básicos y las oportunidades laborales son limitados.
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El monitoreo realizado por la IBERO revela que la reducción de selvas implica, además, la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que agrava el calentamiento global.
De acuerdo con los datos generados por el proyecto, la biomasa forestal funciona como sumidero de carbono. La eliminación de vegetación altera la temperatura, reduce la retención del suelo y afecta los ciclos de precipitación.
La investigación advierte: “Sin árboles que amortigüen la caída del agua y mantengan el suelo en su lugar, las lluvias pueden arrastrar la capa fértil. Mientras la vegetación podría recuperarse en varias décadas, la formación de nuevos suelos puede tardar miles de años”. Esta pérdida limita la regeneración de ambientes naturales y la producción de alimentos.
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El consumo urbano y la cadena de responsabilidad
El análisis de la Universidad Iberoamericana destaca que la deforestación no comienza ni termina con el acto de talar un árbol. El fenómeno está vinculado a las cadenas de suministro que abastecen a las ciudades con carne, aceites y otros productos agrícolas. El Dr. Gallardo puntualiza: “Las causas próximas son las que directamente deterioran: el hacha y la persona que la utiliza. Pero eso no es necesariamente lo que genera la deforestación; también está la demanda de carne en los restaurantes”.

El documento enfatiza que atribuir la responsabilidad únicamente a los campesinos es un error. Criminalizar a quienes viven en zonas tropicales ignora las condiciones de desigualdad y la falta de opciones económicas.
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La presión sobre las selvas persistirá mientras exista un mercado rentable para productos que dependen del cambio de uso de suelo. Por ello, la responsabilidad se extiende a quienes comercializan, financian y adquieren estos bienes. La salud, la arquitectura, las finanzas y la comunicación, junto con las políticas públicas, dependen de la conservación de los entornos naturales.
Alternativas y monitoreo para la conservación
Desde hace más de 15 años, la IBERO encabeza un proyecto de monitoreo que utiliza imágenes satelitales y mediciones de campo para estimar la biomasa y registrar los cambios en la cobertura vegetal. La información generada, publicada en un portal abierto, permite que comunidades, especialistas y responsables de políticas públicas consulten estimaciones del carbono almacenado en cada territorio. Esto facilita la integración de los propietarios de terrenos selváticos en esquemas de créditos de carbono, donde quienes emiten gases de efecto invernadero pueden financiar la conservación de áreas forestales.
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El acceso a estos programas suele requerir estudios técnicos costosos, lo que coloca en desventaja a las comunidades frente a intermediarios con más recursos. Por ello, el reporte subraya la necesidad de democratizar la información y fortalecer la capacidad de decisión de quienes habitan y cuidan los territorios.
El texto concluye que proteger las selvas implica cuestionar qué se produce en esos terrenos, quién obtiene los beneficios y cómo las decisiones de consumo pueden ser parte del problema o de la solución.
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