Un mes de la desaparición de José Luis Silva Andrade, defensor ambiental en Michoacán: continúa la demanda para hallarlo con vida

A un mes de la desaparición de José Luis Silva Andrade, la exigencia de que sea localizado con vida persiste en Michoacán y en el resto del país. El defensor ambiental de la comunidad de Agua Fría, en Los Azufres, fue visto por última vez el 15 de julio de 2026, cuando salió de su vivienda tras escuchar motosierras cerca de la Reserva de la Biósfera.

A través de un comunicado, la Universidad Iberoamericana, desde su Programa de Derechos Humanos y el Observatorio de Conflictos Socioambientales, expresó una profunda preocupación, exigiendo la localización inmediata con vida de José Luis Silva Andrade. Hasta ahora, las autoridades no han informado avances en la investigación ni han emitido un posicionamiento sustantivo, agrega el documento.

En Michoacán, al menos 195 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas entre 2016 y 2026. “México, y de manera particular Michoacán, se mantienen entre los contextos más letales del mundo para la defensa del territorio”, señala el comunicado de la IBERO. Desde 2022, por lo menos 12 defensores han sido asesinados o desaparecidos en la región, lo que ha generado una demanda constante de acciones efectivas para frenar la violencia y garantizar la seguridad de las comunidades.

La familia Silva Andrade enfrenta amenazas y desplazamiento

La familia Silva Andrade ha dedicado décadas a la protección de los bosques de Los Azufres. Las amenazas recientes se intensificaron en febrero de 2026, cuando hombres armados irrumpieron en el domicilio de Rolando Silva Andrade, hermano de José Luis, exigiendo que “repartiera el bosque”. Posteriormente, advirtieron que José Luis debía ceder tierras familiares bajo la amenaza de ser agredido y desaparecido si se negaba.

El día de la desaparición, José Luis Silva Andrade salió con la intención de verificar un posible acto de tala ilegal. Avisó a sus hermanas que regresaría a casa para comer, pero no volvió. Al día siguiente, un hombre vinculado a un grupo criminal acudió al domicilio para informar que el defensor estaba retenido y que la familia debía “negociar con el jefe”, según lo narrado por sus familiares.

Patrón de violencia contra defensores ambientales

El caso de José Luis Silva Andrade se suma a una larga lista de agresiones en Michoacán. Entre las víctimas recientes se encuentran Lázaro Mendoza Ramírez y Roberto Chávez Bedoya, asesinados en abril de 2026; el profesor José Gabriel Pelayo Salgado, desaparecido desde 2024; el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia, desaparecidos desde 2023; así como Eustacio Alcalá Díaz, asesinado en ese mismo año. La lista incluye a integrantes y guardias comunitarios de Santa María Ostula, como Antonio Regis Nicolás, asesinado en 2024, y otros defensores atacados en los últimos años, menciona el comunicado.

El asesinato más reciente ocurrió el 25 de julio de 2026, con la muerte de Narciso Velázquez, defensor de los manantiales de San Miguel del Monte. “La desaparición de José Luis Silva Andrade no es un hecho aislado, sino consecuencia de un patrón sostenido de violencia, omisión e impunidad frente a quienes defienden los bosques y el territorio en México”, subraya la Universidad Iberoamericana.

Exigen búsqueda, protección y sanciones

Las organizaciones acompañantes y la familia Silva Andrade han exigido a las autoridades la activación inmediata de la búsqueda con vida del defensor, con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión estatal. “Hacemos un enérgico llamado a autoridades estatales y federales de activar de manera inmediata la búsqueda con vida de José Luis Silva Andrade”, señala la IBERO. También demandan una investigación pronta y exhaustiva, con la labor ambientalista y las amenazas previas como línea prioritaria.

Solicitan medidas de protección urgentes e integrales tanto para la familia como para la comunidad de Agua Fría. Insisten en que se sancione a los responsables materiales e intelectuales de las amenazas y agresiones, incluidas las omisiones o complicidades de funcionarios públicos. Exigen, además, que se reconozca el patrón sistemático de violencia contra las personas defensoras ambientales en Michoacán y que se adopten medidas para frenar el avance de los grupos criminales dedicados a la tala ilegal y el despojo territorial.